El fiscal recurrirá si el juez Tirado no es sancionado por falta grave

"Iremos hasta el final, que nadie lo dude". Esta advertencia la realizó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ante la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sustancie el expediente del juez Rafael Tirado con la calificación de falta grave, que supondría una multa económica de hasta 6.000 euros.

"Iremos hasta el final por el asesinato, que nadie lo dude"

La fiscalía agotará todos los recursos hasta llegar al Tribunal Supremo

La indignación que han mostrado los padres de Mari Luz Cortés -la niña onubense de cinco años asesinada en marzo pasado por un pederasta que estaba condenado en firme a una pena de cárcel pero que estaba en libertad porque el juez Tirado no había ejecutado la sentencia- la compartió plenamente la vicepresidenta en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

"Sería intolerable, inadmisible e incomprensible que unos fallos tan graves equivalieran a una sanción tan leve. Si eso es así, aunque confío en que no ocurra, el fiscal recurrirá de inmediato", informó la vicepresidenta. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial estudia la sanción que va a imponer al juez del caso y, según información de este periódico, habría una mayoría partidaria de que ésta fuera una sanción económica.

En medios gubernamentales se considera verosímil que esta cadena de fallos judiciales pueda terminar con una sanción económica. De ahí que la vicepresidenta, casi siempre muy cauta en sus manifestaciones sobre el Poder Judicial, haya querido lanzar un mensaje contundente.

El asesinato de Mari Luz y el conocimiento posterior de que quizá podría haberse evitado ya que el presunto asesino debía haber ingresado en prisión, provocó que el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, el ministro de Justicia y el ministro del Interior tomaran cartas directas sobre el asunto.

De ahí que las fuentes gubernamentales consultadas aseguren que "se llegará hasta el Tribunal Supremo si la sanción no es la que corresponde a unas negligencias tan graves".

En efecto, hay otras posibles responsabilidades que se estudian y por eso se ha incoado un expediente por posible falta grave a la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Aunque en público ningún representante del Gobierno quiere aludir a un posible comportamiento corporativista del Poder Judicial en defensa del juez Rafael Tirado, en privado sí se alude a esa circunstancia. En alto lo denuncia Juan José Cortés, padre de Mari Luz, al considerar que los vocales del Consejo pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura podrían extender un manto protector sobre el juez Tirado, que fue el presidente de esa asociación en Andalucía hace 12 años.

Cortés pide sin ambages "la expulsión" del juez Rafael Tirado de la carrera judicial.

El Gobierno no precisa cuál sería, a su juicio, la sanción que debiera imponérsele aunque en privado hablan de separación de la judicatura por un largo periodo de tiempo o incluso definitiva.

El CGPJ está dominado por jueces conservadores, afines al PP. Este partido, sin embargo, no quiere entrar de lleno en la polémica porque el expediente no está concluido. Fuentes parlamentarias de esta formación se limitaban a señalar ayer que "El PP le pide al Consejo que sea consecuente con el principio de responsabilidad de los magistrados con sus decisiones". No llega así, ni de lejos, a la contundencia del Gobierno, a pesar de que el PP mantiene una buena relación con el padre de Mariluz, que acudió al Congreso invitado por este partido y se reunió con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, informa Carlos E. Cué