Tres diputados de Aguirre cobraron 1,2 millones en sobornos

Cobraron 1.250.728 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. La resolución por el que el juez Baltasar Garzón se inhibió ayer a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid encuentra claros indicios de criminalidad contra el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, el ex presidente de la comisión de investigación del espionaje madrileño, Benjamín Martín Vasco, y el diputado en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. El magistrado considera que los tres aforados habrían cometido los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita, aunque será el tribunal madrileño el que los investigue.

El auto se basa en un informe entregado al juzgado el pasado 24 de febrero por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que aparecían los aforados madrileños. El primero al que apuntaban los agentes es el ex consejero Alberto López Viejo, al que el documento relaciona directamente con la trama empresarial diseñada por el cerebro de la red, Francisco Correa. López Viejo, según Garzón, habría beneficiado a las empresas investigadas con la organización de diferentes eventos "desde su posición oficial en la Comunidad de Madrid".

Una empresa de la trama trabajaba con varias consejerías

López Viejo recibía sobres con dinero de un jefe de la organización

Esas adjudicaciones las realizaba el ex consejero "a cambio de entregas de dinero que se recogían en la contabilidad B" de algunas de las compañías, según una de las memorias USB intervenidas por los policías. Una de las sociedades de la trama que supuestamente se llevaba las adjudicaciones fraudulentas era Servimadrid Integral, SL. Esa empresa trabajaba, según el auto, "con la Comunidad de Madrid, concretamente con las Consejerías de Cultura, Deportes y Educación, Mujer, Presidencia y otras que las que hacían eventos sueltos".

Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y uno de los cabecillas de la trama, ahora en prisión provisional, se reunió en diferentes ocasiones con el consejero "para darle sobres con dinero". Las cantidades que se entregaban a López Viejo aparecen en un listado que controlaba el ex asesor del Ayuntamiento de Madrid Javier Nombela, también imputado en la causa, y uno de los administradores de Easy Concept, según se recoge en la resolución.

Benjamín Martín Vasco, por su parte, aparece implicado debido a las grabaciones presentadas por la Fiscalía Anticorrupción. Su papel, según el juez, consistía en "conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos a favor de la empresa Martinsa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey". Esa promotora, según el auto, habría pagado comisiones a Francisco Correa, el cerebro de la trama, por esa labor. El parlamentario madrileño también facilitó la entrada de Easy Concept en Arganda mediante la adjudicación de contratos públicos entre 2005 y 2007, cuando Martín Vasco estuvo al frente de la sociedad municipal Fomento de Arganda del Rey.

Los indicios contra el diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch se remontan a su época como gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, municipio del que era alcalde el también imputado Arturo González Panero, el Albondiguilla. Ejerciendo ese puesto, Bosch adjudicó directamente a la sociedad Easy Concept la oficina de atención al ciudadano del ayuntamiento durante 14 años.

Otra de las irregularidades detectadas contra el diputado regional sería su intermediación para conseguir que se adjudicara a la promotora Hispánica la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte, así como la adjudicación de unos locales por ese municipio a la empresa Rústicas MBS, administrada por el también imputado José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de la petrolera Repsol YPF.

Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en dicho municipio", explica el magistrado en su resolución, que recuerda cómo se autoinculpó. "Como este último [el propio diputado regional] reconoce en las intervenciones telefónicas, él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación", continúa el juez Garzón.

En total, la cantidad obtenida por los tres aforados en comisiones ilegales asciende a 1.250.728 euros repartidos en 13 pagos, según el cuadro resumen de la UDEF recogido por Garzón en el auto por el que se inhibe. Cuatro tuvieron como destinatario a López Viejo, que cobró un total de 563.000 euros de las empresas de la trama. Bosch se llevó supuestamente 250.562 euros en cinco partes y otros 437.166 fueron a parar a Martín Vasco.

Tal y como le pedía el fiscal, Garzón considera que la práctica totalidad de la causa correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya que, según el juez, "la dinámica presuntamente delictiva ha sido ordenada y ejecutada, principalmente, desde Madrid, donde se encontraba el núcleo director del entramado a cuya cabeza están Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabarís".

Los delitos que se imputan a las personas inicialmente imputadas por Garzón y los que podrían haber cometido los diputados regionales madrileños, "son conexos unos a otros y, por tal motivo, el núcleo fundamental de ellos se encuentra en esta resolución y bajo la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", dice el juez.

La existencia de aforados que deben ser juzgados por ese tribunal "atrae la competencia" a ese órgano sobre todos los demás imputados.