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Las comunidades del PP asumen el nuevo sistema de financiación

Los populares rechazaron de plano esa norma en el Congreso hace una semana

Alejandro Bolaños

"Por responsabilidad". Varios consejeros de Economía de las comunidades gobernadas por el Partido Popular pasaron ayer por el trago de explicar por qué suscriben ahora el nuevo sistema de financiación autonómica, cuando su partido rechazó hace sólo una semana en el Congreso la ley que lo desarrolla. La respuesta, de tan repetida, sonó a consigna.

El nuevo sistema de financiación autonómica eleva en 11.000 millones los recursos disponibles (un 10% más) y amplía la cesión de impuestos (el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Pese a un acuerdo inicial con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las comunidades del PP rechazaron el modelo propuesto por el Ministerio de Economía el verano pasado. Todas criticaron que la Generalitat catalana hubiese guiado el proceso y aportaron otras razones menos compatibles: la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, beneficiadas por las tesis de la Generalitat, denunciaron que se les perjudicaba al valorar la población en sanidad y educación; Galicia y Castilla y León reclamaron más compensaciones por el envejecimiento o la dispersión.

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Al final, el líder del PP, Mariano Rajoy, ordenó a los gobiernos autonómicos que se abstuvieran en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para minimizar el coste político de la incoherencia que suponía rechazar la propuesta y coger el dinero. Porque, como estaba previsto, todos los gobiernos autonómicos del PP que fueron convocados ayer para suscribir en comisión mixta el nuevo sistema, lo hicieron.

El Ministerio de Política Territorial eligió una comunidad del PP, Murcia, para iniciar la maratón de comisiones en Madrid, que concluirá hoy. "Lo firmamos por responsabilidad política, pero es un modelo insolidario e injusto", espetó la consejera murciana de Economía, Inmaculada García. A partir de ahí, los representantes del PP (ayer firmaron también los consejeros de Madrid, La Rioja, Ceuta, Melilla, Castilla y León y Galicia) repitieron el guión. La excepción volvió a ser Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que votó a favor en el CPFF y ayer saludó el nuevo sistema como "un avance muy importante". El más agrio fue Antonio Beteta, de la Comunidad de Madrid, que no descartó impugnar el modelo ante el Constitucional.

El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, no dejó pasar la ocasión. "Si lo firman es porque el sistema es bueno y favorece a los ciudadanos", dijo. También lo suscribieron ayer los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias y Extremadura, y el de Canarias (CC-PP). Faltaron representantes de la Comunidad Valenciana (PP) y Cantabria (PRC), por el temporal.

Un reparto oficioso

- El Gobierno se vuelve a guardar las cifras. El nuevo modelo sumaría 11.700 millones adicionales a los 110.000 actuales, según Economía. Pero el Ejecutivo insiste en no dar cifras por comunidades.

- La distribución, según las comunidades. Las cifras aireadas por responsables autonómicos apenas suman 11.000 millones:

Cataluña 2.863

Andalucía 1.795

Madrid 1.700

C. Valenciana 1.300

Galicia 500

Castilla y León 500 Baleares 500

Castilla-La Mancha 490

Murcia 380 Canarias 303

Aragón 258

Asturias 206

Extremadura 202

Cantabria 110 La Rioja 45

Ceuta 15

Melilla 11

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