"La Ley de Libertad Religiosa no está en el congelador"

Había muchas dudas sobre si la Ley de Libertad Religiosa vería la luz este año. Es más, en las previsiones de trabajo del Grupo Parlamentario Socialista presentadas esta semana no figuraba esta reforma. El pasado martes, el portavoz del grupo, José Antonio Alonso, no citó esta ley entre las que se encuentran ultimadas para que el Consejo de Ministros las envíe al Parlamento.

Pero la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, intentó ayer despejar las posibles dudas al comprometerse a que la ley sea una realidad "en este período de sesiones parlamentario", que empieza el próximo mes de febrero y termina el 30 de junio. "La ley no está en el congelador", aseguró De la Vega.

La norma fijará reglas de neutralidad con todas las confesiones

Los interlocutores consultados señalan, no obstante, que en principio el plazo casi se agotará, por lo que es previsible que esta ley se aprobará en un Consejo de Ministros de finales de la próxima primavera. Pero su desarrollo y desenlace depende de la voluntad de la vicepresidenta primera, bajo cuya responsabilidad se encuentra la modificación de la legislación en materia religiosa que procede de 1980. Claro está, por decisión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Los trabajos empezaron hace más de un año pero el equipo de la vicepresidenta avanza con pies de plomo ante la certeza de que la materia es extremadamente delicada. De hecho, ya ha levantado todo tipo de críticas sólo por su enunciado, sin conocer el contenido. Esta realidad y la acusación de que Zapatero "divide a los españoles" ha hecho pensar en muchos ámbitos socialistas que quizá esta ley quedaría en suspenso para no añadir más problemas al Gobierno.

La neutralidad de las instituciones frente a las distintas confesiones religiosas será el pivote sobre el que se asentará la futura ley, en la que se establecerán los cauces de relación con todas las confesiones religiosas.

En esta norma se regulará el uso de los símbolos religiosos, que previsiblemente quedarán excluidos de espacios públicos de carácter estatal, autonómico y local. Ahora bien, junto a esta ley que ahondará en la laicidad del Estado, convivirán todos los acuerdos con la Iglesia católica, incluida la financiación.