PSOE y PP pactan expulsar a ediles ya elegidos si no condenan a ETA

Mientras por un lado el Partido Popular lanza insinuaciones sobre la posibilidad de que detrás del pacto presupuestario con el PNV esté el acuerdo para que Batasuna pueda presentarse de alguna manera las elecciones, por otro ayer se presentó, en una rueda de prensa conjunta de los dos grandes partidos, un acuerdo que lo hace muy difícil. Tras meses de negociaciones dirigidas por Txiki Benegas y José Antonio Bermúdez de Castro, PSOE y PP han pactado una reforma de la ley electoral que la endurece mucho, hasta el punto de que contempla una fórmula para echar de los Ayuntamientos a los concejales que se nieguen a condenar la violencia.

El viernes, cuando José Luis Rodríguez Zapatero cerró con Íñigo Urkullu, líder del PNV, un pacto estable que le garantiza apoyo para toda la legislatura, el portavoz del PP, Esteban González Pons, llegó a decir: "Tenemos derecho a saber si la izquierda abertzale y ETA están presentes en las negociaciones y está presente en el pacto". En una clara estrategia de doble discurso, Mariano Rajoy evitó entrar a ese asunto. Pero cundió, y algunos medios conservadores están lanzando esa idea.

El PP insinúa un pacto con Batasuna mientras acuerda cerrarles la puerta

La ley impedirá que un tránsfuga pueda cambiar el signo de un Ayuntamiento

González Pons insistió ayer en sus insinuaciones, pero casi al mismo tiempo se presentaba en el Congreso de los Diputados, en esa rueda de prensa conjunta PSOE-PP, muy poco frecuente, una reforma que va en la línea contraria. Ante esta aparente contradicción, Bermúdez de Castro explicó que esta reforma de la ley habrá que aplicarla con voluntad política, porque será la fiscalía quien tendrá que impulsarla, y será entonces cuando se acerquen las elecciones, cuando el Gobierno demostrará en qué línea está.

La ley, sin embargo, es muy clara y muy dura. El problema hasta ahora era que el mundo proetarra pedía el voto para un partido legal, como ANV, y cuando los tribunales decidían su ilegalización, los concejales electos no podían ser despojados de su acta. La reforma incluye un nuevo apartado del artículo 6 que establece una fórmula de "incompatibilidad" para inhabilitar a un concejal.

Cuando el partido por el que se presentaron sea declarado ilegal por sentencia firme, sus concejales tendrán 15 días para condenar la violencia, esto es, para distanciarse de los motivos por los que ha sido ilegalizada su formación. Si no lo hacen, quedarán formalmente declarados incompatibles y no podrán ejercer como concejales, aunque podrán recurrir esta decisión a la llamada Sala del 61, la Sala Especial del Tribunal Supremo que se ocupa de las demandas de ilegalización.

Tanto populares como socialistas aseguran que la ley se ha cuidado para evitar problemas de inconstitucionalidad, aunque otras formaciones tienen dudas de qué sucederá cuando uno de los concejales inhabilitados recurra. PSOE y PP van a agilizar los trámites para que la ley esté lista en enero y pueda aplicarse en las próximas municipales.

Si se declararan tantos concejales incompatibles que el Ayuntamiento se quedara sin ellos -podría suceder en pueblos pequeños donde todos los concejales sean del entorno de Batasuna-, el municipio quedaría en manos de la diputación. Para mostrar la eficacia, Benegas y Bermúdez de Castro citaron el caso de Mondragón, gobernada por ANV. La ley actual no permite inhabilitar a su alcaldesa. El pacto incluye reformas para impedir que Batasuna se cuele en las elecciones.

PSOE y PP también han acordado con otros grupos una reforma de la ley electoral para reducir los gastos y para impedir que un tránsfuga pueda cambiar un gobierno local, aumentando por ley la mayoría absoluta necesaria en un municipio cuando alguien cambie de grupo.