El Gobierno endurece el control de centros de reconocimiento de conductores

Será más difícil burlar los controles, tanto para los centros de reconocimiento como para los conductores. Las pruebas psicofísicas para sacarse o renovar el carné de conducir serán más estrictas y la información se trasmitirá inmediatamente a la Administración. El nuevo reglamento aprobado hoy por el Consejo de Ministros viene a intentar atajar los abundantes casos de fraude que se daban, que han llegado a perpetuar la paradoja de que cuanto peor mejor.

Como reconocían las propias asociaciones de centros y los propietarios de muchos de estos establecimientos, los automovilistas hacían correr la voz de en qué lugares era más fácil superar los controles psicofísicos para sacarse o renovar el carné de conducir o las licencias, y los que cumplían con su obligación iban perdiendo negocio. En alguno de ellos, ni exploraban al cliente, simplemente firmaban el certificado. En muchos era extraño encontrarse los tres facultativos preceptivos. En una gran cantidad, no se realizaban las pruebas mínimas para asegurar que una persona reunía todos los requisitos para ponerse al volante.

El nuevo texto, que sustituye al actual que tenía un cuarto de siglo de vida, simplifica los trámites administrativos a los que hasta ahora debía someterse el ciudadano, y según el Gobierno, permitirá ahorrarse 7,2 millones de euros y 3,6 horas en desplazamientos. Esto es así porque el nuevo reglamento perpetúa algo que se venía haciendo hasta ahora de tapadillo, pero con consentimiento legal: el automovilista no tendrá que pisar la jefatura provincial de Tráfico para renovar su permiso de conducir, podrá efectuar todos los trámites desde el establecimiento donde acude para obtener el certificado. Una medida que no ha gustado nada a las gestorías que sienten que se les arrebata una parte de su pastel.

Dentro de seis meses, periodo que la Administración ha dado a los centros para que se pongan al día, los responsables de los establecimientos de reconocimiento de conductores deberán tener a punto el sistema informático que les permita enviar en tiempo real y por vía telemática los "historiales clínicos" y el resultado del reconocimiento realizado al Registro de Conductores e Infractores de la Dirección General de Tráfico. Estos establecimientos deberán asimismo remitir a Tráfico la documentación que permita constatar que se ha realizado una revisión médica "completa".

Quedará registrado informáticamente que se han cumplimentado todas las pruebas exigidas (que también se han actualizado) y se exigirá al ciudadano que firme una declaración de que no sufre determinadas enfermedades. Estos informes serán válidos en todo el territorio nacional, y no sólo en la comunidad en la que se han obtenido como hasta ahora. Todo se realizará telemáticamente, no será necesario ni un solo papel.

Equivalente a 200 funcionarios

Según una nota de prensa hecho pública esta tarde, todo esta gestión online "supondrá un ahorro de trabajo administrativo equivalente al trabajo que desarrollan aproximadamente 200 funcionarios al año, quienes podrán dedicarse, entre otras labores, a la inspección y control de calidad de los centros".

Se prevé que el centro pueda contratar con una clínica la prestación de servicios de oftalmología, en lugar de tener que contar con un médico oftalmólogo en el centro, así como la figura del director facultativo, que será el responsable de la firma del informe del aptitud psicofísica en aquellos supuestos en que el director del centro no reúna la consideración de facultativo.

Cada año, se tramitan unos 4,5 millones de certificados de aptitud (un millón de nuevos conductores y 3,5 de renovaciones) que actualmente eran introducidos manualmente por funcionarios de las jefaturas provinciales de tráfico. Esto reporta a los centros de reconocimiento más de 180 millones de euros anuales.

Más inspecciones

Hasta ahora las inspecciones de estos centros se hacían de forma aleatoria. Según la Dirección General de Tráfico, al recibir la información sistematizada y telemáticamente, las inspecciones pasarán a estar dirigidas a los centros en los que se detecte alguna anomalía o desviación.