"No recuerdo, ni tengo agenda", alegan los sospechosos del espionaje en Madrid

Todos los agentes de la consejería de Interior del Gobierno de Esperanza Aguirre sospechosos de espiar a altos cargos del PP carecen de memoria y de agenda. Todos ellos calcaron su declaración cuando fueron interrogados por la policía el pasado marzo a instancias del fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, Manuel Moix, por el presunto espionaje al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al ex consejero de Justicia de Madrid Alfredo Prada entre marzo y mayo de 2008. La desmemoria sobre los seguimientos a ambos políticos populares contrarios a Aguirre afectó al ex director general de Seguridad, Manuel Sergio Gamón, y a sus subordinados José Manuel Pinto Serrano, José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado.

-"¿Dónde se encontraba usted el 2 de abril de 2008 sobre las ocho horas de la mañana y el 8 de abril de 2008 sobre las 14 horas?" El 2 de abril, los espías anotaron en su parte el seguimiento de Manuel Cobo desde su domicilio en un municipio de la periferia de la capital a su despacho. Y el 8 de abril, Cobo y Prada fueron vigilados por los espías cuando pisaron la sede del PP para una reunión del partido.

La respuesta que registra la policía es idéntica en la media docena de agentes interrogados: "Dice que no lo recuerda, asimismo indica que no lleva ningún tipo de agenda personal".

-"¿Dónde se encontraba el 22 de abril de 2008 sobre las 17 horas y el 23 de abril de 2008 sobre las 18 horas?". El 22 de abril los espías anotaron, entre otras cosas, que a las 17.30 llegaba al despacho de Prada el conductor de Gamón. Y el 23 de abril los agentes dieron parte de que estuvieron buscando sin éxito a Prada en su lugar de trabajo.

Respuesta a coro de los agentes en su declaración ante la policía: "Dice que no lo recuerda". Ninguno fue capaz de revelar qué tareas retribuidas con dinero público desempeñó en los días sospechosos. Aparentemente, ninguno de ellos tiene ninguna base oficial para consultar y demostrar cómo se ganó su sueldo en los días citados en los interrogatorios de la policía. Todos los investigados, ex guardias civiles o ex policías, admiten que en la etapa del espionaje estaban coordinados por Gamón. Su labor es un misterio.

En el acta de las declaraciones hay una pregunta a la que todos los interrogados hicieron frente sin escudarse en el olvido.

-"¿Viajó el 13 de abril de 2008 a Chinchón?". "No", replicaron todos sin titubear. Hay una clave que explica por qué aquí no acuden a la desmemoria: todos ellos saben que el 13 de abril ninguno estuvo espiando a Prada en Chinchón. Porque ese día Prada no estuvo en Chinchón. El consejero de Interior, Francisco Granados, también lo sabe. Días después del interrogatorio, el consejero envió al fiscal documentos que probaban que Prada se encontraba en esa fecha en León. Las mismas pruebas que luego filtraría el Gobierno regional a algunos medios de comunicación para intentar desacreditar los partes. Pero la coartada no sirve. Porque el parte de los espías, que consta en el sumario del caso aportado por este periódico, decía la verdad: Prada estuvo en Chinchón el 13 de mayo de 2008, pero EL PAÍS publicó por error que ese seguimiento fue el 13 de abril.

La respuesta evasiva de los agentes implicados no paró la investigación de Moix ni la de la juez que luego ha asumido el caso. La policía, a instancias de Moix, recabó los teléfonos móviles de los sospechosos, sus dietas de desplazamiento, los vehículos que usaron y todos sus gastos de repostaje. La documentación sigue en estudio por la policía, a la espera de hallar coincidencia de sus movimientos con los lugares del espionaje. La lista de investigados por el espionaje, amén de los interrogados, se ha engrosado con más nombres de agentes de Granados: Belén Espartero, José Palomo, Roberto Casielles y José Manuel Rodríguez. Se analizan sus teléfonos, todos sus ingresos, y se da por hecho que la juez concederá la pericial caligráfica que la policía considera indispensable para determinar si su grafía coincide con las de los partes. Y todo para investigar si agentes autonómicos utilizaron (malversaron) fondos públicos para espiar.