De la Vega rechaza la exigencia de CiU de condenar los "abusos" republicanos

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, desestimó ayer la petición de CiU de que la Ley de Memoria Histórica comprenda una mención a los "abusos" cometidos por el bando republicano durante la guerra. La ministra declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la ley pretende reconocer derechos vulnerados a las víctimas del conflicto, no establecer una "valoración histórica de lo ocurrido". La negativa a incorporar al texto la propuesta de CiU puede dificultar la aprobación de una de las leyes más polémicas de la legislatura.

La proposición que CiU hizo el jueves para incluir en la Ley de Memoria Histórica una mención a los nacionalistas y católicos catalanes represaliados por la retaguardia republicana no convence al Gobierno. De la Vega aclaró en su comparecencia después del primer Consejo de Ministros del curso político que la ley que el Congreso está tramitando servirá para resarcir "a las personas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y del franquismo", y no para delimitar responsabilidades o establecer juicios históricos.

La vicepresidenta argumentó que la futura ley no debe entrar en distinciones entre víctimas de uno u otro bando porque su objetivo es resarcir a los que perdieron el derecho al reconocimiento después de la guerra. Aun así, no quiso transmitir a CiU una negativa tajante del Ejecutivo, y vaticinó que si la propuesta nacionalista no queda recogida en el texto final será porque "el Parlamento no va a entrar" en la clase de valoraciones políticas que los socialistas consideran que introduce la propuesta convergente.

IU-ICV, CiU y el PNV son los únicos partidos que continúan apoyando, en algunos casos muy tibiamente, una ley que nació con la ambición de reunir un amplio consenso, y que ha terminado por convertirse en un rompecabezas para el legislativo. El Gobierno ya sabe que no puede contar con el apoyo del Partido Popular, enfrentado al proyecto desde sus orígenes. También ha descartado el voto favorable de ERC, que aprovechó la polémica suscitada por CiU para recordar por medio de su portavoz en el Congreso, Joan Tardà, que no apoyará un texto que no incluya "la anulación expresa" de todos los juicios del franquismo.

Con el voto del PNV en la cuerda floja por la negativa socialista a devolver al País Vasco documentos del archivo de Salamanca, la propuesta de CiU ha colocado al PSOE en la necesidad de ejecutar toda suerte de malabarismos para contentar los intereses divergentes de sus últimos aliados, el grupo de Josep Antoni Duran i Lleida, e IU-ICV. En el muy hipotético caso de que el Gobierno se abriera a la propuesta de Convergencia, IU retiraría su apoyo a la ley y dejaría a los socialistas en una posición complicada el resto de la legislatura. El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, ya ha anunciado que el voto de su formación en los Presupuestos Generales de 2008 estará supeditado al acuerdo con los socialistas en una lista de leyes entre las que se encuentra la de la Memoria Histórica. Herrera atacó a CiU por inventarse excusas para bloquear el proyecto de ley, y aseguró que no aceptará que se equiparen brotes de violencia aislados en el bando republicano con "la represión sistemática franquista", sustentada por "todo un aparato jurídico". A pesar de que el portavoz de IU-ICV se centró en la crítica a los nacionalistas, la federación de izquierdas no puede disimular su malestar con el Gobierno por retrasar desde hace tres años la aprobación de una ley que formaba parte de su programa electoral.

En el PP también han detectado en el discurso de CiU un intento de escaparse por la puerta de atrás. El secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Jorge Fernández Díaz, afirmó hoy que la exigencia de CiU es sólo "una medida de cara a la galería" para justificar su no a "una ley que nunca tuvo que haber nacido".

En el lado de las asociaciones de represaliados, el presidente del Foro por la Memoria, José María Pedreño, desestimó la validez de los argumentos convergentes, argumentando que "cerca de 800 leyes del franquismo" reconocían ya los abusos republicanos, por lo que la urgencia actual está en reconocer los excesos del bando nacional.