"Que me pague en 'b', que me hace mucha falta"

Cuando se habla de corrupción urbanística en la provincia de Málaga, enseguida viene a la mente el enladrillamiento salvaje de la Costa del Sol, con Marbella o Estepona como ejemplos de un sofisticado saqueo en el que los delincuentes se rodean de lujo y su botín queda a buen recaudo en paraísos fiscales. Sin embargo, algunos pueblos del interior rural, como Alcaucín, han padecido también su ración de depravación política. Las formas son más toscas -160.800 euros bajo el colchón del alcalde, no en las Islas Caimán-, pero el daño al territorio, en forma de cientos de viviendas ilegales desgraciando un paisaje privilegiado, es también palpable.

El sumario del caso Arcos, sobre la corrupción en Alcaucín, localidad de 2.500 habitantes en la comarca de la Axarquía, revela cómo el ex alcalde socialista José Manuel Martín Alba, más conocido por su apodo de cantaor, Pepe Calayo, cometió supuestamente una miríada de trapicheos urbanísticos. Con la ayuda de José Chiqui Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña, el regidor certificó que en distintas parcelas del municipio había ruinas -que no existían en la realidad- para permitir la construcción de chalés sobre los falsos restos, única forma de que la construcción fuera legal. También falsificó la fecha de expedientes para legalizar casas irregulares o trató de modificar burdamente la normativa urbanística del pueblo para convertir en urbanizables terrenos rústicos.

El alcalde facilitó un pelotazo de 6,5 millones a un promotor

Los favores no eran gratis. En una conversación grabada por la Guardia Civil, Chiqui Mora y el alcalde hablan de certificar como reforma de unas ruinas lo que en realidad era una vivienda de nueva planta. En un momento, Chiqui dice: "Pero Pepe, si esa casa no existía (...) que [los promotores] paguen lo que tengan que pagar (...) 1.000, 2.000 euros, págalos, que te has hecho una casa por la cara, coño". El regidor contesta: "Para poderse empadronar, a esa casa, que no estaba ahí antes hay que darle un número legal". Y el arquitecto Mora zanja: "¡Que lo pague y a tomar por culo! Que me pague en b, que me hace mucha falta".

Mora es un personaje central de la trama axárquica. Desde su despacho de la Diputación, realizaba, previo pago, informes con contenido falso para que el alcalde pudiera otorgar licencias con apariencia de legalidad. En el auto por el que la juez Irene Urbón le mandó a prisión el 3 de marzo de 2009, se lee que el promotor Francisco Llamas reconoció haberle pagado "al menos en una ocasión" 3.000 euros por un permiso para construir 61 apartamentos. En su despacho, la Guardia Civil halló plantillas para falsificar licencias de obra del Ayuntamiento de Alcaucín.

En los cinco mandatos que Pepe Calayo fue alcalde, con mayorías cada vez más absolutas, en Alcaucín se construyeron 1.064 viviendas ilegales, según la contabilidad de los ecologistas basada en fotos por satélite. El regidor hacía (y en ocasiones cobraba) pequeños favores que permitían a los promotores hacer grandes negocios. El promotor José Manuel Rico adquirió por 180.300 euros en 1999 un olivar. Cinco años más tarde, lo vendió por 6,77 millones a un grupo de empresas, pese a que la finca seguía siendo no urbanizable. Según la juez instructora, el empresario "por su amistad con el alcalde contaba con información privilegiada" y sabía que en el siguiente Plan General de Ordenación Urbana el olivar iba a ser reclasificado como suelo urbanizable. Alrededor de estos suelos se hicieron negocios por 27 millones de euros, según los investigadores. De momento, Pepe Calayo ha dicho que los 209.300 euros que se le han intervenido, la mayoría debajo de un colchón, son fruto de su trabajo "como alcalde, albañil y artista".