La fiscalía indaga desde julio el plan de Batasuna para ir a las elecciones

El cese de la actividad armada de ETA no ha condicionado la labor del ministerio público contra el terrorismo ni contra las actividades de su frente político-institucional. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió el pasado 22 de julio unas diligencias de investigación para obtener información sobre las maniobras de la izquierda abertzale para estar presente en las municipales del 22 de mayo de 2011. El objetivo es acumular indicios para instar un posible cese de actividades de la nueva marca electoral o enviarlos a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que presente la demanda de ilegalización que prevé la Ley de Partidos. La principal sospecha es que, esta vez, recurrirán a la creación de una nueva formación.

El objetivo es el cese de actividades y la ilegalización en el Supremo

La investigación, ordenada por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, y encargada a los fiscales Vicente González Mota (coordinador de terrorismo) y Daniel Campos, nace con la llegada a fiscalía de un informe de la Comisaría General de Información de la policía sobre la intención de la ilegalizada Batasuna de buscar fórmulas para presentarse a los comicios. Su objetivo es acreditar la existencia de una estrategia del "entramado político-institucional" de ETA (el nombre que dio la Audiencia a su brazo político) para alcanzar ese fin y dilucidar cuáles serán los cauces que la izquierda abertzale pretenderá utilizar para obtener representación a partir del 22 de mayo. Los fiscales pretenden conocer desde hace meses si los radicales recurrirán a alianzas con partidos legales (como Aralar o EA), a la creación de agrupaciones de electores o a la instrumentalización de partidos durmientes, como ocurrió con el PCTV.

Para ello, la investigación sigue dos líneas. La primera es solicitar informes a la policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza. Al mismo tiempo, la fiscalía trata de racionalizar todas las pruebas e indicios que puedan aparecer en los procesos que se están investigando en los distintos juzgados de la Audiencia y los que se inicien desde ahora hasta las elecciones. Se trata de bucear en al menos una decena de sumarios en busca de reuniones de tipo político, actos públicos e informes policiales de cara a reunirlos en un único procedimiento. Para estar preparados.

Hasta el momento, la fiscalía ha recibido un informe de cada cuerpo policial. Los tres confirman la inequívoca voluntad de ETA y Batasuna de estar en las instituciones. Otros documentos en poder del ministerio público, como el incautado en la operación que desarticuló Bateragune, la comisión de coordinación de la izquierda abertzale -por lo que será juzgado en enero Arnaldo Otegi-, recogía un análisis sobre las últimas elecciones vascas y formulaba líneas de actuación en materia electoral para los dos años siguientes.

La principal sospecha es que el instrumento elegido por los radicales será la creación de un nuevo partido. Por eso, en los últimos días, Mota y Campos ha vuelto a pedir a los tres cuerpos que investiguen esa hipótesis y plasmen el resultado en nuevos informes. Los recabados hace más de tres meses no descartaron ninguna de las posibilidades a las que la formación ilegalizada ha recurrido hasta ahora (agrupaciones, nuevas siglas o partidos durmientes).

Todas esas pruebas se acumularán con el fin de recurrir a las dos formas previstas por la ley para desactivar un partido. La primera es el cese cautelar de actividades previsto en el Código Penal que ya utilizó el juez Baltasar Garzón con Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y PCTV así como con D3M y Askatasuna. Para ello, el ministerio público plantearía un nuevo caso en la Audiencia por los delitos de integración o colaboración con organización terrorista y pediría la suspensión o la instaría en uno de los procesos ya abiertos contra el entorno de la banda. Una segunda posibilidad -acumulable a la suspensión- es la de mandar ese material a la Fiscalía del Supremo para presentar una demanda de ilegalización ante la Sala del 61, a la que la Ley de Partidos encarga el estudio de estos casos. Solo la fiscalía y la Abogacía del Estado pueden iniciar ese proceso.