Nueve jueces y cuatro fiscales

Carlos Fabra comenzó a ser investigado cuando un empresario, Vicente Vilar, le acusó de cobrarle "cantidades millonarias a cambio de favores políticos". Bolsas de plástico y maletines fueron algunos de los medios usados, según el empresario, para transportar el dinero con el que compensaba la mediación del dirigente del PP para agilizar autorizaciones para productos fitosanitarios. Vilar presentó facturas de joyerías de regalos realizados tanto a la familia Fabra como a otros cargos del PP que, según alegaron, los devolvieron. Y facturas emitidas por una empresa del presidente de la Diputación de Castellón y firmadas por él mismo, como asesor, por la elaboración de unos informes que resultaron ser copia de otros documentos colgados en Internet o guías de grandes compañías.

La investigación desembocó en una inspección de Hacienda y en un proceso por supuestos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal. Pero, además, el empresario aseguró que la documentación para las autorizaciones de los fitosanitarios estaba falsificada, por lo que se abrió otra causa por falsedad documental. Esta imputación fue archivada el pasado febrero, al no encontrar la Audiencia de Castellón indicios suficientes para mantener la acusación.

Pero el procedimiento por los delitos contra la Administración y el fraude fiscal sigue vivo, tras el paso de nueve jueces y cuatro fiscales por el Juzgado número 1 de Nules. Carlos Fabra aseguró no haber defraudado nunca a Hacienda y trató de justificar las decenas de ingresos ya detectados en el ejercicio de 1999 alegando que sacaba dinero de una cuenta y lo ingresaba en otra.