Juicio a la era Camps

Dos de sus compañeros de causa (Victor Campos, exvicepresidente autonómico, y Rafael Betoret, ex alto cargo de la Consejería de Turismo) han confesado. Uno de ellos ha devuelto el objeto del delito. Hay grabaciones que lo incriminan, decenas de facturas y hojas de pedido en los que figura su nombre. Y un testigo de cargo, el ex jefe de ventas de un establecimiento comercial, ha explicado con todo detalle cómo iba a tomarle medidas al hotel Ritz de Madrid. Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana (2003-julio de 2011) se sienta desde hoy en el banquillo, acusado de un delito de cohecho impropio (aceptar 25 prendas de vestir por valor de 14.000 euros de la trama Gürtel), con su línea de defensa muy debilitada.

Él espera que la fórmula del jurado -que exige siete de los nueve votos favorables para que haya sentencia condenatoria- y el contexto -los miembros del tribunal son ciudadanos de una provincia en la que su partido, el PP, no conoce la derrota desde 1995-, inclinen la balanza a su favor. Pero incluso con la absolución, la vuelta a primera línea de la política del expresidente valenciano parece muy improbable.

Durante las dos semanas de vistas señaladas se verá por primera vez en un proceso a los cabecillas de la trama mafiosa, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Testificarán el sastre José Tomás y el informático que declaró que sus jefes le ordenaron manipular las cuentas de Forever Young para encubrir el delito. Y se oirán las conversaciones en las que el expresidente llama "amiguito del alma" al delegado de la trama en Valencia, le asegura que le quiere "un huevo" e insiste en que su relación durará "toda la vida".

El juicio de los trajes contra Camps y el ex secretario general del PP regional Ricardo Costa será el primer acto de un proceso más grande del caso Gürtel en Valencia. En él están implicados por un amplio catálogo de delitos quienes fueron su número dos en el Gobierno, Vicente Rambla; su número dos en el partido, Ricardo Costa; su secretario de comunicación y luego director de la televisión autonómica, Pedro García, su directora de promoción institucional, Dora Ibars; su consejera de Turismo, Milagrosa Martínez; y la tesorera y la administradora del PP de la Comunidad Valenciana Yolanda García y Cristina Ibáñez, respectivamente, entre otros cargos.

Los indicios contra Camps son numerosos y han ido devastando la versión del expresidente: que pagaba sus trajes con dinero de la farmacia de su esposa, que no pedía tiques para que la gente no pensara que lo cargaba a protocolo y que su relación con El Bigotes era solo laboral.

A la vista de los más de 30 testigos que su defensa ha llamado en exclusiva (por ninguno de Ricardo Costa), las fuentes jurídicas consultadas consideran que su estrategia consistirá en saturar el juicio con declaraciones de escasa relevancia para el caso. Su escolta, por ejemplo, ha sido convocado para que explique que el expresidente pagó en efectivo en Forever Young una americana que nadie plantea que le fuera obsequiada. Y los dos jefes de planta de unos grandes almacenes han sido llamados para que acrediten que Camps suele comprar allí la ropa y que los trajes que adquiere son más caros que los que presuntamente le regaló la trama.

Una táctica que, según las fuentes consultadas, tendría pocas posibilidades de prosperar ante un tribunal formado por magistrados, pero que podría sembrar dudas en un jurado formado por ciudadanos legos en derecho.

Según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción que ha sido avalada por los jueces, Camps, Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret (los dos últimos ya condenados), recibieron de la red 59 prendas entre trajes, americanas, abrigos, corbatas, zapatos, pantalones y chaqués por importe de 40.374 euros desde 2005 hasta 2008. Los cargos valencianos hacían los encargos a José Tomás García, un sastre que les presentó Álvaro Pérez, El Bigotes, quien solía alardear de ser "el tío mejor vestido de España".

La mayor parte de la ropa era confeccionada por Sastrería Gorina (Sastgor), una empresa con sede en Navarra. Los acusados, según Anticorrupción, no pagaban por las prendas, que les eran enviadas a sus domicilios, al de El Bigotes o a la sede de la empresa que este administraba en Valencia, Orange Market. El precio era anotado en una cuenta abierta por Pablo Crespo que la trama saldaba cada cierto tiempo mediante cheques y transferencias.

La investigación ha destapado que el pillaje de Gürtel alcanzó la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Valencia en 2006. Las empresas de Francisco Correa habrían obtenido cerca de tres millones de euros del dinero que Canal 9 destinó a cubrir los actos. El beneficio de la relación entre la red y el PP valenciano era, sin embargo, mutuo. Según la fiscalía, Orange Market sirvió en la misma época de vehículo a las aportaciones ilegales que ocho empresas constructoras hicieron a sus campañas electorales de 2007 y 2008.

Desde el estallido del caso, en febrero de 2009, hasta su dimisión en julio pasado forzado por su partido, la figura de Camps sufrió un desgaste irresistible. El liquidador del zaplanismo, el poderoso barón territorial a quien se atribuían aspiraciones de suceder a Mariano Rajoy, fue convirtiéndose en un lastre para el PP. Un personaje incómodo, sinónimo de una era de excesos, deuda y escaso aprecio por la legalidad, con el que todos tratan hoy de marcar distancia.

Camps acudirá al juicio prácticamente solo. No habrá miembros del Gobierno autónomo. Ni siquiera estará allí Rita Barberá, la alcaldesa valenciana, que fue su gran apoyo. Cuando Camps se siente en el banquillo, Barberá estará en Madrid aclamando a Rajoy, que ni siquiera citó al expresidente en la plaza de toros de Valencia en plena campaña. Rajoy defendió a Camps hasta el último momento, pero desde que cayó y perdió el poder, todos parecen haberse olvidado de él, aunque sigue recibiendo a algunos consellers, señalan fuentes del PP, en su despacho del club de tenis de Valencia, donde pasa la mayor parte del tiempo, sin acudir a las Cortes, pese a ser aún diputado.