El Gobierno planta cara a los jueces y les acusa de presionar al Parlamento

El Gobierno salió en tromba ayer decidido a plantar cara a los jueces y atajar la huelga en ciernes convocada por las cuatro asociaciones profesionales para el mes de junio, medida que llegó a ser calificada de "traición a los ciudadanos" por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reprochó a las asociaciones "no haber pensado un poco más" sus exigencias antes de convocar la primera huelga de la historia judicial y les advirtió de que las retribuciones para 2009, que aumentarán en una media del 5%, no pueden modificarse respecto a lo ya previsto en los Presupuestos.

El ministro de Justicia atribuyó el órdago lanzado por las asociaciones a que éstas se han puesto "a la cabeza de la manifestación" tras comprobar que el movimiento de base generado en torno al caso del juez Rafael Tirado "se les iba de las manos". Según el ministro, en la amenaza de huelga "está flotando" el caso Tirado, o "la no exigencia de responsabilidades a un juez que ha incumplido sus responsabilidades".

Para Bermejo, en la amenaza de huelga "está flotando" el 'caso Tirado'

De ahí que, debido a su "estado de desorientación", y al movimiento de base de los jueces, las asociaciones apostasen por articular una serie de reivindicaciones y amenazasen con una huelga, que, según el titular de Justicia, trata de "presionar al Parlamento" para que el contenido de alguna de las reformas que el Gobierno ha remitido a las Cámaras "sea el que los jueces quieren".

Bermejo, que hizo estas declaraciones a la cadena SER, aseguró que "la cuestión no es siquiera si un juez tiene derecho a la huelga". En su opinión, la clave está en que "un titular de un Poder del Estado no se puede permitir el lujo de hacer huelga", porque es "una traición" al mandato de los ciudadanos.

Sobre el derecho de los jueces a la huelga, el ministro señaló al Consejo General del Poder Judicial como el organismo que deberá "sentar criterio jurídico" sobre si los jueces tienen derecho a hacerla y anticipó que su opinión es que no. Bermejo expresó su decepción por la actuación de las asociaciones judiciales y criticó que a estas alturas pidan que se ponga en marcha la nueva oficina judicial cuando el Ejecutivo ya ha enviado el proyecto al Congreso.

En tono más mesurado, el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó en Onda Cero que el Gobierno "va a dialogar" con las asociaciones judiciales y dijo que "prefería no pensar" que el aviso de huelga tenga que ver con el caso Mari Luz. Sin embargo, el presidente se mostró firme al subrayar que el Gobierno "no se va a mover" en la previsión de 5% de aumento prevista en los Presupuestos, dado que buena parte de las reivindicaciones de los jueces son salariales.

Zapatero significó que no son los "problemas de los jueces" lo que más le preocupa, sino "los problemas de los ciudadanos ante la Justicia". En esa línea, subrayó que el Gobierno ha duplicado la inversión para modernizar las infraestructuras de la Justicia y es el que más ha incrementado las plazas de jueces y fiscales. Concretamente, en 2008 se incorporaron 5.000 nuevos funcionarios y desde 2005 se han creado 684 plazas de jueces y 484 de fiscales, 1.148 en total, según las cifras del Ministerio.

Las intervenciones del presidente Zapatero y del ministro de Justicia fueron contestadas por las asociaciones y desde el propio Consejo del Poder Judicial.

El portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, acusó a Bermejo de "pervertir el debate" sobre las demandas de los jueces y "confundir a la opinión pública", y negó que la intención de los jueces fuera "revolver, molestar, y traicionar porque sí".

A su vez, Lorenzo del Río, portavoz de la centrista Francisco de Vitoria, negó que en las reivindicaciones de los jueces hubiese un aumento salarial superior del 5% y explicó que la referencia a la Ley de Retribuciones que incluyen sus reivindicaciones tiene que ver con la revisión de las retribuciones variables que tiene que hacerse cada cinco años.

Respecto al emplazamiento de Bermejo al Poder Judicial para que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, afirmó que el organismo no tiene competencias jurisdiccionales, por lo que no le corresponde determinar si los jueces tiene o no derecho a la huelga. Según Bravo, la competencia es del legislador o en el caso de que una eventual huelga sea impugnada del órgano jurisdiccional al que corresponda entender del asunto. La portavoz consideró "sensata" la postura de los jueces -que han anunciado una protesta para el 18 de febrero y una huelga para el 26 de junio- porque seis meses de plazo son suficientes para "hacer visible" el trabajo iniciado por el Poder Judicial y por el Gobierno.

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