De la Vega viaja hacia la laicidad

El Gobierno arranca la legislatura con planes reformistas que desencadenarán un fuerte debate social y político al tocar dos aspectos clave en el funcionamiento del Estado mediante la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, para avanzar en la laicidad de España a la que se opone la Iglesia y el PP, y la revisión de la Ley Electoral General, vigente desde 1985.

Esta última norma perjudica especialmente a los partidos pequeños, como Izquierda Unida, que presentan candidaturas en todas las circunscripciones y que sacando muchos más votos que otros partidos que sólo se presentan en una comunidad autónoma logran muchos menos escaños en el Congreso.

En cuanto a la reforma de la Ley de Libertad Religiosa, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció ayer que su objetivo es "avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado" que se traduce "en el reconocimiento de los derechos de los agnósticos, amparado en el artículo 16 sobre la libertad de conciencia". Otra intención es no discriminar a otras confesiones diferentes de la católica incorporando a la ley los acuerdos que ya existen con ellas. El portavoz del PP, Federico Trillo, expresó "como católico" sus reticencias a la intención del Gobierno.

El Gobierno creará una comisión para mejorar la ley del aborto

Se introducen estudios de impacto autonómico en los proyectos de ley

Además, De la Vega presentó ayer a la oposición en el Congreso, estas intenciones legislativas:

- Reforma de la ley electoral. De la Vega anunció la creación de una subcomisión para abordar cambios en la ley electoral para "ganar en calidad democrática", buscando "el acuerdo y mayor consenso posible". Previamente, va a solicitar, con carácter inmediato, un informe al Consejo de Estado sobre las posibilidades de reforma de la Ley de Régimen Electoral. IU y UPD, los principales afectados, ya han presentado iniciativas parlamentarias a este respecto.

- Impacto autonómico de los proyectos de ley. Una novedad es la intención de que todos los proyectos normativos incorporen un informe de impacto autonómico para ponderar "desde la más absoluta objetividad y fiabilidad cómo se ven afectadas las autonomías por cada nueva norma estatal", según señaló la vicepresidenta primera. "¿Qué estarán tramando ustedes?", criticó Trillo a este anuncio.

- Reforma de la Constitución. De la Vega recuperó la propuesta de reforma constitucional que el Gobierno intentó en la pasada legislatura y no logró por desacuerdo con el PP. La reforma volverá a estar limitada a cuatro objetivos: hacer del Senado una verdadera Cámara territorial; incorporar la denominación de las comunidades autónomas al texto constitucional; garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado e incorporar el concepto de Unión Europea. El PP avisó de que ellos tienen su propia propuesta en la que persiguen blindar las competencias del Estado.

- Ley de igualdad de trato. La Ley Integral para la Igualdad de Trato y Contra la Discriminación fue un anuncio del presidente del Gobierno durante la pasada campaña electoral, con el objetivo de "fomentar el reconocimiento de la diversidad como un activo social, impulsando y completando el marco legislativo europeo". Junto a ella, Fernández de la Vega se comprometió a presentar, antes de acabar el año, un Plan de Derechos Humanos, en línea con las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU.

- Ley del aborto. La vicepresidenta también se comprometió a crear una comisión de expertos para "introducir mejoras en las garantías de los derechos de las mujeres". Citó expresamente los casos de las mujeres que vieron peligrar su derecho a la intimidad de sus datos en el ejercicio de otro derecho, como es el de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos por la ley o la suscripción de un convenio por el que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica pueda formar parte del comité de ética de cuidados paliativos de los hospitales públicos en Madrid.