La fiscalía pide la imputación de la plana mayor del Gobierno valenciano por seis delitos de corrupción
Están implicados Camps, el vicepresidente Rambla, la presidenta del Parlamento valenciano y otros siete cargos públicos
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la plana mayor de la Generalitat y del PP valencianos por seis delitos de corrupción vinculados con la trama Gürtel: delitos electorales (en los comicios de 2007 y 2008), delito contra la Hacienda Pública, delito contra la Administración Pública, delito de falsedad en documento mercantil, y cohecho propio. Una retahíla de delitos que, a diferencia del caso de los trajes, están castigados con penas de cárcel y de inhabilitación para cargo público.
El Ministerio Público señala como presuntos autores de los hechos a una decena de cargos públicos populares: Francisco Camps (presidente autonómico); Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat); Milagrosa Martínez (presidenta del Parlamento valenciano); David Serra (vicesecretario del PPCV y diputado); Yolanda García (tesorera del PPCV y diputada); Pedro García (ex director de Canal 9); Ricardo Costa (diputado y ex secretario general del PPCV); Víctor Campos (ex vicepresidente de la Generalitat); Rafael Betoret (jefe de protocolo de la Diputación de Valencia); Cristina Ibáñez (ex administradora del PP valenciano); Luis Bárcenas (ex tesorero del PP nacional) y, de modo genérico, al Gabinete de Presidencia de la Generalitat valenciana.
La fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia valenciano sentar igualmente en el banquillo de los acusados a los miembros de la trama Gürtel, incluidos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Y a los empresarios de la construcción que supuestamente ayudaron a financiar los macroactos electorales que el PP regional realizó en las campañas autonómicas de 2007 (en las que salió elegido Camps) y generales de 2008 (a las que se presentó el líder del PP Mariano Rajoy).
Los constructores implicados son Enrique Ortiz (de Enrique Ortiz e hijos, también relacionado con el caso Brugal); Enrique Gimeno (Facsa); los gestores de varias sociedades de Sedesa (el grupo empresarial que en los momentos de los hechos estaba dirigido por la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat y ex director general de la Policía); y los gestores de: Piaf, Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba y Construcciones Hormigones Martínez SA.
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