La costa sigue amenazada, pese a la crisis

Ni la crisis ha servido para aliviar la presión que sufre la costa española. Las ventas de pisos en zonas del litoral cayeron un 30% en 2008, pero a la promoción privada de obras le está sustituyendo ahora la inversión pública. Así que no cesa la amenaza a la sostenibilidad de esa potentísima fuente de ingresos a través del turismo y la construcción que es el litoral español. "Estamos pasando de la amenaza del ladrillo, de la construcción e urbanizaciones y hoteles, a la del hormigón, con la construcción de grandes infraestructuras públicas, como puertos", ha alertado esta mañana Anna Rosa Martín, directora en Cataluña de Greenpeace. "No estamos aprovechando la crisis para cambiar de modelo", ha añadido Julio Barea, de la misma organización ecologista.

Han alertado de ello en la presentación del informe Destrucción a toda costa 2009, que Greenpeace elabora anualmente. Esta vez, el trabajo subraya que tampoco las zonas litorales supuestamente protegidas se escapan de la degradación. Los ecologistas han analizado la situación de 233 playas, acantilados y otros sistemas costeros que gozan de algún tipo de protección. Y han concluido que más de la mitad, 130, están amenazados. En ellos se proyectan 28.497 viviendas, seis puertos, un hotel e incluso un polígono industrial, según el informe de Greenpeace.

"La declaración de un espacio protegido sirve para que los políticos se cuelguen una medalla. Pero cuando descubren que esta protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma y convierten este espacio en parques de papel, en papel mojado", ha subrayado la responsable de la campaña de costas de la organización, Pilar Marcos.

Y para ilustrar esta amenaza, el informe cita el peligro que corren los campos de algas marinas -sebadales- del sur de Tenerife, "uno de los espacios más importantes de las Islas Canarias" según Greenpeace. Este ecosistema forma parte de la Red Natura 2000, pero está amenazado por el proyecto de construir un puerto industrial en Granadilla de Abona, así que parte del sebadal ha sido desposeído de la protección especial de la que gozaba, dicen los ecologistas. Esta desclasificación pende ahora de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que de momento ha paralizado las obras.

Nada hace el Ministerio de Medio Ambiente ante esta situación, denuncia Greenpeace. "El Gobierno central está dando la espalda al litoral. Ha dejado de gestionar coherentemente la costa y está permitiendo la rapiña", ha acusado Barea.

El informe recuerda que, además de abandonar el deslinde de costas que había impulsado la anterior titular, Cristina Carbona, para cumplir una Ley de Costas que tiene ya 21 años, el Ministerio también ha rebajado esta norma, que declara públicos los terrenos de playa, y ha enterrado la estrategia de sostenibilidad del litoral, que pretendía frenar los desmanes en las playas españolas.