Falsos empresarios intentan tender una trampa al abogado que acusa a Fabra

La policía desbarató ayer en Valencia un montaje que presuntamente tenía como fin desacreditar al abogado José Luis Vera, que representa a la Unión de Consumidores Valenciana, organización presente como acusación popular en la causa que se sigue por múltiples delitos contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Dos personas que simularon ser directivos de una empresa que no figura en el Registro Mercantil y a los que se intervinieron sendas identificaciones como miembros del grupo de comunicación Intereconomía, próximo al PP, intentaron tender una trampa a Vera. Este diario intentó recabar ayer, sin éxito, la versión de Intereconomía.

La policía retuvo a los falsos empresarios para su identificación y les requisó una grabadora camuflada en una agenda y una aparente sortija de brillantes, que ofrecieron a Vera como aperitivo de lo que le pagarían después por asesorarles en instalar una planta de serigrafía en Valencia. Los falsos empresarios le ofrecían la sortija como una expresa atención para la esposa del letrado, la ex diputada socialista en el Parlamento valenciano María Antonia Armengol.

La empresa no existe

La cita, que tuvo lugar en la cafetería de un hotel valenciano a las 8.30, fue una farsa por ambas partes. Vera sabía desde la víspera que alguien quería tenderle una trampa porque los supuestos empresarios se dirigieron a él previamente invocando el nombre de dos personas, una de ellas un redactor de EL PAÍS. Alegaban que éstas les habían recomendado contratar los servicios de Vera para una asistencia jurídica de sus negocios en expansión en la región. El letrado sospechó que la cita era una maniobra oscura y puso los hechos en conocimiento de la policía, que montó una vigilancia del encuentro. El letrado, además, había comprobado que la empresa invocada por sus pretendidos contratistas, Facsoil Group, no existía ni cuadraban sus direcciones domiciliarias.

En la mañana de ayer, uno de los supuestos empresarios, que se presentó como Rubén Bret, tras introducirlo en la cafetería aparentando ser un mero secretario, le dejó a solas en una mesa con su pretendido jefe empresarial, que dijo llamarse Alberto Sánchez Poveda. Entretanto, uno de los agentes desplegados permanecía en las proximidades.

Sánchez Poveda explicó a Vera que controlaba numerosas empresas a través de Infraestructuras y Gestión, supuesta matriz de diversas firmas, con una facturación multimillonaria. Alegó que su padre era muy amigo de Francisco Tomás y Valiente, el asesinado ex presidente del Tribunal Constitucional. A grandes rasgos, el negocio que le dibujó consistía en la exportación de máquinas de serigrafía a Argelia y a Italia a través del puerto de Valencia, para lo que pretendía instalar dos naves en Gandía.

El pretendido empresario alardeó ante Vera de que era militante socialista, a lo que el letrado replicó que él no lo era y le preguntó qué importancia podía tener el ser militante o no del PSOE para el negocio que estaban tratando, según la denuncia que interpuso después contra los dos falsos empresarios por chantaje, obstrucción a la justicia, amenazas y revelación de secretos.

El fingido empresario, según el relato del denunciante, le confesó que estaba seguro de que la Administración valenciana, bajo mandato del PP, le pondría muchos problemas. Llegó a decir que el Ejecutivo valenciano le daba "asco" y que por ello había dilatado su implantación en esta región. El falso empresario preguntó a Vera si conocía a alguien en Aduanas con la supuesta intención de pedirle que mediara. El abogado negó tener tal contacto. La guinda de la encerrona se produjo cuando el tal Bret puso sobre la mesa lo que denominó "un detalle para la esposa" de Vera. Y de una bolsa de fieltro blanca extrajo un anillo de oro que llevaba engarzados supuestos diamantes. Vera rechazó el regalo. El falso empresario le insistió en vano que lo cogiese como compensación por haberlos atendido tan rápidamente. Y se jactó de que ya lo consideraba socio suyo. Vera reiteró su negativa a aceptarlo. Y, en ese momento, le avisó la policía por el móvil de que era momento de intervenir. Ambos empresarios alegaron que no llevaban sus DNI; sólo portaban sendos carnés de Intereconomía. La policía descubrió que habían grabado la reunión con una falsa agenda.