La izquierda política y judicial se moviliza para apoyar a Garzón

La delicada situación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela está a punto de sentar en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo, multiplicó ayer las muestras de apoyo y solidaridad hacia el magistrado por parte políticos, juristas e intelectuales de izquierdas. El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, pidió respeto a las instituciones judiciales que tienen que decidir si expulsan a Garzón de la Audiencia Nacional, pero dijo que el magistrado es "un profesional decente" al que deseó "que le vaya lo mejor que le pueda ir en este trance".

La reacción más contundente fue la del primer fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ya retirado, que en declaraciones a la cadena SER aseguró: "La extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura. Es así. Seis magistrados del Tribunal Supremo y cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo cual ya es gravísimo en sí mismo". Jiménez Villarejo atribuyó la situación de Garzón a actitudes "de recelo, de envidia, de venganza". "Es el juez que más se ha enfrentado a ETA y a su entorno, el que más eficazmente ha combatido el narcotráfico y la delincuencia financiera. Desarticuló las cuentas secretas del BBVA en Jersey o el caso Pretoria, que alcanza a Prenafeta y Alavedra. Combatió la guerra sucia contra el terrorismo del GAL, el caso Gürtel de corrupción en el seno del PP, las dictaduras latinoamericanas... El factor determinante es que se atrevió a lo que nadie se había atrevido: a investigar las desapariciones forzadas, cien mil desapariciones".

Alonso considera al juez de la Audiencia "un profesional decente"

El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, manifestó en nombre de toda la organización su "completa solidaridad" con el magistrado de la Audiencia Nacional y denunció la "terrible paradoja" que puede producirse si Garzón acaba siendo juzgado. Tras expresar su "escrupuloso respeto" al Tribunal Supremo, no dejó de "valorar" que se haya permitido "que llegue hasta aquí la persecución al magistrado".

Un grupo de intelectuales, que integran escritores como Juan Goytisolo y José Manuel Caballero Bonald, entre otros, suscribieron un manifiesto de apoyo al juez Garzón en el que muestran su "preocupación" por los pasos dados por el Tribunal Supremo. El manifiesto, para el que solicitan adhesiones en la dirección de correo electrónico hemosconocidolanoticia@gmail.com, lo firman también la política y abogada Cristina Almeida, el cantautor Paco Ibáñez, los escritores Manuel Rivas y Fanny Rubio y catedráticos como el arabista Pedro Martínez Montávez o el filólogo Joan Oleza. También lo suscriben, entre otros, el sociólogo José Vidal Beneyto, el hispanista Ian Gibson, el coordinador del grupo para la recuperación de la memoria histórica Matías Alonso Blanco, el penalista Miguel Ángel Rodríguez Arias y Carmen Negrín, nieta del último presidente del Gobierno de la II República.

Los juristas e intelectuales dicen que se consideran "sentados en el mismo banquillo que el juez Garzón" y "tristemente convencidos" de que "asistiremos, en palabras de Manuel Rivas, 'al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra Democracia el peor golpe desde el 23-F".

El juez chileno Juan Guzmán, que ha sido citado por Garzón como testigo, aseguró a la cadena SER que a él también podían haberle acusado de prevaricación, porque no aplicó un decreto de amnistía que dejaba sin investigar crímenes de lesa humanidad. "Técnicamente no podían reabrirse, pero consideré que eran ilegítimos. Así pude procesar a Pinochet en tres ocasiones y a numerosos agentes estatales y militares que hoy día cumplen pena porque hubo un juez que se atrevió a ir más allá de la normativa que impide a los jueces actuar".

Guzmán encontró "increíble" que se quiera juzgar a jueces que investigan crímenes contra la Humanidad. "Es como una traición a la propia judicatura" prosiguió el magistrado chileno, a quien le hicieron renunciar a la carrera. "Me impidieron llegar a la Corte Suprema, el sueño de todos los magistrados para culminar su carrera judicial. Garzón es un juez de instrucción de selección, por no decir el mejor que ha habido en el mundo".

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) siguió la estela de Jueces para la Democracia y aseguró que sentar a Garzón en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo supone "criminalizar la discrepancia jurídica". La UPF respaldó la investigación de los crímenes contra la Humanidad porque "se ajusta completamente a la legalidad nacional e internacional". Según los fiscales progresistas, la actuación de Garzón "de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria", y su trayectoria profesional "no se hace acreedora a ser acusado y sentado en el banquillo por iniciativa de organizaciones relacionadas con la derecha más extrema de este país, herederas directas de algunas de las implicadas en los crímenes investigados".

El Seminario Internacional de Derecho y Memoria Histórica de la Universidad Carlos III criticó ayer el auto del juez Luciano Varela "que desprecia la terrible realidad" de los crímenes de la dictadura franquista. "Denunciamos la resolución del juez Luciano Varela como acto contrario a la cultura democrática y a los derechos humanos", terminan.