El sumario incluye grabaciones que Garzón ordenó eliminar

El juez Baltasar Garzón, previa petición del fiscal, ordenó eliminar del sumario del caso Gürtel las conversaciones intervenidas en prisión a los cabecillas de la trama con sus abogados relativas a su estrategia de defensa, pero algunas de ellas no fueron suprimidas -al parecer, por error- y permanecen en la parte del sumario sobre la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado el secreto. El abogado de Francisco Correa ha anunciado que pedirá la nulidad del procedimiento al entender que se ha vulnerado el derecho de defensa.

Garzón ordenó el 19 de febrero la intervención de las comunicaciones de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez "con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros". La grabación debía hacerse "previniendo el derecho de defensa", según estableció el propio juez. El auto justificaba la decisión porque en la ejecución de los delitos podían "haber intervenido letrados" que pudieran actuar como enlace con "otros miembros de la organización". Un mes después, el 20 de marzo, prorrogó las escuchas por 30 días más.

El juez mandó excluir seis diálogos porque afectaban al "derecho de defensa"

Ese mismo día, el fiscal solicitó que se eliminaran de las transcripciones de esas grabaciones seis fragmentos de conversaciones registradas "que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa". Garzón acepta la petición y, mediante un auto del 27 de marzo, ordena excluir "las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados (...) y sus letrados y que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa". Ese auto se refiere expresamente a la petición del fiscal y recuerda que en ese escrito se indicaban cuáles eran las mismas.

Sin embargo, a pesar del mandato del juez, algunas de esas conversaciones aparecen en las transcripciones de la policía. Una mantenida entre José Antonio López Rubal (abogado), Crespo y Correa aparece íntegra, a pesar de que el fiscal pidió (y el juez ordenó) que se eliminara salvo en lo relativo "a la sociedad de los locales de Boadilla" y "lo referido a un cambio y a la posible alarma que causaría". Se transcribe entera aunque en los bordes de algunos de sus folios aparece escrita a mano la palabra "quitar".

También permanece parte de otra conversación del letrado de Correa, José Antonio Choclán, mantenida el 2 de marzo con su cliente y otra íntegra del 6 de marzo que el juez también pidió borrar. Basándose en ellas, Choclán baraja querellarse contra Garzón por un supuesto delito contra las garantías constitucionales y piensa solicitar al TSJM la nulidad del caso. Lo apoya el Consejo General de la Abogacía, que calificó el hecho de "violación del derecho de defensa" y aseguró que esas grabaciones sólo se autorizan en casos de terrorismo.

Fuentes de la Audiencia afirman que la intervención se realizó con "absoluto respeto a los derechos fundamentales" y que es una práctica normal en casos de delincuencia organizada como por ejemplo los de narcotráfico.