El etarra Lasarte promete irse de Euskadi para no herir a las víctimas

Resarcir a una víctima de un delito de sangre es imposible. No se puede devolver la vida. Pero la ley penal, que tiene como fin la reinserción, ha fijado unas pautas para que los presos por terrorismo puedan acogerse a beneficios penitenciarios: exige a los etarras que pidan perdón, paguen las indemnizaciones y rechacen la violencia pasada y futura. Valentín Lasarte, con más de 300 años de cárcel a sus espaldas por siete asesinatos, entre otros los del concejal del PP en San Sebastián Gregorio Ordóñez y del dirigente socialista Fernando Múgica, cumplió estos requisitos y fue acercado a prisiones del País Vasco. En enero fue trasladado a Nanclares de Oca (Álava), donde Interior agrupa a los disidentes de la banda. Ahora Lasarte ha dado un paso más, no exigido en la ley: ha prometido que no volverá a residir en San Sebastián, su ciudad natal, ni en ningún otro lugar de Euskadi donde viva alguna de sus víctimas para no herir su sensibilidad y evitar la posibilidad de un encuentro.

Carmen Gisasola, exjefa del 'comando Vizcaya', tampoco saldrá por ahora

Así consta en una carta recibida este viernes por el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, en la que pide que su declaración les sea comunicada a las víctimas de sus delitos si se considera conveniente. Lasarte ha pedido permisos para salir de la cárcel -está preso desde 1996-, pero el magistrado se los ha denegado. No porque no cumpla los requisitos de arrepentimiento y perdón del Código Penal, sino porque no ha cumplido la parte de la condena que exige la ley.

Rechazar la violencia de ETA y pedir perdón no es suficiente. Ningún preso puede acceder a permisos o a un régimen de semilibertad hasta cumplir una cuarta parte de la pena, y los disidentes de ETA, tampoco. Firmar la carta con la que se apartan de la banda y pedir perdón es el requisito extra que la ley exige a los etarras, pero no es suficiente para acceder a los beneficios penitenciarios. Carmen Gisasola, por ejemplo, ex jefa del comando Vizcaya y en prisión desde 1990, ha abjurado de la violencia y también forma parte del grupo de disidentes de Nanclares de Oca. Tampoco, y por la misma razón que Lasarte, puede acceder a los permisos que ha solicitado.

A ambos les ocurre lo mismo que a otros muchos presos por terrorismo condenados a decenas o incluso centenares de años. Para que puedan cumplir el requisito de haber liquidado la cuarta parte de su condena, su única posibilidad es que se acumulen sus penas. Esta labor corresponde al tribunal sentenciador, que en casos de terrorismo es la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Si se lleva a cabo la acumulación, según la ley, el tiempo máximo de cumplimiento no puede exceder del triple de la pena más alta que se haya impuesto al preso.