Al acuerdo por la fuerza del dinero

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció el pasado jueves para hablar de la crisis, pero la financiación autonómica aglutinó sus mensajes más nítidos. Zapatero evitó agrandar la polémica sobre el incumplimiento del Estatuto catalán, que marcaba el 9 de agosto como límite para el acuerdo, y se mostró convencido de que habrá pacto. Una ecuación muy compleja, pero que sólo se despeja con una variable: más dinero.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya ha dejado claro que no es su solución favorita. "Lo único que quiere saber todo el mundo es cuánto le toca, no cuál es la lógica del sistema", lamentó hace unos días. Con la crisis de fondo, Solbes condicionó en su propuesta de reforma cada promesa de nuevos fondos estatales a "las disponibilidades presupuestarias", una coletilla que causó gran irritación en varios gobiernos autonómicos, y particularmente, en el catalán. Pero esas cautelas desaparecieron en el último discurso de Zapatero, que mantuvo que hay "margen de sobra" y llegó a flirtear con la idea de aumentar el déficit o la deuda pública si fuera necesario.

La discusión sobre los límites de la solidaridad es el principal escollo

Porque en las propuestas de reforma ya hay muy poco margen. Ante el envite de la Generalitat catalana, que propone limitar a sanidad, educación y servicios sociales la redistribución de fondos para igualar la prestación de servicios, el Gobierno opone una solidaridad más amplia, que incluya otros servicios básicos, como justicia. Si Solbes se acercara más a Cataluña, contaría con el rechazo automático de las comunidades en las que la población (la principal variable de reparto) crece menos. O renuncia a ese acercamiento y compensa por otras vías a las comunidades con mayor crecimiento demográfico, como Cataluña; o se acerca, pero aprueba nuevos fondos de convergencia regional para las comunidades más envejecidas.

Lo mismo se puede aplicar a otra exigencia de Cataluña, pero también de Madrid, Comunidad Valenciana o Baleares, que reclaman que el sistema reconozca que atender a los inmigrantes es más caro. Hasta ahora, Solbes sólo cree justificado ese argumento en algunos gastos específicos, como la educación infantil. Dar su brazo a torcer no sólo implica que esas comunidades reciban más dinero, sino también que otras comunidades reclamen una compensación.

En este endiablado rompecabezas, hay piezas que le harán el trabajo más fácil a Solbes. La posición de las comunidades del PP no es monolítica, y las más influyentes (Madrid y Comunidad Valenciana) están más cerca de las propuestas catalanas de lo que pueden confesar. Además, el horizonte de los presupuestos autonómicos, lastrados por el mayor peso del gasto corriente y por el recorte de recaudación en impuestos ligados a la actividad inmobiliaria, sería mucho más sombrío sin acuerdo. Pero cuadrar este sudoku, como lo bautizó el vicepresidente, le saldrá caro.