Los Gobiernos suman ya 50.000 millones en impagos, el cuádruple que antes de la crisis

La escena se vivió el 19 de julio en la Consejería de Sanidad de una autonomía con gobierno del PP. "La caja está vacía, no hay dinero. Si queréis cobrar, acudid a los tribunales". La recomendación del número dos de un consejero a un grupo de proveedores no es un caso aislado. Las facturas impagadas de las Administraciones se han multiplicado por cuatro desde el estallido de la crisis, hasta superar los 50.000 millones, según cálculos de EL PAÍS. La cifra supone el 5% del PIB y, unida al desplome de los ingresos y la sequía del crédito, se ha convertido en la pesadilla más cruel para los 3,2 millones de empresas españolas, de las que un 99% son pymes. En marzo de 2009 los impagos a proveedores sumaban 12.300 millones, según el sindicato de inspectores de Hacienda Gestha.

"La situación es dramática: tenemos que pagar el IVA aunque no cobremos"

La mora sacude sin piedad los cajones públicos. Afecta con contundencia a los empresarios de obra civil -15.050 millones de deuda, según su patronal Seopan- y a los trabajadores autónomos -14.983 millones, en cifras de la asociación ATA-. La industria del medicamento (5.450), las empresas de recogida de basura (4.000) y las de limpieza (1.000) acusan a los Gobiernos de financiarse a su costa.

Sectores como los despachos de farmacia, que arrastran una mora declarada de 383 millones en Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Baleares, no se resignan a cargar con los platos rotos. Lo demostraron el pasado jueves 700 boticarios manchegos, que cerraron para clamar contra los impagos del Gobierno de María Dolores de Cospedal, del PP.

¿Por qué se han disparado los impagos? El desplome de los ingresos, el tabú político de subir impuestos y la exigencia del Gobierno de mantener a raya el déficit de Ayuntamientos y comunidades tienen la culpa.

La municipal es la Administración que más se retrasa a la hora de extender el cheque, según todos los empresarios consultados por este periódico. Su promedio de pago a los proveedores de obra pública, por ejemplo, es de 238 días, más del triple de lo que tarda una empresa (75 días) en devolver sus créditos a los bancos, según la Plataforma contra la Morosidad. El plazo medio de pago del Gobierno central a las constructoras es de 140 días, y el de las autonomías, de 155, según Seopan.

Los Ayuntamientos están discriminados por la ley, porque ellos -al contrario que comunidades y Administración central- no pueden contraer deuda nueva para ir pagando los vencimientos anuales de la que ya acumulan. Eso ha hecho que, a medida que la crisis iba a más y la deuda impagada ahogaba a los municipios, estos hayan empezado a utilizar el dinero que debían destinar a proveedores para pagar los vencimientos de la deuda a los bancos. La Federación Española de Municipios y Provincias lleva años pidiendo al Gobierno, en vano, que acabe con esa discriminación.

"Los impagos provocarán que los Ayuntamientos no puedan prestar todos los servicios, el ciudadano sufrirá recortes en los próximos meses", augura Francisco Jardón, presidente de la patronal de las empresas de recogida de basura Aselip, que agrupa a divisiones de gigantes como ACS o Ferrovial. Madrid, que según Jardón tarda un año en pagar, debe al sector 500 millones.

El empresario prevé nuevas entregas de episodios como el del pasado septiembre, cuando las concesionarias de limpieza dijeron basta al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y amenazaron con no abonar la nómina de sus 12.000 trabajadores. El motivo: una deuda de 289 millones. Antes del plante, llegó el cheque. La capital recurrió a un confirming, una operación financiera donde el banco adelanta el pago y en la que el desesperado proveedor acepta asumir los intereses, con tal de cobrar.

Por su parte, las facturas impagadas que guardan en sus cajones las 17 autonomías se han multiplicado en tres años. Para aliviar los impagos a proveedores y controlar el déficit, las regiones han optado por recortar gastos (5.000 millones) y emitir deuda.

Juan Díez de los Ríos, presidente de Aspel, patronal de la limpieza de hospitales, colegios y edificios públicos, sostiene que las condiciones de cobro en los últimos tres meses "han empeorado mucho" en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde el sector cobra a cinco meses. El músculo financiero de sus empresas, con compañías como Eulen o las filiales de Acciona y FCC, le permiten aguantar el temporal.

Menos suerte corren las pequeñas. Juan de la Cierva dirige una pyme de 10 trabajadores que suministra material quirúrgico a los hospitales de Murcia. Se queja de que el Gobierno de Ramón Luís Valcárcel (PP) adeuda a las 23 empresas de su sector 800 millones desde 2009 y desconfía de que el dinero llegue a tiempo para evitar la asfixia. "La situación es dramática: los bancos no dan créditos y debemos pagar el IVA aunque no cobremos. En septiembre algunos compañeros echarán la persiana", lamenta. De la Cierva reprocha que Valcárcel incumplió su promesa de utilizar los ingresos de las últimas emisiones de deuda pública (200 millones) para tapar el agujero.

Los 200 laboratorios que agrupa Farmaindustria, la patronal española del medicamento, tardan 432 días de media en cobrar. "Estamos hartos de financiar a las autonomías", protesta un portavoz de este colectivo, que factura 15.000 millones al año y que solo entre marzo y junio vio cómo el dinero que les adeudan las autonomías pasaba de 5.200 a 5.450 millones de euros.

La justicia ampara al proveedor. La Ley de Morosidad de 2010 establece que el sector público debe pagar en 50 días (en 30 a partir de 2013). Sin embargo, la realidad ha dinamitado los plazos. Los Gobiernos de las tres Administraciones tardan, de media, 157 días en pagar.

Las facturas también quitan el sueño a los más de tres millones de autónomos, el eslabón más débil de la cadena. Los Ayuntamientos tardan 296 días en acordarse de sus deudas, según la asociación mayoritaria ATA. "Las microempresas estamos financiando a la Administración cuando debería ser al revés", denuncia su presidente, Lorenzo Amor. Desde el inicio de la crisis, en septiembre de 2008, más de 300.000 autónomos se han quedado en el camino. "La Administración nos ha condenado a la ruina, el futuro es desolador", añade Amor.