El Gobierno solicita informes para tratar de ilegalizar Amaiur
La fiscalía cree difícil lograr nuevas pruebas contra la coalición 'abertzale'
Da igual que el Tribunal Constitucional declarara el pasado 9 de mayo que Bildu es una coalición legal y le permitiera concurrir a las elecciones forales y municipales del 22-M. La suma a esa formación de Aralar -el partido abertzale y de izquierda contrario a la violencia de ETA desde su creación- que ha dado como resultado Amaiur, la marca de Bildu para las generales del 20-N, está siendo vigilada muy de cerca por el Gobierno. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció ayer que la Abogacía del Estado pedirá a la Sala del 61 del Tribunal Supremo que la ilegalice si existe "un mínimo legal y probatorio suficiente".
Y para buscar ese mínimo, los servicios jurídicos del Estado ya han pedido informes a la policía y la Guardia Civil. La Abogacía, según Caamaño, vigila a los alcaldes y concejales de la coalición "desde el primer día". También la fiscalía, la otra institución que podría instar la ilegalización de Amaiur en aplicación de la Ley de Partidos, se ha reunido con los cuerpos policiales para encontrar material con el que actuar contra la coalición. Tras esos encuentros, el fiscal les ha solicitado que le mantengan informado sobre las actividades de sus miembros y cargos públicos.
Las expectativas del Ejecutivo de lograr la ilegalización de Amaiur son, sin embargo, menores, dada la sentencia del Constitucional que permitió presentarse a Bildu en contra de su criterio. Fuentes de la fiscalía creen que la inclusión de Aralar en la coalición, difuminará aún más la presencia en las listas de herederos destacados de Batasuna que puedan contaminar las candidaturas y llevarlas a su prohibición. En todo caso, tanto el ministerio público como el abogado del Estado tendrán que esperar a su publicación en el BOE, el próximo 19 de octubre. El plazo para presentar la demanda de ilegalización ante la Sala Especial del Supremo termina el 27 de octubre.
"Será difícil encontrar más elementos probatorios de los que se encontraron con Bildu", concluyen esas mismas fuentes.
Argumentos del Constitucional para legalizar Bildu
- La sospecha no vale. "La simple sospecha no pude constituirse en argumento para excluir a nadie de su derecho fundamental de participación política".
- Control preventivo. Los controles preventivos para asegurar la seguridad del Estado constitucional "ponen muy en primer lugar en riesgo al propio Estado" teniendo en cuenta "los instrumentos de control a posteriori de los que se ha dotado".
- Instrumentalización. "Puede admitirse que ETA y Batasuna han propugnado una estrategia de convergencia con otras fuerzas de la izquierda abertzale", "pero que hayan instrumentalizado a Bildu o que esta o los partidos que la integran hayan dejado instrumentalizar sus candidaturas es una conclusión que no puede alcanzarse".
- Independientes. El exceso de independientes descartada su vinculación con Batasuna "no puede transmutarse en indicio de la ocupación de las listas por el partido ilegalizado Batasuna".
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