Diplomacia sin oficio

Cuando el Gobierno anunció por boca de la ministra de Defensa la intempestiva retirada de las tropas españolas destacadas en Kosovo, hubo motivos para la preocupación. Pero cuando, apenas unas horas después, el Gobierno comunicó a Estados Unidos que las tropas permanecerán en Kosovo durante un año y que, además, España aumentará su contingente en Afganistán, los motivos de preocupación se convirtieron en alarma. Porque este vaivén de posiciones sobre un asunto de tanta trascendencia como es la presencia de tropas españolas en el exterior revela que ni se sabe quién dirige la diplomacia española ni es posible identificar desde hace años nada parecido a una estrategia.

La manera de anunciar la retirada fue un error porque, como se ha podido comprobar en las declaraciones del secretario general de la OTAN y de los principales aliados, el Gobierno español ahondaba sin motivo en el principal reproche que se le ha dirigido desde la salida unilateral de Irak, y es que ha dejado de ser un socio fiable. Pero la manera de rectificar ha sido, por su parte, una súbita revelación de que, en el fondo, la diplomacia por la que ha optado el Gobierno no es ni buena ni mala, sino que, sencillamente, ignora su oficio. Nada más perjudicial para la proyección exterior de una potencia media con intereses regionales de primer orden, según se definía a España en los manuales, que el hecho de que el secretario de Defensa norteamericano haya tenido que optar entre las dos posiciones manifestadas por el Ejecutivo de Madrid en relación con la presencia en Kosovo, prefiriendo quedarse con la primera y no con la rectificación. Porque, con esta opción, con la necesidad de llevar a cabo esta opción, el secretario de Defensa Gates está dando a entender, no ya que el Gobierno español ha dejado de ser un socio fiable, sino algo todavía peor, y es que no sabe lo que quiere.

La rectificación no ha servido para apagar un fuego, sino para causar un incendio en otro frente

La rectificación, por otra parte, no ha tenido como resultado apagar un fuego, sino provocar un incendio en otro frente. La misión en la que España participa en Kosovo está encomendada a la OTAN, no a Estados Unidos. Resulta, entonces, fuera de toda lógica que, mientras que el anuncio de la retirada se comunica un día al secretario general de la Alianza, la rectificación se dirija al Gobierno de Washington al día siguiente. El resto de los aliados, por no hablar de los principales socios europeos, tienen razones adicionales para desconfiar del papel que pueda desempeñar España en el futuro, incapaz de atenerse a los procedimientos y a los usos de los organismos e instituciones de los que forma parte. Porque esta especial deferencia hacia Estados Unidos no puede ser interpretada, fuera de nuestras fronteras, más que como una prueba de la continuidad de la política de reverencia transatlántica, aunque de distinto signo: bajo los Gobiernos del Partido Popular se practicaba con respecto a Bush y bajo el Gobierno socialista se pretende construir en relación con Obama. Y no sólo en el asunto de Kosovo, sino también en el de Afganistán, donde, al igual que en la antigua provincia serbia, las tropas españolas están bajo el paraguas de la Alianza. Hasta donde se sabe, tampoco se le ha comunicado a ésta la disposición a incrementar el contingente español que se estaba negociando bajo cuerda en Washington.

Son numerosas las ocasiones en las que el presidente del Gobierno ha repetido que España no aumentará el número de efectivos en Afganistán. Gracias al vodevil en torno a la retirada de Kosovo, se ha sabido que se trataba de declaraciones de cara a la galería: si Obama lo solicita, no si lo solicita la Alianza, el Gobierno español se aprestará diligentemente a enviar más tropas, intentado convertir en baza bilateral un acuerdo que debe ser multilateral. Sólo que esta disposición, este compromiso dictado una vez más por razones electorales y de imagen, no como resultado de una evaluación rigurosa de lo que le conviene al país, deberá superar un obstáculo inesperado: conseguir la autorización del Congreso de los Diputados ha dejado de ser una cuestión de trámite desde las elecciones en Galicia y el País Vasco. Todo dependerá de que algún grupo de la Cámara dé pruebas de una responsabilidad que el Gobierno no ha demostrado. También de un oficio internacional que se ha ido quedando por el camino, y que hace que la política exterior española no pueda ser juzgada en términos relativos de calidad. Tan sólo, en efecto, en los más elementales de acierto y error.