El Supremo rebusca otra vez en los ingresos de Garzón en Nueva York

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ordenado hasta ocho diligencias de investigación previas a la admisión o inadmisión a trámite de una nueva querella contra el juez Baltasar Garzón por sus percepciones como profesor distinguido de la Universidad de Nueva York, pese a que ese mismo caso ya fue archivado por la propia Sala de lo Penal y por el Consejo General del Poder Judicial.

Es la cuarta ocasión en que el Supremo rebusca entre las denuncias y querellas de los abogados José Luis Mazón y Arturo Panea contra el juez, que les archivó una querella contra el presidente del Santander, Emilio Botín. Pero ahora se da la circunstancia de que la propia Sala de lo Penal rechazó una querella anterior relativa a los mismos hechos y en la que el ponente de la admisión, Luciano Varela, investigó exhaustivamente durante ocho meses los honorarios de Garzón.

Varela rechazó que las percepciones del juez de la Audiencia tuviesen nada que ver con el archivo de la querella, aunque dio traslado de los hechos al Poder Judicial por si Garzón hubiera incurrido en falta disciplinaria por la percepción de honorarios. Sin embargo, Varela archivó la querella al no apreciar ningún delito de prevaricación ni cohecho.

Licencia de estudios

El Poder Judicial, que ya había archivado una denuncia de Panea por los mismos hechos, volvió a investigar a Garzón tanto a instancias de Varela, como de la Sala de lo Contencioso ante la que Panea había presentado una demanda. En julio, el Poder Judicial archivó por segunda vez las denuncias al estimar que Garzón se desplazó a la Universidad de Nueva York con una licencia de estudios del Consejo, y sus honorarios no estaban sujetos a los límites de la Ley de Incompatibilidades.

Si entonces Panea y Mazón se apoyaron en un libro de investigación que acusaba falsamente a Garzón de haber cobrado 1,7 millones de dólares, ahora utilizan la web de la Universidad de Nueva York para decir que Garzón obtuvo del Santander 302.000 dólares para el patrocinio de sus actividades y añaden un delito de "estafa" a los de cohecho y prevaricación. En su auto de archivo, Varela explicaba que pese a lo que pueda sugerir la cifra de 302.000 dólares entregada por el banco, "en modo alguno puede decirse que la entidad le entregase su patrocinio al juez querellado".