Una ley protege 3.500 instalaciones contra catástrofes o ciberterrorismo

Mientras los fallos en seis reactores de la central de Fukushima ponen a Japón en grave alerta nuclear y se debate sobre sus medidas de seguridad, el Congreso de los Diputados español aprobó ayer por unanimidad la llamada Ley de Infraestructuras Críticas. Es una norma que establece los procedimientos para proteger las más de 3.500 instalaciones del país que, si dejaran de funcionar, ya sea por un desastre natural o actos de sabotaje o terrorismo, pondrían en grave peligro servicios esenciales para la ciudadanía y, en algunos casos, el propio funcionamiento del país: centrales nucleares, hidroeléctricas, estaciones de tren, aeropuertos y compañías de agua, electricidad o gas. Una crisis en uno de estos sistemas puede provocar, además, una reacción en cadena: en Japón, la caída del suministro eléctrico afectó gravemente al funcionamiento de Fukushima.

Las infraestructuras críticas son aquellas cuyo fallo puede paralizar al país

La norma está escrita en términos casi de película de ciencia ficción. Se habla del Catálogo, el Sistema, la Comisión, los Planes de Apoyo Operativo, los Planes de Seguridad del Operador... En primer lugar, identifica los sectores estratégicos para el país, 12 en total: espacio, Administración, industria nuclear, industria química, agua, energía, salud, tecnologías de la información, instalaciones de investigación, transporte, alimentación y sistema financiero y tributario. Después, señala los responsables de hallar los puntos vulnerables de cada uno de los sectores y de las infraestructuras críticas, de diseñar los sistemas de seguridad y de controlar su puesta en marcha.

Cada uno de los sectores queda en la órbita de uno o varios ministerios u organismos. La supervisión general le corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, encargada de decidir qué se incluye en el catálogo nacional de infraestructuras "estratégicas" y cuántas de ellas son, además, "críticas", indispensables para que el país no se sumerja en el caos. La norma otorga rango legal al Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, creado en 2007, y que aprobó un catálogo inicial de 3.500 instalaciones a proteger.

La ley incorpora al ordenamiento español una directiva europea de 2008. Obliga a que haya un plan de seguridad para cada sector y planes de protección específica para cada infraestructura. Además, la policía -nacional o autonómica- debe elaborar "planes de apoyo operativo" para vigilar que las medidas se llevan a cabo de forma adecuada.

"Ahora hay sectores muy protegidos, como el nuclear, pero en otros queda mucho por hacer", afirma Ramón Moles, director del Centro de Investigación en Gobernanza del Riesgo de la Universidad Autónoma de Barcelona. "Es el caso de la energía, las telecomunicaciones y los transportes, de forma que es útil que haya una obligación legal como esta. También es importante que los planes tengan en cuenta el factor humano como fuente de problemas; no hay más que ver lo que causó la huelga de controladores aéreos".