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Reportaje:ELECCIONES 2008 | El segundo cara a cara

Un negocio entre dos idiomas

El agente inmobiliario aludido por Rajoy rechaza la multa por no rotular en catalán, pero opina que no hay persecución del español en Cataluña

Manuel Nevot no cree que el castellano esté perseguido en Cataluña. Pero el Gobierno catalán le ha puesto una multa de 400 euros porque el letrero de su inmobiliaria no está en catalán y se niega a pagarla. Tampoco ha pagado, dicho sea de paso, otros 400 euros por no disponer del libro de reclamaciones. El caso de Fincas Nevot, en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, saltó a la palestra el lunes cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, lo sacó para intentar subirle los colores a José Luis Rodríguez Zapatero en su segundo debate cara a cara.

"Me quedé estupefacto", afirmó ayer este agente que se declara votante del PP y autorizó al diputado popular en el Parlamento catalán Santi Rodríguez que publicitase su sanción, aunque no lo esperaba en boca del mismo Rajoy. Ayer reclamó que no se interpreten las palabras del candidato del PP como ejemplo de un acoso y derribo al castellano. "Ni él lo dijo ni creo que haya ninguna persecución", asegura Nevot, que nació en Vilanova, como sus abuelos, y que siempre habla en catalán y castellano "sin haber tenido nunca ningún problema". También señaló que Zapatero "no tiene la culpa" de la sanción.

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¡Qué gráficos tenía don Mariano!

El PP ha tomado en los últimos tiempos el debate lingüístico como su nuevo caballo de batalla, intentado arrebatarle esta bandera a Ciutadans, el partido que debutó en el Parlamento catalán con una pregunta acerca de la lengua.

En Cataluña no se multa a ninguna empresa por rotular en castellano, sino por no hacerlo, al menos, en catalán. No hay conflicto con las rotulaciones bilingües pero, si la información (que no la marca comercial) aparece en un sólo idioma, éste sí debe ser el catalán. Es lo que establece la ley de Política Lingüística de 1998. Una ley que el agente inmobiliario de Rajoy tildó ayer de "tiquismiquis".

Las sanciones las impone la Agencia Catalana del Consumo, dependiente de la Generalitat, que en octubre de 2005 recibió la denuncia de un ciudadano contra Fincas Nevot. En enero de 2006 requirieron a la empresa que rotulara en catalán y tras cuatro meses no lo hizo; por ello, en octubre de 2007 se le impuso una sanción que está recurrida. Nevot alega que cumple la ley porque, aunque su cartel reza desde 1982 "Fincas Nevot, compraventa de pisos solares y rústicos", en la puerta figura en catalán "Finques Nevot".

Los efectos de las leyes varían en función de quién las aplica. Cuando Consumo dependía de Esquerra, la inspección se disparó (véase cuadro). Cuando pasó a departamentos del PSC (Trabajo o Economía) "se optó más por convencer que por sancionar". También influye que la aplicación de la ley fue gradual y las sanciones empezaron en 2003. Las multas leves, que son las que se aplican, según Consumo, pueden sumar un tope de 3.000 euros.

La polémica está servida para el que quiera sacar provecho de ella. Ayer, gracias a la publicidad que le dio Rajoy a su caso, el local de Nevot amaneció con pegatinas independentistas.

Manuel Nevot, el agente de la propiedad inmobiliaria (API) aludido el lunes por Rajoy.
Manuel Nevot, el agente de la propiedad inmobiliaria (API) aludido el lunes por Rajoy.MARCEL.LI SÁENZ

Ley 1/1998 de Política Lingüística

- Artículo 32

1. Las empresas y establecimientos deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.

2. El Gobierno de la Generalitat ha de promover el incremento del uso del catalán [en este ámbito].

3. La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios deben estar redactados, al menos, en catalán. Esta norma no se aplica a las marcas, los nombres comerciales y los rótulos amparados por la legislación de la propiedad industrial.

Sanciones por no rotular en catalán

- 2003: Dos sanciones,

por valor de 1.200 euros.

- 2004: 22 sanciones,

por valor de 46.300 euros

- 2005: 119 sanciones,

por valor de 122.050 euros

- 2006: 65 sanciones,

por valor de 48.625 euros

En 2004 y 2005 la Agencia de Consumo dependía de ERC. A mediados de 2006 pasó al PSC, que primó "convencer frente a multar"

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