Primera rebaja salarial de la democracia

Los funcionarios encarnan el cambio radical que ha experimentado el discurso del presidente del Gobierno en poco tiempo. De defender la mejora del poder adquisitivo de los empleados públicos, José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado a hacer historia con la primera rebaja salarial a este colectivo en democracia. Hasta ahora, la medida más drástica había sido la congelación que aplicó Mariano Rajoy como ministro de Administraciones Públicas en 1997. Entonces, Zapatero, responsable socialista de esa cartera en el Congreso, se opuso ferozmente. Los acontecimientos han colocado ahora a los mismos protagonistas en el papel contrario.

Todos los empleados públicos (2,6 millones sumando los de la Administración central, las comunidades, los Ayuntamientos y las universidades) se verán afectados por la reducción media del 5% a partir de junio. El Gobierno trabaja ahora en distribuirla por tramos de renta. Del recorte quedarán exentos los mileuristas (probablemente quienes perciben menos de 1.200 euros al mes), según fuentes del Ejecutivo; para el resto se graduará hasta un máximo del 15% que afectará a los miembros del Gobierno a partir del nivel de secretario de Estado. El objetivo es que ese mismo porcentaje se aplique también a los altos cargos de los poderes legislativo y judicial.

La bajada es gradual con un máximo del 15% a partir de secretario de Estado

El decreto deberá incluir en el tijeretazo a las empresas públicas

La medida invalida las subidas pactadas entre De la Vega y los sindicatos

Los funcionarios habían acordado una subida salarial del 0,3% este año

Tanto funcionarios como personal laboral de las Administraciones verán mermadas sus nóminas. El decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros para aplicar de forma inmediata debe incluir a trabajadores de empresas públicas como Renfe, AENA y RTVE, pues sus retribuciones figuran dentro de las reguladas en los Presupuestos Generales del Estado como gastos de personal. Lo mismo ocurre en las empresas dependientes de entes autonómicos y locales.

Con los recortes anunciados ayer, las Administraciones en su conjunto ahorrarán unos 4.400 millones de euros al año, que en 2010 se quedarán en poco más de la mitad porque la medida entra en vigor en junio. A las cuentas del Gobierno sólo les afectan unos 1.000 millones en un año (algo más de 500 en este ejercicio), pues la Administración central emplea al 22% de todos los empleados públicos del país.

Para 2011 la medida es igualmente dura, pues el descenso del 5% se consolida para el año próximo. Es decir, la congelación prevista en 2011 se aplica sobre el nivel de retribución que quede tras la rebaja que entra en vigor el próximo mes (no se recupera el nivel inicial).

Los tijeretazos invalidan automáticamente un elemento que Hacienda observaba con recelos para su plan de estabilidad 2010-2013. Se trata del acuerdo plurianual que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, firmó con los sindicatos de la función pública hace poco más de seis meses, cuando la Gran Recesión había mostrado ya toda su crudeza. El acuerdo fijaba una tibia subida del 0,3% para 2010, con una importante bala en la recámara. El Gobierno se comprometía a restituir el poder adquisitivo perdido en el periodo de vigencia del acuerdo (2010-2012) al final de ese periodo. Si este pacto siguiera en vigor, los Presupuestos de 2012 y 2013 deberían incorporar los fondos necesarios para revalorizar los salarios en función de la inflación real en ese periodo, una auténtica bomba de relojería que amenazaba con trastocar los planes del Ministerio de Economía de reducir la masa salarial pública. "El acuerdo queda derogado por el decreto que se va a aprobar", aclaran fuentes gubernamentales.

Con él desaparecen también todas las excepciones que ese texto establecía a los límites que el Ejecutivo ha fijado en la reposición de las vacantes públicas. Sanidad, educación, Fuerzas Armadas, dependencia, investigación y otras áreas de menor peso quedaban excluidas de la estricta tasa de sustitución (sólo se repone una de cada 10 bajas) aplicada este año y de las que se pudieran decretar en adelante.

El Gobierno en su conjunto ha tardado en ser consciente de que este acuerdo resultaba difícilmente aplicable en época de vacas flacas. El Ministerio de Economía tuvo que emitir una rectificación cuando su secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, mencionó que esos acuerdos debían ser revisados. Los sindicatos de la función pública se alarmaron y la propia De la Vega ratificó lo suscrito en septiembre, que queda ahora en papel mojado. La vicepresidenta se reunió el martes por la tarde con los líderes sindicales para comunicarles la decisión, que Zapatero trató poco después con Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO).

La principal duda reside en cómo se modificarán en un tiempo récord las tablas salariales de casi todos los funcionarios, pues las nuevas retribuciones deben estar listas en junio. Una forma sencilla de hacerlo consiste en aplicar los descensos a las pagas extraordinarias, pues no hay que cambiar toda la estructura.

Con el plan anunciado ayer, España supera en intensidad las medidas adoptadas por la mayor parte de países europeos, aunque queda lejos de lo aplicado en los países con peor situación: Irlanda, donde los sueldos públicos recibirán un recorte del 15% en dos años, y Grecia (16%).