Montilla acusa a Convergència de financiación irregular a través del Palau

El camino de rosas que Convergència i Unió esperaba seguir para volver a la Generalitat tras siete años de Gobiernos de la izquierda en Cataluña amaneció ayer repleto de baches y curvas peligrosas. El informe de la Agencia Tributaria concluyendo que Convergència Democràtica recibió hasta 5,9 millones de euros de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música levantó una nueva tormenta política en Cataluña. El presidente de la Generalitat y líder del Partit dels Socialistes (PSC), José Montilla, acusó a Convergència Democràtica de recibir dinero ilegalmente. "Hay algo más que indicios de financiación irregular", dijo Montilla, quien llamó a Mas a dar explicaciones.

El caso del Palau de la Música, del que su ex presidente Fèlix Millet desvió presuntamente 35,1 millones de euros, fue, según Hacienda, una ingente fuente de ingresos para el partido de Artur Mas. Los peritos de la Agencia Tributaria han hallado pruebas de que la constructora Ferrovial pagaba a Fèlix Millet comisiones de cerca del 4% por la adjudicación de obras públicas de los Gobiernos de Jordi Pujol, que luego la formación nacionalista se repartía con Millet.

El Gobierno catalán y el PP creen que Hacienda confirma sus sospechas

Ferrovial se declara ajena al destino que Millet haya dado a sus aportaciones

Ferrovial, Millet y CDC cruzaron varias cartas sobre los pagos

El PSC cree que es el caso más grave de corrupción de la historia de Cataluña

Para todo el arco político catalán excepto CiU, el informe es la demostración de que el partido de Artur Mas se ha financiado irregularmente, aunque los nacionalistas se han enrocado en la estrategia de decir que no hay "nada de nada" y que se trata de una gran campaña de acoso político a una formación que se encuentra en su mejor momento de popularidad de la última década.

Fue el propio Artur Mas quien ayer dio la cara para intentar que el temporal pase lo más rápido posible. De hecho, los ex consejeros Felip Puig y Pere Macias rechazaron hablar con este diario. Mas echó mano de la misma estrategia que el Partido Popular ha utilizado desde que estalló el caso Gürtel: negarlo todo, desdeñar las pruebas periciales y culpar de todo a un grupo de delincuentes, en este caso Fèlix Millet, que nada tendrían que ver con Convergència. Pese a las evidencias que destapa la Agencia Tributaria en su informe de 82 páginas, Mas compareció ayer ante las cámaras de TV3 para decir que "no hay absolutamente ninguna prueba contra Convergència y estoy seguro de que no la habrá". También afirmó no saber nada de las comisiones del 4% que los peritos ven probadas e incluso dijo estar dispuesto a defender una por una las adjudicaciones de obras públicas hechas por los Gobiernos de Jordi Pujol, de los que Artur Mas fue consejero.

Mas, concretamente, pidió al Gobierno catalán y a la Justicia que examinen cada uno de los concursos de aquella época que ganó Ferrovial. Según la Agencia Tributaria, las adjudicaciones a esta constructora serían el eje de la trama de comisiones irregulares, sobre todo a raíz de dos obras: la línea 9 del metro de Barcelona, todavía en construcción, y la Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet, inaugurada el año pasado. "Las adjudicaciones a Ferrovial estaban perfectamente bien hechas", aseguró Mas.

La compañía de la familia Del Pino, la segunda constructora española por capitalización bursátil, aseguró ayer en un comunicado que es "completamente ajena" al destino que Fèlix Millet pudiera haber dado a sus aportaciones. La empresa coincidió con el líder de CiU en señalar que las licitaciones mencionadas en el informe de la Agencia Tributaria se desarrollaron "conforme a rigurosos procedimientos administrativos" y que las obras se adjudicaron a "la oferta más ventajosa para los intereses públicos".

No es la primera vez, sin embargo, que la constructora aparece relacionada con presuntos pagos a partidos. Los socialistas catalanes ya denunciaron en 1989 que la constructora había ayudado a enjuagar la colosal deuda que dejó a las arcas nacionalistas la denominada "operación reformista" capitaneada por Miquel Roca en 1986. Esa fracasada operación electoral se habría financiado, según los socialistas, con la ayuda de Ferrovial, después de que esta recibiera un suculento encargo para construir la autopista de peaje que enlaza Terrassa y Manresa, en Barcelona. Entonces, como ahora, CDC lo negó todo e instó a quienes dudaran de su palabra de acudir a la justicia.

La diferencia es que ahora hay abundante documentación, que señala que las aportaciones de Ferrovial no correspondían a patrocinio, sino al pago de supuestas comisiones por obras adjudicadas. Para empezar, los tres vértices del triángulo que constituye la presunta trama -Ferrovial, Millet y los tesoreros de CDC- se cruzaron varias cartas en las que se referían a dichos pagos. Y además de la documentación hallada, los peritos de Hacienda constatan que el Palau desviaba casi automáticamente los fondos procedentes de Ferrovial hacia la fundación de CDC y las empresas que realizaban campañas electorales para el partido.

Buena parte de esa documentación ya afloró durante la comisión de investigación que el Parlamento catalán cerró la semana pasada con la conclusión de que Convergència se había financiado de forma irregular. Los grupos de la mayoría gubernamental (PSC, ERC e ICV-EUiA), así como el PP, ven ahora más probada si cabe la conclusión a la que llegaron y que Convergència calificó de "caza de brujas".

La demanda ahora es que actúe la justicia. El diputado del PSC y portavoz en la comisión parlamentaria sobre el caso Palau Jordi Terrades, lamentó el "intolerable silencio" de Artur Mas "ante lo que podría ser el escándalo de corrupción más importante y grave de la historia de Cataluña". Y lanzó un reto al líder de CDC: "¿Dejará Mas de ser diputado si en los próximos meses la justicia confirma la financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música?".

Pere Bosch, diputado de ERC, que también busca erosionar a CiU poniendo de relieve que un partido nacionalista se financie con empresas constructoras con sede en Madrid, hizo ayer hincapié en que el Palau era un canal para que CDC se financiara ilegalmente. También ICV pidió por boca de su diputada Laia Ortiz que el juez abra diligencias para investigar esta nueva derivada del caso del Palau de la Música.