El Supremo ilegaliza el PCTV por utilizar sus escaños al servicio de ETA

La Sala Especial del Tribunal Supremo, o Sala del 61, encargada de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos decidió ayer, por unanimidad, la ilegalización y disolución del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), tras estimar las demandas del Ministerio Fiscal y del Gobierno, representado por el abogado del Estado. El PCTV tiene nueve parlamentarios en la Cámara Vasca desde las elecciones autonómicas de mayo de 2005. Al igual que sucedió tras la ilegalización de Batasuna en 2003, esos parlamentarios podrán continuar en sus escaños, pero tendrán que disolver su grupo (Ezker Abertzalea) y pasar al Grupo Mixto.

Los parlamentarios podrán continuar, pero su grupo tendrá que ser disuelto

La Sala reanudó a las cinco de la tarde de ayer las deliberaciones iniciadas el miércoles, después de sentenciar, también por unanimidad, la ilegalización y disolución de ANV.

El abogado del Estado y el Ministerio Fiscal instaron la ilegalización del PCTV tras apreciar la instrumentalización del grupo parlamentario de ese partido al servicio de ETA, a partir de la ruptura del alto el fuego por la banda terrorista.

La sentencia sobre el PCTV, de la que es ponente el magistrado Enrique Bacigalupo, se notificará previsiblemente el lunes. A partir de ese momento, el Supremo tendrá que requerir a la Mesa del Parlamento Vasco para que dé cumplimiento a la disolución del grupo parlamentario, conocido como el de las nekanes.

Fuentes del Servicio Jurídico del Estado dijeron esta vez no esperan la reacción que tuvo la Mesa del Parlamento Vasco para eludir la disolución del grupo parlamentario de Batasuna, reacción que concluyó con la condena, en abril pasado, del entonces presidente de la Cámara Vasca, Juan María Atutxa, y los parlamentario Gorka Knörr y Kontxi Bilbao a penas de multa e inhabilitación por delito de desobediencia al Supremo. Aunque las elecciones autonómicas serán previsiblemente en marzo, las citadas fuentes subrayaron que no esperan actitudes obstruccionistas, dada la fluidez de las relaciones con la actual presidente de la Cámara Vasca, Izaskun Bilbao.

Por otra parte, en medios judiciales restaron importancia a la posibilidad de que la defensa de ANV y PCTV pueda presentar un incidente de nulidad de actuaciones contra las sentencias de ilegalización, que tendría que ser resuelto por la propia Sala del 61. Dado que el plazo para interponerlo es de 20 días, la Sala ya no estaría presidida por el actual presidente del Supremo, Francisco Hernando, que será relevado la próxima semana. Evitar el relevo del presidente antes de la sentencia fue precisamente el motivo de retrasar la apertura del Año Judicial hasta el día 29, para no dar argumentos a la defensa con un cambio en la presidencia de la Sala del 61. Consultadas sobre esa posibilidad, fuentes jurídicas dijeron que una vez resuelto el asunto principal, la alegación de vulneración de derechos en el proceso "no es lo mismo". Ese incidente, previsto en el artículo 240 de la ley orgánica del Poder Judicial, ya fue intentado sin éxito por Batasuna cuando el Supremo la ilegalizó y ordenó disolver su grupo parlamentario, Sozialista Abertzaleak.

Según fuentes del Supremo, los motivos que han sido determinantes en la ilegalización y disolución del PCTV han sido fundamentalmente de índole económica, y en concreto, la estrategia común entre el PCTV, ANV y Batasuna.

Esos motivos, según expusieron en sus alegaciones finales los demandantes, se refieren a sede social del PCTV fue utilizada para conservar facturas de gastos de miembros destacados de Batasuna. Asimismo, el PCTV procedió a la contratación generalizada de personas de relevantes posición dentro de la formación ilegalizada, e incluso en algunos casos, estando alguno de ellos vinculados a ETA.

Además, el PCTV ingresó diferentes cantidades como nóminas de "asalariados" suyos por importe de 27.000 euros. En definitiva, el PCTV-EHAK aprovechó sus fuentes de financiación como partido político legal para ayudar a la subsistencia de los máximos dirigentes de Batasuna, dotándoles de cobertura laboral retribuida.