Camps amaga con un contrato para inmigrantes inspirado en el que lanzó Rajoy

El contrato para inmigrantes lanzado por Mariano Rajoy en campaña electoral resucitó ayer en Valencia convertido en un "compromiso" más bien testimonial. El Gobierno que preside Francisco Camps, en una de sus iniciativas de enfrentamiento permanente con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, anunció que prepara una ley por la que los extranjeros "suscribirán" un documento comprometiéndose a respetar "las leyes, los principios y las costumbres españolas y valencianas". La Generalitat valenciana reconoció a última hora, sin embargo, que las consecuencias por incumplirlo o no querer firmarlo serán nulas porque carece de competencias para decretar expulsiones o para adoptar otro tipo de medidas coactivas.

"Nadie podrá ser excluido de ningún derecho", admite el Ejecutivo autónomo

La propuesta "es más voluntarista que otra cosa", asume el Consell

Durante buena parte del día, el departamento de Inmigración valenciano jugó con la ambigüedad, dejando la puerta abierta a que los extranjeros que no suscribiesen el "compromiso" podrían verse penalizados a través de las ayudas sociales de ámbito autonómico que sí que gestionan. El documento que creará la ley (cuya "primera versión" no será presentada hasta el verano), prevé que el pacto sea de ida y vuelta: la Generalitat se comprometerá a "poner en marcha los medios jurídicos, económicos, formativos y sociales" necesarios para facilitar la integración. Pero la consejería aseguró finalmente a través de un portavoz que, acepten o no por escrito cumplir las leyes y las costumbres, "nadie podrá ser excluido de ningún derecho". "No tenemos esa competencia, que es estatal", precisó.

Fuentes de presidencia de la Generalitat dieron un paso más allá reconociendo que la propuesta "es más voluntarista que otra cosa". El alcance de la expresión "suscribirán el compromiso" que contendrá la ley será concretado en el posterior reglamento de desarrollo.

"Lo que procuramos es que las personas que vengan se integren no sólo en el nivel de responsabilidad laboral, sino fundamentalmente que se integren en nuestros valores, nuestro sistema de convivencia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y que esta integración permita no perder la cohesión social", declaró Rafael Blasco, consejero de Inmigración y Ciudadanía.

Ni él ni nadie en su departamento pudieron precisar en qué consistirán exactamente las costumbres españolas y valencianas a cumplir, aunque un portavoz descartó, en principio, que vayan a quedar recogidas en la norma. El consejero de Camps añadió que los sin papeles (cuyo número sólo en la Comunidad Valenciana estimó en 80.000 o 90.000 debido a la "catastrófica" gestión del Gobierno) "no tienen las circunstancias personales adecuadas" para integrarse.

El vicesecretario regional del PP valenciano, David Serra, afirmó que la futura ley recogerá los principios rectores de la integración, como medidas específicas en sanidad, educación, formación, vivienda y atención a personas desfavorecidas y el retorno voluntario.

El plan de la Generalitat provocó una cascada de críticas desde la oposición, el mundo sindical y las asociaciones de inmigrantes. Nuria Espí, diputada socialista en las Cortes Valencianas, tachó de "barbaridad" que los extranjeros "firmen un papel para cumplir la ley". El Consell, agregó, "debería trabajar para que estas personas conozcan las normas que nos afectan a todos los que vivimos y trabajamos en la Comunidad Valenciana y en España. Además, tendría que saber que una cosa son las normas y otras las costumbres". La diputada lamentó que el PP trate de llevar a las comunidades autónomas una propuesta que los ciudadanos "rechazaron en las últimas elecciones".

El Foro Alternativo de la Inmigración rechazó, por boca de su portavoz Mimi Boughaleb, el intento de "asimilación" de los inmigrantes que persigue el Ejecutivo de Camps. Un concepto que contrapuso al de integración, que requiere, dijo "políticas reales", y no "tomaduras de pelo" como la anunciada ayer. Tanto Boughaleb como Amparo Sánchez, portavoz del Centro Cultural Islámico de Valencia, como Luís Poveda, de CC OO, recordaron que las leyes obligan tanto a españoles como a extranjeros, por lo que está de más recogerlo en un contrato. Edgard Constante, presidente de la asociación de trabajadores ecuatorianos Rumiñahui, afirmó que la propuesta "denigra a la población inmigrante".