La Audiencia concluye que el pirata apresado es mayor de edad

El Ministerio de Defensa podrá recomprar a los armadores el armamento de guerra que adquieran para disuadir a los piratas de atacarles en el Índico porque los proveedores de esas armas son los mismos que los de las Fuerzas Armadas. Defensa también se hará cargo del traslado a Seychelles del armamento. Ayer se publicó en el BOE la orden ministerial que desarrolla el Real Decreto que permite a los vigilantes privados usar armas de un calibre superior a 12,7 milímetros en los atuneros y hoy los armadores tienen previsto reunirse de nuevo con representantes del ministerio y empresas de seguridad privada para abordar los detalles que no precisa la orden, como el plazo que tendrán Defensa e Interior para atender sus solicitudes.

Mientras, la Sala Penal de la Audiencia concluyó que Cabdiwelli Cabullahi, alias Abdu Willy, el pirata cuya edad estaba en cuestión, es mayor de edad, según la última prueba oseométrica de clavícula encargada por el tribunal por lo que corresponderá al juez Central de Instrucción Santiago Pedraz y no a la jurisdicción de Menores la investigación de los 36 delitos de detención ilegal y el de asociación ilícita por el secuestro del Alakrana el 2 de octubre.

La resolución considera que el pirata supera los 18 teniendo en cuenta que su talla y peso corresponde con la edad adulta y que las radiografías de la mano izquierda y la de su dentadura determina que se trata "de una persona mayor de 17/18 años". La Sala da un peso especial a la radiografía y la tomografía de sus dos clavículas, que, según la forense adscrita al tribunal sitúa su edad entre los 19,7 y de 20,5 años. "Todas las técnicas de diagnóstico sustentan de manera precisa y unívoca la conclusión del perito, es decir, la mayor edad penal del imputado", dice los magistrados.

Por lo demás, la Sala despeja dudas sobre la competencia de los tribunales españoles y de la Audiencia para juzgar este caso. En primer lugar, porque los delitos se han cometido en un barco español que, a todos los efectos, es territorio nacional. Además, la Convención sobre el Derecho del Mar faculta a cualquier Estado a perseguir actos de piratería.