La conspiración irrumpe en la sala

Es imposible imaginar que cuando la justicia consiga sentar en el banquillo a los autores del atentado de Barajas, lo primero que hagan los abogados de los ecuatorianos asesinados sea preguntar a los terroristas de ETA si conocen a Bin Laden o a algunos de sus secuaces en España. Pues eso, pero vuelto del revés, fue exactamente lo que sucedió ayer en la Casa de Campo de Madrid. La teoría de la conspiración, según la cual ETA y Al Qaeda se pusieron de acuerdo para terminar con el Gobierno del PP volando cuatro trenes y matando a 191 personas, se coló en la segunda jornada del juicio.

Fue sobre el mediodía. La sala ya sabía que los dos supuestos ideólogos de la matanza, Youssef Belhadj y Hassan El Haski, seguirían la senda marcada el día anterior por El Egipcio. Sólo responderían a las preguntas que les formularan sus respectivos abogados defensores. Los letrados de la acusación, al igual que la fiscal, tenían entonces la oportunidad de plantear sus preguntas aun sabiendo que no encontrarían respuestas. Fue entonces cuando el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M dejó tres supuestas incógnitas suspendidas en el aire:

- ¿Desde cuándo utiliza el Grupo Islámico Combatiente marroquí los temporizadores segurtasun temporizadorea, inventados y fabricados por la banda terrorista ETA y que fueron incautados en el domicilio de alguno de los procesados?

- ¿Ha coincidido con miembros de la banda terrorista ETA en campos de entrenamiento de Afganistán?

- ¿Sabe si alguien proporcionó a la célula de Madrid dinamita Tytadine para los atentados?

No es fácil seguir un juicio de esta envergadura. Para empezar, cualquier profano puede pensar que cuando un abogado -y más si representa a un colectivo tan sensible como las víctimas de un atentado terrorista- formula sus preguntas lo hace sobre una sospecha fundada, buscando la condena del acusado por el camino más corto.

Sin embargo, no parece que la pregunta realizada por el abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M tuviera esa intención. Sobre todo porque del análisis de esas tres preguntas se obtienen tres respuestas demasiado obvias. Una, la policía nunca requisó temporizadores con nombre vasco en las casas de los acusados de la matanza, sino un despertador Casio PQ-10, que cualquiera puede conseguir en el mercado -también un terrorista de ETA- por algo más de 10 euros. Dos, los servicios antiterroristas españoles no tienen constancia de que ETA haya utilizado alguna vez los campos de entrenamiento afganos. Y tres, en los análisis periciales de los explosivos no ha aparecido ni un solo rastro de la nitroglicerina que forma parte del explosivo Tytadine.

Es necesario, pues, buscar otra explicación a tales preguntas. Tal vez buscando su procedencia. Los afectados del 11-M están representados en el juicio a través de tres asociaciones. La que más víctimas acoge es la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, presidida por Pilar Manjón. Las otras dos, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la AVT, comparten con el PP y algunos medios de comunicación la teoría de la conspiración. A pesar de que la conexión entre bandas terroristas no ha aparecido en tres años de instrucción ni en uno solo de los 100.000 folios del sumario, las preguntas del abogado consiguieron ayer que el siniestro nombre de ETA sobrevolara la sala. Tal vez sabiendo que la falta de respuesta agrandaría la duda, como agranda un grito un valle vacío.

La negativa a declarar de los tres primeros acusados imprimió al juicio un ritmo inesperado. De ahí que diese tiempo a que el presidente del tribunal llamara a Jamal Zougam, acusado de ser uno de los autores materiales de la matanza. De los presuntos terroristas que aquella mañana se subieron a los trenes, ocho están muertos -siete se suicidaron en Leganés y al parecer otro murió en Irak-, tres están huidos y otros tres se sientan en el banquillo. Uno de ellos es Zougam. Tiene a su favor que en ninguno de los escenarios del horror se encontraron huellas suyas ni restos biológicos. Y en su contra que vendió las tarjetas de los móviles que hicieron estallar las bombas y que cuatro testigos aseguran haberlo visto en uno de los trenes.

Jamal Zougam fue el primero de los acusados que aceptó todas las preguntas y que además lo hizo en un español aceptable, pero entonces se produjo una circunstancia desconcertante. Tanto la fiscal, Olga Sánchez, como los abogados parecieron pillados por sorpresa, sin los deberes hechos. Unos balbucearon las preguntas y otros, sencillamente, no las hicieron. Por cierto, a él, que sí contestó, nadie le preguntó por el Tytadine ni por los despertadores Casio.