Dimite el diputado del BNG al que un empresario imputado acusa de cohecho

El empresario farmacéutico gallego Jorge Dorribo, imputado hace varios meses por falsificar facturas para cobrar subvenciones públicas de la Xunta de Galicia, ha provocado ya con sus supuestas manifestaciones a la juez que lleva el caso, difundidas por El Mundo, la dimisión del diputado del PP Pablo Cobián el pasado martes, y del exconsejero de Industria y parlamentario del BNG Fernando Blanco, que ayer anunció su cese.

Dorribo declaró supuestamente a la juez que estos dos políticos y el ministro de Fomento, José Blanco, le facilitaron en distintas etapas subvenciones o permisos de organismos públicos y, a cambio del supuesto favor, el empresario sostiene que les pagó comisiones ilegales de entre 200.000 y 400.000 euros.

El diputado del BNG Fernando Blanco negó ayer las acusaciones y defendió el rigor con el que, mientras él fue consejero, se tramitaron las ayudas (1,6 millones) a Nupel, la empresa farmacéutica de Dorribo. El parlamentario decidió dejar su puesto después de consultar con su formación política y en contra del criterio de esta: "Siempre fui disciplinado, pero no puedo en una situación de este tipo llevar los debates del Parlamento gallego en temas tan importantes como Novacaixagalicia, el techo de gasto o la lucha contra la crisis económica", argumentó, aunque recordó que no está "acusado, ni imputado, ni llamado como testigo".

El empresario farmacéutico Jorge Dorribo llegó a facturar con su negocio 109 millones de euros en 2010, cuando tenía una planta de fabricación de medicamentos en O Ceao (Lugo) con 48 empleados y había comenzado a construir en Rábade otra planta de envasado de medicamentos unidosis. Su ascenso en el mundo empresarial de Galicia terminó el 24 de mayo pasado, cuando se desencadenó la denominada Operación Campeón. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron ese día a Dorribo, como jefe de la supuesta trama para conseguir de manera ilegal subvenciones públicas, junto al director del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia Cominges, y al subdirector de informaciones, Carlos Silva. El Igape depende del Gobierno de la Xunta de Galicia, ahora en manos del PP. Con el PP y con el anterior Gobierno, Dorribo ha conseguido subvenciones similares de este organismo.

Para que su planta de envasado de medicamentos unidosis pudiera funcionar en 2011, Dorribo necesitaba además un permiso especial del ministerio de Sanidad para ampliar la actividad de otro de sus laboratorios. Para conseguirlo, buscó supuestamente el apoyo del ministro de Fomento, José Blanco, con el que se reunió en febrero pasado para pedirle que agilizara la autorización. La cita se produjo en un área de servicio de una carretera de Lugo, a escasos kilómetros del lugar donde el ministro iba a cenar con otro empresario.

A cambio de esa gestión que le pidió a Blanco, según la versión de Dorribo que ha distribuido El Mundo, el empresario gallego pagó 400.000 euros al ministro a través de dos empresas. Una de ellas, con cinco trabajadores y especializada en instalaciones eléctricas, es propiedad del marido de una prima de Blanco, que supuestamente cobró 50.000 euros por unas obras que hizo en una de las naves del farmacéutico.

El mismo Dorribo también desliza en la versión facilitada por El Mundo que logró otra subvención del Ministerio de Economía y Hacienda, del mismo Gobierno en el que Blanco desempeña un papel importante, por 467.267 euros.

Pero el ministerio de Sanidad y el ministerio de Hacienda denegaron las peticiones de Laboratorios Asociados Nupel, la empresa de Dorribo.

Hacienda rechazó el 11 de julio pasado la ayuda solicitada para "proyectos de inversión" dentro del programa de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, según la orden firmada por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, José Manuel López Carbajo.

En Sanidad, la petición de autorización por ampliación de actividad fue contestada el 31 de mayo solicitando documentación adicional y la confirmación de que la nueva actividad "no responde a la preparación de medicamentos ya liberados y puestos en el mercado". Un mes y cinco días después, los técnicos de Laboratorios Nupel piden la suspensión de la tramitación del expediente porque la empresa está intervenida por el juzgado de Lugo (para entonces, su propietario estaba en la cárcel). El 18 de julio, la subdirección general de Inspección y control de Medicamentos firma la denegación de la solicitud.