Un ejercicio de transparencia con carencias

La decisión estrenada ayer por las webs del Congreso y el Senado de publicar las declaraciones de patrimonio de los parlamentarios ha sido un paso histórico hacia la transparencia política, como demandaba el movimiento 15-M. Pero es un gesto mejorable, incluso técnicamente. Pese a haber despertado un gran interés, hasta el punto de colapsar las web de las dos Cámaras, la medida tiene algunas carencias según expertos en redes sociales e infomárticas: la manera de presentar esta información representa un escollo para su tratamiento posterior, la falta de control ha permitido que los datos dados no sean homogéneos y la ausencia de verificación ha provocado la queja de algún parlamentario por varios errores.

Javier de la Cueva, abogado especialista en Derecho informático, critica precisamente todos esos aspectos. Primero: "El formato en PDF con imágenes incrustadas es inútil para extraer información". Y recuerda que ya la Cámara de los Comunes británica cometió ese error en junio de 2009 cuando publicó en su web los datos sobre los bienes de sus parlamentarios. Entonces, fue el diario The Guardian el que puso a disposición de los lectores una aplicación on line para trasladar toda la información a ficheros reutilizables y poder cruzar la información. Ahora se ha puesto en marcha en España con el nombre de Adopte un senador, pretende convertir los documentos de PDF en ficheros Excel. De la Cueva también cuestiona la falta de control de la información dada por los diputados y senadores españoles. Eso ha permitido que varios diputados no hayan registrado ninguna declaración, que otros se hayan limitado a volver a presentar la antigua declaración de actividades, que no se hayan declarado bienes porque figuran a nombre de los cónyuges o de la familia y que muchos hayan ofrecido información parcial o incompleta.

De la Cueva pone como ejemplo el caso de la presidenta del PP catalán, la senadora Alicia Sánchez Camacho, que declaró haber solicitado préstamos por valor de 700.000 euros, pero que no ha incluido ningún bien que justifique esa inversión. "¿Es una hipoteca? ¿Ha dilapidado en dos años todo ese dinero?", se pregunta.

Pero hay más. En las declaraciones publicadas también se dan episodios para eludir que se refleje un patrimonio abultado. Podría ser el ejemplo del presidente del PP, Mariano Rajoy, que declara un patrimonio de 597.442 euros, pero también cuatro casas, una oficina y una plaza de aparcamiento, sin especificar el valor de ninguna de ellas. Esta idea la han utilizado otros parlamentarios, que no especifican el valor catastral de sus propiedades inmobiliarias, ni tampoco la superficie.

La falta de verificación de los datos aportados por los parlamentarios provocó la queja de una veintena de diputados porque sus datos publicados eran incorrectos. Por ejemplo, el exministro socialista Jesús Caldera aseguró que le habían puesto una vivienda de menos. "¿Quién inspecciona que estos datos sean ciertos?", plantea el abogado De la Cueva. "Falta una normativa lo suficientemente fiscalizadora para que esto sea eficaz". Por ello, considera que debería estipularse que una declaración falsa llevara aparejada la pérdida del acta parlamentaria. "Si un diputado miente, que quede despedido", argumenta.

"La iniciativa está bien, pero puede hacerse mejor", explica Carlos de la Fuente, responsable de Open Data de la Fundación CTIC de Gijón. "La carencia fundamental es que los documentos están en formato PDF y que por tanto no se pueden reutilizar". Este experto recuerda que la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información en el sector público "insta a que cualquier dato público sea susceptible de ser reutilizado". Eso permitiría, argumenta, hacer comparaciones, utilizar series históricas y generar nuevos contenidos y aplicaciones a partir de estos documentos, lo que facilitaría el trabajo de investigación.

Es la misma opinión de Álvaro Ortiz, empresario de Internet y miembro de la organización ProBonopublico: "Esto es un levísimo gesto de intentar ser un poco transparente".