"Espero que el Consejo imponga tres años de suspensión al juez Tirado"

La grabadora registra 3.821 palabras tras una hora de preguntas y respuestas, aunque la entrevista que se puede leer bajo estas líneas sólo recoge 2.587. Entre lo recortado, por reiterativo, predomina una idea con la que María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 1949) apuntala su discurso en los primeros 20 minutos de conversación, dedicados en exclusiva a la crisis económica. "Hemos actuado desde el primer día tomando las medidas necesarias". La vicepresidenta acude siempre en auxilio de esta frase, pronunciada hasta 13 veces con escasas variaciones sintácticas, como si con ella pretendiera ahuyentar la tenaz pesadilla de la crisis.

De la Vega recibe a EL PAÍS en el reluciente despacho de un nuevo edificio del complejo de La Moncloa (jueves, 13.30). El último dato económico que llegó por la mañana a su mesa demuestra que "las medidas necesarias" aún no frenan el descalabro: el paro -95.367 personas más en septiembre, 608.000 en 12 meses- sube al mayor ritmo en 30 años.

"Los depósitos están garantizados. Si hay que introducir más garantías, lo haremos"

"Trabajamos por un modelo económico sólido. Hay que pasar del ladrillo al 'chip"

"El PP propone una cosa y la contraria. Debería arrimar el hombro"

"La solución a la crisis no es modificar las condiciones del despido"

"Colaboraremos en la investigación del juez Garzón en todo lo que nos pida"

"Hay que exigir que Dívar actúe con rigor, no en función de sus creencias religiosas"

Pregunta. ¿Tiene hipoteca?

Respuesta. Sí.

P. ¿Cuánto le ha subido la mensualidad en el último año?

R. Cincuenta y tantos euros.

P. ¿Van a tomar nuevas medidas para ayudar a las personas que cada día están en situación más desesperada por la subida de sus hipotecas?

R. Llevamos tomando todas las medidas necesarias desde el primer día. Incluso antes de tomar posesión el nuevo Gobierno. La primera decisión fue acelerar la licitación de obras previendo que podía haber un parón en la construcción. Adoptamos más de una docena de medidas que tenían que ver con hipotecas, ayudas a Pymes, devolución del IVA, desaparición del impuesto de patrimonio y, a partir de ahí, en los veintitantos consejos de ministros que hemos tenido hasta la fecha, el Gobierno ha adoptado siempre decisiones que tienen que ver con la situación que estamos viviendo. Estamos vigilantes y en cada momento adoptamos las medidas necesarias y convenientes para hacer frente a la situación. Tanto para reactivar la economía como para ayudar a las personas a paliar las consecuencias.

P. ¿Habrá medidas nuevas?

R. En estos momentos hemos adoptado las medidas que creemos necesarias. Si en otro momento creemos que hacen falta otras, no tendremos problema en adoptarlas. Estamos trabajando para mejorar nuestro sistema productivo. Somos uno de los países de Europa que más medidas ha tomado y sin ningún tipo de complejos.

P. ¿Van a ampliar el tope máximo de dinero garantizado por un banco en caso de quiebra? Ahora está en 20.000 euros, uno de los más bajos en Europa.

R. Tenemos un sistema financiero garantista y saneado. Es un dato objetivo que reconocen observadores internacionales. Los ciudadanos tienen que saber que sus depósitos están garantizados. La situación es complicada, pero estamos en buenas condiciones para hacerle frente, porque partimos de un sistema financiero que funciona bien, más garantista que el de otros países. Y si tenemos que introducir más garantías, las introduciremos.

P. ¿Tiene algún familiar en paro?

R. Sí, tengo algún familiar joven, que es uno de los sectores más afectados, en paro.

P. España está a la cabeza de Europa en desempleo y la crisis agrava el problema. ¿Qué piensan hacer?

R. Hemos tenido un mal dato, no hay que ocultarlo. Se está destruyendo empleo, sobre todo en la construcción. Estamos adoptando medidas para evitar que aumente el paro y trabajamos para recolocar a los desempleados con medidas incentivadoras a través de la formación profesional. Y mantenemos el sistema de cobertura social del desempleo. Estamos trabajando para ayudar a pequeñas y medianas empresas. Para que haya obra pública, para que se construya más vivienda y se destruya el menor empleo posible.

