La plantilla desautoriza a CIG y aprueba el ERE de Caramelo
Los trabajadores pueden forzar nuevas elecciones sindicales
Hizo falta un notario, hasta cuatro horas de votación secreta y la participación de 235 miembros de la plantilla, de los 442 empleados en fábrica, para que una nueva asamblea decidiera ayer aceptar las últimas condiciones del ERE y el plan de viabilidad propuesto por la dirección de Caramelo, que implicará el despido colectivo de otros 237 trabajadores. Con presencia de CC OO, minoritaria en el comité, y la ausencia de la CIG, que suma 12 de sus 17 miembros, los representantes sindicales, que durante tres meses se han opuesto frontalmente a la iniciativa de la empresa y a las sucesivas propuestas de indemnizaciones, quedaron ayer desautorizados por sus propios compañeros.
El capítulo escrito con la votación abre ahora un proceso que puede derivar en la revocación del comité y la convocatoria de nuevas elecciones sindicales en el órgano de representación presidido por Isabel Muiño, de CIG. En todo caso, el comité actual tiene que refrendar la votación de ayer para que sea vinculante.
La última oferta de la dirección de Caramelo, que contaba con la mediación de la Xunta, fue aprobada por 222 votos, con ocho en contra y cinco abstenciones. La participación, según los convocantes, fue de un 53% frente a la anterior asamblea, cuando se había situado en un 48%. De este modo, los empleados aceptaron la opción planteada por los ejecutivos de Inveravante, el holding del empresario Manuel Jove, que sitúa el tope de 60.000 euros de indemnización por empleado y 39 días de salario por año trabajado, con un límite de 34 mensualidades.
El colectivo en desacuerdo con la política de CIG y más receptivo hacia las propuestas de la empresa señaló ayer en una nota que "del total de trabajadores convocados, casi un 28% se encontraba en período vacacional". Por motivos bien distintos, tanto desde CIG como desde la propia empresa eludieron valorar el resultado de la asamblea. La plataforma de trabajadores que ha organizado el referéndum anunció entregará los resultados al comité, al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), a la Inspección de Trabajo, a CIG, CC OO y a la propia empresa.
La oferta aceptada ayer había sido votada el pasado 23 de julio en una asamblea en la que resultó rechazada. En ese momento, cerca de 200 empleados de Caramelo reaccionaron, se agruparon y comenzaron a movilizarse para conseguir que se repitiese "en un clima sin amenazas, libre y con garantías en la que todos los trabajadores de la empresa se pudiesen expresar libremente".
Europa, una vez más, refugio de las aves
Ante el cariz que están tomando los acontecimientos, los ojos del movimiento ecologista vuelven a dirigirse hacia Europa en busca de un salvavidas para las aves amenazadas por el parany.
"La verdad es que ya no sé qué queda por hacer", señalaba ayer este diario Mario Giménez, responsable en Valencia de la organización conservacionista SEO/Birdlife, ante el nuevo intento de legalizar esta caza. Giménez recordó cómo las asociaciones de defensa de la naturaleza lucharon (y ganaron) en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Tribunal Supremo en contra de las órdenes y, más tarde, los decretos de la Administración valenciana que regulaban esta modalidad de caza. Pero además, consiguieron una reprimenda del Tribunal de Luxemburgo en 2004 que condenó a España por permitir la Generalitat el parany pese a ser ilegal.
Ahora, ante esta nueva ofensiva, la opción de recurrir a Europa ha vuelto a activarse. De momento, SEO/Birdlife ya ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea la propuesta de reforma de la ley valenciana de caza y, según señalan desde la organización, este organismo ya ha abierto un expediente de infracción contra el Estado español.
"Lo normal es que si la reforma sale adelante, reaccione de inmediato del Tribunal de Luxemburgo porque habría un incumplimiento de sentencia y una probable sanción", comenta Giménez.
De forma paralela, una red de asociaciones ecologistas europeas ha iniciado una campaña de recogida de firmas por Internet para combatir este tipo de caza y la modificación de la normativa valenciana. La campaña, que también contempla el envío de escritos al comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, cuenta con el apoyo de Acció Ecologista Agró, y ya ha recabado más de 1.600 de los 10.000 apoyos que aspira encontrar.
Además, el partido que hasta el momento se ha mostrado más combativo contra el parany, Esquerra Unida del País Valencià, también apunta hacia Europa. La diputada autonómica Marina Albiol ha anunciado su intención de llevar al Parlamento Europeo, a través del eurodiputado Willy Meyer, esta práctica de caza, así como la intención del Consell de legalizarla. "Es hora de que la Unión Europea se pronuncie ante el atropello legislativo que supone esta ley", indicó.
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