Cinco casos para una comisión

El objeto de la comisión de investigación creada en el Parlamento madrileño es uno: "Analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con el supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid". Pero los caminos para llegar a ese objetivo pueden ser varios, porque el escándalo tiene frentes distintos que se entremezclan. Para tratar de esclarecerlos, PSOE e IU registraron ayer mismo su solicitud de comparecencias: una lista con 56 nombres que aún debe pasar el filtro del PP. Éstos son algunos de los asuntos sobre los que la comisión tratará de arrojar luz:

- Seguimientos parapoliciales a adversarios de Aguirre. En abril de 2008, el vicealcalde, Manuel Cobo, y el ex consejero Alfredo Prada -enfrentados políticamente a Esperanza Aguirre- fueron sometidos a seguimiento por un grupo de agentes que trabajaban supuestamente en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Eso se deduce de los partes de seguimiento, publicados por EL PAÍS, donde los espías hablan de "nuestro director, Sergio" -supuestamente Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad- y de "Miguel" -supuestamente el ex subdirector Miguel Castaño-. Los agentes se encaminan a veces a la "D. G.", identificada con la Dirección General de Seguridad. El máximo responsable de la consejería es Francisco Granados, aunque fuentes cercanas a él y a Prada aseguran que Gamón no respondía ante Granados sino ante el vicepresidente Ignacio González (el número dos de Esperanza Aguirre) y el viceconsejero Alejandro Halffter, un hombre de González.

- Asalto al despacho de un alto cargo. El 27 de junio de 2008, Sergio Gamón, director general de Seguridad, se presenta con varios agentes en un organismo de la Consejería de Justicia, entra en un despacho y requisa un ordenador. El despacho es de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de quien ha sido destituido como consejero de Justicia la víspera: Alfredo Prada (después de colocarse del lado de Rajoy en la batalla de poder en el PP). El ordenador contiene supuestamente informes confidenciales (algunas fuentes aseguran que es un dossier contra Granados; otras, que se trata de información contra González). El asunto ya salió a la luz pública entonces (Gamón fue destituido por el asalto al despacho, aunque permaneció en nómina de la Comunidad), pero ahora vuelve a cobrar relevancia porque otro de los altos cargos que ha sido espiado es Juan Carlos Fernández. En los dossiers aparece con el apodo de "el cabezón": así es como era llamado en la consejería según confirman distintos responsables de ésta.

- Espionaje al vicepresidente. Ignacio González fue grabado con cámara oculta durante un viaje oficial a Colombia en agosto de 2008, según figura en uno de los dossiers publicados por EL PAÍS. Un segundo dossier informaba de un viaje privado del vicepresidente a Suráfrica cuatro meses antes, y denunciaba adjudicaciones presuntamente irregulares de la Comunidad a empresas (como un tercer dossier, divulgado por Público). Uno de los empresarios iba en el avión con González; en otros casos las empresas están ligadas a familiares del vicepresidente. PSOE e IU llaman a declarar a varios empresarios.

Éste es uno de los episodios más confusos del escándalo, porque González aparece a la vez como víctima de espionaje y acusado de irregularidades en el ejercicio de su cargo. Y también porque algunos de los sospechosos de ordenar el resto de seguimientos eran hombres de confianza del vicepresidente.

- Las denuncias ante la dirección nacional del PP. El ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, comunicó en mayo de 2008 a su presidente, Mariano Rajoy, que creía estar siendo espiado por gente relacionada con la Comunidad de Madrid, según ha explicado el propio Lapuerta y confirmado el PP. Esperanza Aguirre, por otro lado, asegura que Lapuerta había tenido acceso a informes que atentaban contra el honor de Ignacio González y Francisco Granados, y que avisó a Rajoy en 2006; éste se limita a decir que él no vio ningún dossier.

- Un 'CNI' autonómico. En junio de 2008 y ante la creciente sensación de que altos cargos del Gobierno regional, él incluido, estaban siendo espiados, González barajó crear un servicio secreto similar al CNI. Encargó un borrador del proyecto a Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta, pero finalmente el plan quedó aparcado. La Comunidad de Madrid carece de competencias para tener un CNI.