Estrasburgo condena a España a indemnizar a Otegi por vulnerar su libertad de expresión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), ha declarado que España vulneró el derecho a la libertad de expresión del dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi, condenado por el Tribunal Supremo en 2005 a un año de prisión por haber llamado al Rey "jefe de los torturadores". España deberá indemnizar a Otegi con 20.000 euros por daños morales y con 3.000 de costas por infracción del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Según la sentencia de Estrasburgo, Otegi se expresó en su calidad de portavoz de un grupo parlamentario y en una cuestión de interés para el País Vasco cual era el recibimiento que el lehendakari había deparado al Rey en su visita oficial al País Vasco del 26 de febrero de 2003. Poco antes se había cerrado el diario Egunkaria y sus responsables habían sido detenidos y denunciaron malos tratos. El Tribunal europeo admite que las expresiones de Otegi, en sí mismas, pueden ser consideradas como un lenguaje "provocador" y "hostil" hacia la institución de la monarquía pero no exhortan al uso de la violencia, y no se trata de un "discurso de odio".

La sentencia constata que la condena a Otegi se fundó en el artículo 490 del Código Penal, que da al jefe del Estado un nivel de protección superior al de otras personas o instituciones y prevé sanciones más graves que el régimen común del delito de injurias. Según el Tribunal, esa protección incrementada en materia de ofensas no es, en principio, conforme con el Convenio europeo. Fuentes jurídicas sostienen que esta declaración puede obligar a las autoridades españolas a revisar el delito de injurias al Jefe del Estado en el Código Penal.

La Corte europea considera que Otegi no dirigió un ataque personal gratuito contra la persona del Rey, ni cuestionó su vida privada u honor personal. Las expresiones empleadas por el dirigente de Batasuna apuntaban únicamente a la responsabilidad personal del Rey en tanto que jefe y símbolo de las fuerzas que, según él, habían torturado a los responsables del diario Egunkaria.

Al examinar la pena de un año de prisión impuesta a Otegi, el Tribunal la considera "particularmente severa" y entiende que una pena de prisión por una infracción cometida en el ámbito de un discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada en el artículo 10 del Convenio, salvo en circunstancias excepcionales como la difusión de un discurso de odio o la incitación a la violencia.

"Ninguna de estas circunstancias se ha producido en el contexto de un debate sobre una cuestión de un interés público legítimo y no justifican la imposición de tal pena de prisión", prosigue el Tribunal, que añade que las razones de la jurisdicciones internas españolas no son suficientes para que la condena fuese "necesaria en una sociedad democrática". Por tanto, la Corte tacha la condena de "desproporcionada" y declara que hubo violación del artículo 10 del Convenio Europeo, relativo a la libertad de expresión.

El Tribunal rechaza la petición de Otegi de 78.586 euros de indemnización por perjuicios; y, de los 30.000 euros de daños morales que reclamaba, le concede 20.000, además de 3.000 euros de costas, a pagar en tres meses.