PSOE y PP preparan una contraofensiva legislativa ante la oleada de escándalos

La batalla contra el "todos los políticos son iguales" une mucho. Los grandes partidos se han visto obligados a incluir la corrupción en sus agendas políticas. PSOE y PP preparan propuestas de reformas legales y de actuaciones políticas frente al vendaval, según dirigentes de ambos partidos.

Los dos aseguran que promoverán acuerdos entre ambos para mejorar la legislación, afectando al Código Penal, la Ley de Financiación de Partidos, la Ley de Bases de Régimen Local y la del Tribunal de Cuentas, entre otras.

Los dos aceptan de forma implícita que la Ley de Financiación de Partidos aprobada en la pasada legislatura presenta en la práctica, sólo dos años después, agujeros por los que se cuela la corrupción y admiten que el urbanismo es la principal causa de la más extendida, la municipal. Se busca también cómo recuperar pactos que fueron imposibles en la anterior legislatura.

Revisarán la ley de financiación de partidos aprobada hace sólo dos años

El PSOE propondrá el pacto municipal que no fue posible en la otra legislatura

El código ético del PP dará transparencia a las contrataciones internas

ERC impulsará un pacto entre todos los partidos en el Congreso

"Vivimos la resaca de la borrachera inmobiliaria", dice el diputado del PSOE y ex secretario de estado de Comunicación, Fernando Moraleda. Juan Manuel Moreno, secretario de Política Local del PP, recuerda que hay ayuntamientos en los que el 70% de sus ingresos vienen del urbanismo.

El PSOE, según Antonio Hernando, secretario del Área de Ciudades y Política Municipal, asegura que hay que ser firme como lo ha sido el PSC con el caso Pretoria, sin arremeter contra el juez, y es partidario de actuar para dar más transparencia a la gestión municipal. Gran parte de su actuación se basa en desarrollar apartados de la Ley de Bases de Régimen Local que fueron reformados en la pasada legislatura a iniciativa de los ministros Jordi Sevilla y María Antonia Trujillo y que no han sido aplicados. Y recuperar otros que aparcaron porque no pudieron pactar con el PP.

Por ejemplo, la publicación de los patrimonios de los concejales que quedó a expensas de los ayuntamientos y que sólo se ha puesto en marcha en muy pocos. En 2010, según el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, el Gobierno impulsará una norma que regule los derechos y obligaciones de los concejales. Se reforzará también la capacidad de actuación de los concejales de la oposición para fiscalizar y controlar todos los contratos municipales. El objetivo es hacerlo el próximo año, lejos de las municipales de 2011.

Además, el Gobierno incluirá en la próxima reforma del Código Penal las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), organismo dependiente del Consejo de Europa, para que, por ejemplo, se eleven las penas y se extiendan a las conductas de los políticos y de los empresarios privados implicados.

Así, está pendiente de ratificar en el Congreso un convenio con el Consejo de Europa que promovió el Gobierno de José María Aznar para castigar con penas de cárcel el cohecho impropio, es decir, aquel en el que no se pueda probar contraprestación a los obsequios. Esa es la conducta que se imputaba a Francisco Camps por los trajes. La revisión de estos delitos en el Código Penal fue aprobada por unanimidad el martes como consecuencia de una moción del portavoz de ERC, Joan Ridao, y pactada con el PSOE.

Las medidas del PP contra la corrupción, acuciado por la trama Gürtel, empezará con la propuesta de un código interno de conducta que se presentará la próxima semana. Según el PP, la pretensión es que la principal novedad de ese código sea la de establecer controles y dar transparencia a las contrataciones internas del partido. Actuar casi como un organismo público para la contratación, con publicidad de las ofertas y auditorías internas.

Moreno añade una propuesta de reforma de la ley de financiación de los partidos para impedir donaciones de constructoras e inmobiliarias. La prohibición afectaría a los partidos y a las fundaciones ligadas a los partidos, que quedaron al margen de la ley que, según Moreno, es excesivamente laxa. Añade que es "un disparate" que las sanciones del Tribunal de Cuentas tengan carácter potestativo y deben ser imperativas.

Otra medida que propondrá es que los partidos deberían tener obligación de presentar cuentas de todos los niveles y consolidadas, es decir, de cada una de las agrupaciones o sedes locales. En este momento los pequeños partidos locales quedan al margen del control, lo que permite situaciones de formaciones creadas en municipios concretos, que se atribuyen concejalías de urbanismo y reciben financiación de constructoras. Otra medida será la de prohibir condonaciones de deudas. Esta medida afectaría especialmente a partidos locales.

El PP considera indispensable el mayor consenso posible, con acuerdo con el PSOE, a diferencia de lo ocurrido en la ley de la pasada legislatura. La mayoría de estas medidas está en la moción aprobada el martes y que Ridao pretende impulsar en el Congreso como proposición de ley. Su objetivo es un "gran acuerdo" para la "regeneración política".

El PP, además, cree fundamental reformar la financiación local para evitar que el urbanismo financie ayuntamientos y que tengan participación en ingresos de las comunidades y del Estado y creación de nuevas figuras fiscales. Aceptan avanzar en la transparencia en los ayuntamientos como propone el PSOE y hacer que, por ejemplo, cualquier proyecto urbanístico sea público en la red.

El PP incluye también entre sus propuestas contra la corrupción la que esta misma semana propuso en la subcomisión que estudia en el Congreso la reforma de la ley electoral, para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. Aseguran que se trata de impedir que los tránsfugas pongan precio a su voto.

El pasado miércoles, en esa misma subcomisión, Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, propuso a los partidos que se incluyera en esa reforma de la ley electoral el pacto antitransfuguismo que ahora sólo tiene carácter de pacto político.

Pese a la preocupación por la imagen sobre la actividad de los políticos, los partidos coinciden en que hay 8.111 ayuntamientos y 65.000 concejales y el 80% no recibe ingresos. Es decir, que la corrupción es cosa de pocos, pero muy llamativa. Según el CIS, la corrupción no está entre las 15 primeras preocupaciones para los ciudadanos. Joan Herrera (ICV) lamenta la falta de discurso alternativo al urbanismo sin control. Es decir, que no se admita la corrupción como parte inevitable del desarrollo de un municipio.