P. ¿Por qué España es tan vulnerable en el empleo?

R. Somos más vulnerables porque teníamos un sector, el de la construcción, que no estaba bien dimensionado. Tratamos de poner remedio desde la pasada legislatura para caminar hacia un modelo de una economía más productiva. En los últimos años, la productividad ha aumentado. Hay que invertir más en capital humano, y en investigación y desarrollo. En eso estamos trabajando, para tener un modelo económico más sólido, hay que pasar del ladrillo al chip.

P. ¿Hasta cuándo continuará la destrucción de empleo?

R. Creo que todavía tenemos unos meses por delante, pero yo espero que dentro de un año estemos en una situación en que se haya contenido y empecemos a remontar.

P. Esta semana dijo, hablando de la crisis, que algo habían explicado mal o algo habían hecho mal. ¿Eso es una autocrítica?

R. Si hay ciudadanos que sienten que el Gobierno no ha actuado a tiempo, algo no habremos hecho bien, porque desde el primer día el Gobierno ha actuado. Es un sentimiento y lo respeto muchísimo.

P. ¿La obstinación del Gobierno en evitar pronunciar la palabra crisis no ha podido instalar en el ciudadano la creencia de que han ocultado algo que sabían y han mentido?

R. No quiero entrar en ese debate. Eso ahora no es lo importante, lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, hemos actuado desde el primer día. Vamos a estar vigilantes, hemos adoptado todas las medidas necesarias en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y se empezarán a notar. Vamos a terminar 2008 y habremos transferido más de 20.000 millones de euros a las familias y a las empresas. No hay muchos gobiernos europeos que hayan adoptado tantas medidas.

P. Entre ese dinero están los famosos 400 euros. Viendo la evolución del déficit, ¿consideran que aquella medida fue un error que lastra las arcas públicas?

R. Aquella propuesta fue acertada. Se anticipó a las dificultades que podían padecer las familias, considerando que podía ser un medio válido para aliviarlas. Era una manera de devolver parte del superávit a las familias y los ahorros que habíamos conseguido en la época de crecimiento. Hecha esa transferencia y con todas las medidas que hemos adoptado, en este momento somos uno de los países que menos deuda tenemos. La gestión de política económica ha sido buena y positiva. Nos ha permitido crecer y ahorrar. Tenemos una situación muy saneada y en la Seguridad Social hay un fondo de reserva que llega a 57.000 millones de euros.

P. ¿Qué debemos esperar de la reunión de Zapatero y Rajoy?

R. Es una iniciativa que se produce para cambiar impresiones en una situación grave desde una perspectiva internacional que nos afecta. Me gustaría que de la reunión saliera una posición más comprometida y responsable del PP. El PP debería arrimar el hombro, que es lo que debería hacer una oposición responsable. Lo que hace falta es no contribuir a crear incertidumbre sobre tu país, sobre tus empresas, sobre tu sistema económico... No es ni razonable, ni responsable.

P. Rajoy propone la bajada de impuestos a las pequeñas y medianas empresas y una reforma laboral. ¿Puede asumir el Gobierno esas medidas?

R. Alguna de esas propuestas se han debatido y rechazado en el parlamento. El PP propone una cosa y la contraria. Que no se incremente el gasto y que se reduzcan los ingresos con la reducción de impuestos, lo que nos llevaría a un déficit infinitamente mayor. No puede decir al mismo tiempo gasten ustedes menos y gasten ustedes más. En cuanto a la reforma laboral, no es una medida que sirva para arreglar la situación.

P. La patronal cree que sí...

R. La solución no es modificar las condiciones del despido, sino que estamos ante un problema de modelo productivo. Y en eso estamos trabajando.

P. ¿Habrá nuevos Presupuestos o se prorrogarán los vigentes por falta de mayoría suficiente?

R. Habrá nuevos Presupuestos. El Gobierno ha enviado al Parlamento los presupuestos que necesita en este momento este país y vamos a tener el apoyo de los grupos.

P. ¿Se atreve a hacer un pronóstico de por cuántos votos va a salir adelante el Presupuesto?

R. Por... los suficientes para sacarlos. Con que los saquemos con 176, vale. Pero seguro que hay alguno más. Vamos a trabajar con todos los grupos políticos, como hemos hecho siempre. Hemos sacado cuatro presupuestos sin mayoría absoluta y sacaremos el quinto.

