Cajas rigurosamente vigiladas

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) celebra el miércoles una de las asambleas generales más esperadas que se recuerdan en el sector. Acostumbrada a controlar bien los tiempos en toda su historia, la patronal de cajas se enfrenta ahora a un vuelco total del sistema. Las cajas se sienten, si no perseguidas, sí vigiladas, y es previsible que dicha asamblea -la última antes de que necesariamente se modifiquen los estatutos por la reestructuración del sector- sea muy caliente.

Las circunstancias han querido que se celebre en vísperas de la aprobación del Real Decreto del Plan Reforzamiento del Sector Financiero por parte del Gobierno, lo que le da más realce. Economía había previsto inicialmente que fuera el viernes pasado; pero la agenda de los consejos de ministros se confecciona en Presidencia y allí consideraron que era más oportuno adelantar las políticas activas de empleo y dejar para otro consejo la reforma financiera. Es decir, no se sabe si con buena intención o no, se dejó una semana por delante para marear más la perdiz (que diría el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez) y quedó abierta la posibilidad de introducir cambios.

Quizá por eso, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, se adelantó el miércoles a cualquier tentativa enviando a los presidentes de la CECA, Isidro Fainé, y de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, una carta sobre las exigencias que tratan de ser definitivas y que se recogerán en el real decreto. Al mismo tiempo, colgaba la misiva en la página web del ministerio para su difusión inmediata. Fue un ejercicio de transparencia digno de destacar; aunque es posible que responda más a una maniobra para frenar cualquier intento de meter cuchara, que los habrá, como ha demostrado la CECA en su respuesta.

En efecto, en un comunicado público, la patronal contestó a la ministra que las cajas están dispuestas a colaborar. Eso significa que quieren aclarar cosas en el texto. Ni más ni menos. Y, en concreto, que se precisen más los conceptos de "capital principal" y "financiación mayorista", que consideran cardinales para cumplir con la obligación de superar el 8% con carácter general y 10% para las entidades que no coticen, así como al porcentaje que debe tener la inversión privada (20%) en estas últimas.

Posiblemente merece la pena recordar lo que se entiende por capital principal (como ha pasado a denominarse el capital básico o el core capital, en su término anglosajón): "Capital, reservas, primas de emisión, intereses minoritarios; más los instrumentos suscritos por el FROB y transitoriamente los instrumentos obligatoriamente convertibles en acciones; y minorados por resultados negativos y pérdidas, activos inmateriales y ajustes por valoración". Un galimatías difícil de precisar, desde luego. La CECA dice que, ajustándose a los términos de la carta, la mayor parte de las cajas cumplen con los requisitos. De ser así, el panorama sería muy distinto al que se ha transmitido en los últimos tiempos.

Quedan unos meses moviditos hasta que se produzca, en septiembre, la evaluación de las nuevas entidades por el Banco de España y la previsible salida a Bolsa de la mayor parte de ellas. Por si acaso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado esta misma semana que tendrán que colocar al menos el 25% del capital. Es decir, se abre un pastel muy grande al que están llamados muchos inversores, especialmente fondos.

De momento, el asunto cala en la arena política. El PP ha manifestado que rechaza el plan, al igual que algunos Gobiernos autonómicos y los sindicatos. Pero hablar en este sector tiene sus riesgos. El poder político ha sido general y todos tienen trapos que guardar. Pero se resisten a perderlo, hasta el punto de que en los nuevos consejos formados tras las integraciones aparecen políticos nombrados por las mayorías. No hay más que mirar Caja Madrid, en cuya presidencia el PP colocó a Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI entre 2004 y 2007.

Precisamente, las críticas del propio organismo a la gestión durante esa etapa por no ver la crisis se ha convertido en otro pimpampúm utilizado por Salgado y el presidente Rodríguez Zapatero ("ni el FMI previó la crisis") contra el PP. Rato también ha sido protagonista por haber aplazado el incentivo de 25 millones implantado por su antecesor, Miguel Blesa, para 10 directivos (incluido él mismo), cinco de los cuales siguen con él, hasta la amortización del FROB.