Garzón ante sus jueces

El Supremo ha admitido en pocos meses la tercera querella por prevaricación contra Garzón, esta vez a causa de las escuchas en la cárcel de las conversaciones mantenidas entre los letrados del caso Gürtel y sus clientes. La noticia se conoció casi al tiempo que el escrito del fiscal oponiéndose a la eventual suspensión del juez de la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como secuela de la primera querella -también por prevaricación- admitida en mayo de 2009 con la firma del sindicato de paja Manos Limpias y Falange Española, relacionada con la exhumación de decenas de miles de víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil. Y todavía queda pendiente una segunda querella por prevaricación -según el orden temporal de admisión por el Supremo- a propósito de unos cursos académicos organizados en Nueva York con financiación parcial del banco Santander.

El Supremo admite la tercera querella contra Garzón y el Poder Judicial estudia suspenderle

El Supremo dictará en su día los fallos correspondientes -absolutorios o condenatorios- sobre el fondo de las tres querellas presentadas contra Garzón, tal vez la personalidad española más famosa y admirada en el mundo. El contenido de los asuntos instruidos por el juez de la Audiencia Nacional a lo largo de 20 años de dedicación exclusiva, sólo interrumpida en 1993-94 por una breve excursión a la política, es apabullante: Pinochet, el terrorismo de ETA y el fundamentalismo islámico, el narcotráfico, la delincuencia económica, las mafias organizadas, la corrupción política y los crímenes de Estado. Sin duda, el periodo de estancia en ese cargo de Garzón ha resultado excesivo en la perspectiva de un Estado de derecho: para Napoleón, un juez de instrucción capaz de tomar decisiones sobre la libertad de los ciudadanos y el dominio de sus bienes era la persona más poderosa de Francia. Las futuras sentencias del Supremo permitirán saber si Garzón manchó su meritoria carrera (al mejor escribano se le escapa un borrón) o es la víctima propiciatoria de una venganza política o corporativa.

En cualquier caso, los acarreadores de la leña verde destinada a quemar al juez réprobo en la hoguera olvidan que la presunción de inocencia le ampara. La oposición de la fiscalía a la admisión de las querellas y a la eventual suspensión de Garzón por el CGPJ redoblan la eficacia de esa garantía constitucional. El debate extrajurídico en torno a las motivaciones ocultas, hubris de poder y ambiciones personales de Garzón se mueve en el resbaladizo campo de los enjuiciamientos psicológicos -sean cuales sean las posiciones de acusadores y defensores- pero resulta ajena al terreno de los hechos probados y los fundamentos de Derecho propio de la Justicia. Ni siquiera hace falta estar de acuerdo sumarialmente con el juez de la Audiencia Nacional para negar su condición de delincuente: el fiscal discrepó de la instrucción de las exhumaciones, pero al tiempo rechaza que constituyese un delito de prevaricación.

Los muñidores de mayorías dentro del CGPJ están maquinando la suspensión de Garzón hasta que se dicten las sentencias (¿cuántos años tardarían?) sobre las tres querellas. El artículo 383 de la LOPJ prevé -pero no ordena- la suspensión cuando se proceda contra los jueces por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la medida no es automática: depende de las circunstancias de cada caso. A efectos prácticos, la suspensión suele ser interpretada como un adelanto de la pena. Pero en este caso, la actitud desfavorable de la fiscalía apuesta por la presunción de inocencia y por la futura absolución de Garzón.

El polémico y documentado libro de Diego Iñíguez sobre El fracaso del autogobierno judicial (Civitas, 2008) -prologado por Perfecto Andrés Ibáñez, defensor del modelo italiano de la institución- narra una triste historia de politización partidista, corporativismo gremial y venganzas sectarias del CGPJ. La escandalosa tangana organizada por el vocal Gómez Benítez -abogado defensor en su día de Garzón- para denunciar el nepotismo y el clientelismo de los nombramientos judiciales de asignación discrecional sólo reveló el conocido secreto de polichilena. El CGPJ está secuestrado por dos agrupaciones judiciales -sindicatos encubiertos que tratan de disimular su interdicción constitucional- controladas por camarillas y tributarias del PP y del PSOE. La correlación de fuerzas dentro de esa máquina de picar carne heterodoxa es desfavorable a Garzón: sólo una decisión prudente, equitativa y responsable sobre su eventual e indeseable suspensión podría salvar a la Justicia española del desprestigio y del ridículo internacional.