P. Si se apoyan en el PNV, ¿no perjudicarán al candidato socialista en Euskadi, Patxi López?

R. No va ligado lo que nosotros y el PNV hagamos en el Parlamento de la nación con lo que se haga en Euskadi. Lo que nosotros estemos haciendo aquí de buscar el máximo consenso posible no le quita ningún ápice de credibilidad y posibilidades a Patxi López de trabajar en una alternativa que él representa y que yo comparto.

P. ¿Por qué desde que ustedes gobiernan baja siempre el monto de las inversiones en Madrid y sube en Cataluña?

R. No es así exactamente. Las inversiones suben o bajan en las comunidades en función de la planificación de obras que se hace, más allá de que en Cataluña, por el déficit que ha habido, reconocido por todo el mundo, haya que cumplir lo que dispone el Estatuto. Pero en Madrid hubo inversiones enormes otros años porque se estaba haciendo el nuevo aeropuerto, y eso ocurre en todas las comunidades.

P. ¿Sabe quién ha elegido a Carlos Dívar como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo?

R. ¡Pues los vocales del Consejo del Poder Judicial!

P. ¿Y a quién se le ha ocurrido el nombre?

R. Pues habrá que preguntárselo a los vocales. Lo que dice la Constitución, más allá de que se haya debatido y se haya hablado de ese nombre y otros, es que quien vota y quien elige son los vocales del Poder Judicial

P. ¿Está segura de que no han sido Zapatero y Rajoy los que han decidido el nombramiento de Dívar?

R. No digo que Zapatero y Rajoy no hayan podido hablar de ese señor y de más señores. Lo que le digo es que quienes han elegido han sido los vocales.

P. ¿Un juez que suspende un interrogatorio para ir a misa puede presidir el Consejo?

R. Desconozco ese tema que me plantea. Yo creo que hay que exigir a una persona que va a presidir el Consejo que tenga una conducta profesional intachable, que es la que ha tenido Carlos Dívar, no sólo como juez, sino también dirigiendo un órgano de Gobierno complicado y difícil como ha sido la Audiencia Nacional. Lo que hay que exigir y esperar, y creo que va a ser así, es que dirija el Consejo y el Supremo con la misma profesionalidad y con una apuesta clara por hacer frente a los grandes retos que tiene planteada la justicia.

P. ¿No teme que Dívar, que hace gala de sus creencias religiosas y que se opone al aborto, pueda votar en función de sus creencias cuando llegue al Consejo el proyecto de ley de ampliación del aborto?

R. Hay que respetar las creencias de cada uno y exigir el cumplimiento de la función profesional y constitucional que se le atribuye. Que actúe con profesionalidad, con rigor y con respeto a todos los demás, no en función de sus creencias religiosas.

P. El PP ha propuesto para la renovación del Constitucional a dos únicos candidatos: Enrique López y Francisco José Hernando. Ambos hicieron declaraciones y pronunciamientos como miembros del Poder Judicial contra el Estatuto de Cataluña y contra leyes del Gobierno recurridas ante el Constitucional. ¿Apoyarán a estos candidatos?

R. En este tema tenemos que ser extremadamente exigentes y rigurosos con una Ley que exige que los candidatos que van a arbitrar e interpretar nuestra norma de convivencia sean idóneos y absolutamente independientes. El Senado tendrá que decir si los candidatos, son más de 20, son idóneos y si son independientes. Es evidente que hay algunos candidatos, los que usted ha mencionado, que de entrada han estado durante siete años en el Consejo del Poder Judicial, haciendo declaraciones y pronunciamientos que pueden comprometer su independencia y por tanto su idoneidad.

P. Eso aboca al Constitucional a un nuevo bloqueo...

R. ¿Por qué?

P. Porque el PP considera sus dos candidatos innegociables y no dará su voto a otros si hay un veto a los suyos, con lo que no habrá mayoría suficiente para renovar el Constitucional. ¿Para evitar el bloqueo están dispuestos a aceptar a los dos candidatos que defiende el PP?

