Libertad bajo fianza para los dos directivos de las filiales de FCC

El juez instructor del caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella decretó ayer la puesta en libertad bajo fianza de 24.000 euros de los dos altos cargos de empresas filiales de la constructora FCC detenidos el pasado martes en Madrid. El magistrado Miguel Ángel Torres imputa un presunto delito de cohecho a Joaquín Martínez-Vilanova, director general de FCC-Connex, y a José María Pérez Lozano, director general de CTSA.

Los imputados son los máximos ejecutivos de la empresa de transporte Portillo, que opera autobuses interurbanos en la Costa del Sol y cuyo director gerente, Julio de Marco, fue detenido el pasado 29 de marzo, en la primera jornada de la operación Malaya. De Marco fue puesto en libertad bajo fianza de 12.000 euros por un supuesto delito de cohecho en relación con la concesión del servicio de autobuses marbellíes.

Martínez-Vilanova -ex presidente de FEVE y de Binter, entre otros cargos- y Pérez Lozano fueron detenidos el martes por la mañana por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado para la Costa del Sol del Cuerpo Nacional de Policía. Los ejecutivos arrestados fueron puestos a disposición del magistrado Torres ayer por la mañana en el Juzgado número 5 de Marbella, aunque no comparecieron hasta después del almuerzo. Su comparecencia se prolongó aproximadamente durante una hora y cuarto, hasta las 18.30, cuando abandonaron la sede judicial por la puerta trasera para eludir a los periodistas. En la declaración ante el juez de los dos directivos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) estuvo presente el delegado en Málaga de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.

La investigación policial sobre Martínez-Vilanova y Pérez Lozano se centra, según fuentes policiales, en supuestas gestiones urbanísticas realizadas sobre la estación de autobuses de Marbella. Entre los encarcelados por la operación Malaya se encuentra el ex concejal de Transportes de Marbella, Victoriano Rodríguez, cuyo abogado solicitó el martes su puesta en libertad. Con estas últimas detenciones, suman 27 las personas arrestadas en la operación judicial contra la corrupción municipal marbellí, que continúa abierta. De ellas, 11 están encarceladas en la prisión de Alhaurín de la Torre, y el resto en libertad con cargos.

La empresa Corporación Española de Transportes por Carretera (CTSA), filial del grupo constructor FCC para el servicio de transporte de viajeros, adquirió en 2001 el 50% de las acciones de autobuses Portillo a cambio de 60 millones de euros. Antes de la venta a FCC, Portillo segregó la compañía y creó una división inmobiliaria que mantiene la propiedad de varias estaciones de autobuses y garajes en distintas localidades andaluzas, por cuyo uso CTSA paga un canon a Portillo Inmobiliaria. La oposición del disuelto Ayuntamiento de Marbella ha solicitado, sin conseguirlo, el convenio entre el Ayuntamiento y la empresa de autobuses.

Arraigo social

El arraigo social de Portillo en la provincia de Málaga es tal que al ser absorbida por CTSA, la empresa mantuvo su denominación. La compañía conserva la concesión de los servicios de transporte urbano de Marbella, Estepona, Benalmádena y Torremolinos, y la Junta de Andalucía le ha concedido la gestión de las líneas interurbanas de la Costa del Sol occidental, entre Rincón de la Victoria y Algeciras.

Los 16 vocales de la comisión gestora de Marbella consensuaron ayer reclamar a los cuatro partidos políticos que propusieron sus nombramientos una "mayor independencia" para poder gestionar las distintas áreas, tras las presiones recibidas desde que fue constituida hace cinco días. En la primera reunión de la comisión permanente, los cuatro grupos acordaron emitir hoy un comunicado conjunto para reclamar mayor libertad de acción ante las presiones políticas a las que es sometida su gestión.