R. No nos podemos hacer trampas. En principio, hay una cosa que llama la atención, y es que aparezcan personas designadas en todos los parlamentos autonómicos sin que tengan relación alguna con esos territorios. Eso no es razonable. Tendrá que decidirlo el Senado. Hay que ser extremadamente exigentes y rigurosos.

P. ¿Todo lo exigentes y rigurosos que no han sido para nombrar a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial?

R. El procedimiento es distinto, pero hemos sido exigentes en buscar profesionales...

P. Si quiere le cito la vinculación política de muchos de ellos y lo que han hecho contra el PSOE y contra el PP en sus actuaciones...

R. Al final se ha decidido en sus comparecencias que eran idóneos, ¿no? Hay que respetar los procedimientos. No es comparable a lo que estamos planteando con el Tribunal Constitucional.

P. ¿No es igual el Consejo del Poder Judicial que el Tribunal Constitucional?

R. No es lo mismo, claro que no. Sin quitarle ninguna importancia al Consejo...

P. El anterior Consejo General del Poder Judicial redujo a una multa de 1.500 euros la negligencia del juez Tirado, que permitió que siguiera libre un condenado que acabó, supuestamente, asesinando a la niña Mari Luz en Huelva. ¿Cree usted que el nuevo Consejo ratificará esa sanción cuando resuelva el recurso de la Fiscalía?

R. Espero que no. He manifestado mi absoluta discrepancia con esa sanción. Me parece gravísimo que eso pueda quedar en una multa. Espero que prospere el recurso de la Fiscalía.

P. Y que le sancionen con seis meses de suspensión...

R. Yo espero más. El fiscal ha pedido tres años de suspensión.

P. Usted ha sido vocal del Consejo. ¿Qué sanción ponía a casos como éste?

R. No tuve casos como éste.

P. ¿Similares?

R. Menores.

P. ¿Y decidía?

R. Sanciones más graves.

P. ¿Entonces espera que en este caso se aplique al menos la sanción que pide la Fiscalía de tres años de suspensión?

R. Por supuesto.

P. Hace seis meses escasos declaró en una entrevista concedida a EL PAÍS: "No hay gran demanda para modificar la ley del aborto". ¿Tanto ha cambiado la cosa en sólo seis meses?

R. En el programa electoral nos comprometimos a analizar la situación en que se encontraba la ley, y es lo que nos ha llevado a detectar y contrastar que hay supuestos pendientes en donde no se garantiza la prestación, ni se garantizan los derechos fundamentales de las mujeres, ni su seguridad ni su intimidad.

P. Pero eso también pasaba hace seis meses...

R. No teníamos contrastado y evaluado que eso se estuviera produciendo, como luego, en un análisis posterior, hemos verificado. A partir de ahí, nos hemos comprometido a revisar la ley.

P. En esa misma entrevista de hace seis meses, usted decía: "La realidad social lo que está demostrando es que el sistema de plazos también plantea algún problema en países que lo tienen". ¿Eso significa que usted se inclina por un sistema mixto de plazos y supuestos?

R. Vamos a verlo. En estos momentos hay un comité que está estudiando las distintas posibilidades. Estamos analizando los pros y los contras para ir a la mejor ley, la que sea más garantista y la que permita ejercer el derecho ante una situación dura y difícil para las mujeres.

P. ¿Por qué han renunciado a revisar los acuerdos con la Iglesia?

R. Porque no hemos creído que fuese necesario.

P. Muchos consideran que la situación económica de la Iglesia ha mejorado con el Gobierno socialista.

R. No comparto esa consideración. Hemos reconducido la situación al cumplimiento de obligaciones que antes no se producían, como el pago de impuestos. Ahora la aportación a la iglesia no tiene ni techo ni suelo presupuestario y está en función de las decisiones de los contribuyentes.

P. ¿Cree que se puede abrir una causa penal por genocidio contra el régimen franquista?

R. Hay una investigación abierta. La Ley del Poder Judicial dice que nosotros tenemos jurisdicción universal, también en relación con los temas de genocidio. Quien tiene que calificar los hechos no es la vicepresidenta del Gobierno, sino el juez Garzón. Hay que esperar a ver qué decisión toma. Estamos colaborando con el juez y vamos a seguir haciéndolo en todo lo que nos pida.