Los obispos creen "claramente insuficiente" el dinero que reciben del Estado español

El Gobierno y los obispos iniciarán "en breve" la negociación para renovar o cambiar el llamado impuesto religioso de 1987, por el que España financia a la Iglesia católica con las aportaciones de sus fieles en el IRPF. En 2006, Hacienda pagará en sueldos de obispos y sacerdotes 144,24 millones de euros. El portavoz del episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, certificó ayer el fracaso de ese sistema porque el porcentaje del IRPF fijado, un 0,5239 de la cuota, resultó ser "claramente insuficiente". Pese a que el arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, apostó por elevar ese porcentaje al 0,8, la mayoría del episcopado parece inclinarse por negociar modelos que encajen mejor "en los acuerdos Iglesia-Estado".

Los obispos esperan negociar el nuevo sistema de financiación con estos criterios. Primero, el Estado español "no es laico, sino aconfesional" y, por tanto, está obligado por la Constitución a colaborar "al sostenimiento económico de la Iglesia católica sin que tal situación pueda calificarse de privilegio". Segundo, lo que la Conferencia Episcopal recibe ahora es "claramente insuficiente y está en contradicción con los Acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede". Y tercero, la negociación para cambiar el modelo actual debe empezar "en breve" porque así lo dice el proyecto de presupuestos en trámite en las Cortes, "y sin posturas preconcebidas porque hay que hablar y hablar mucho".

La Conferencia Episcopal Española (CEE) aprobó esta semana en asamblea general sus presupuestos para 2006 por valor de 157,711 millones de euros, de los que 144,24 proceden de las arcas del Estado con el calificativo de "asignación tributaria", es decir, vía recaudación en el IRPF (en torno al 80%) o por aportación directa de Hacienda. La jerarquía católica reparte esos millones mediante un llamado "fondo común interdiocesano" en el que hay otros pequeños ingresos, como un "donativo" de 6.000 euros y 12,47 millones que aportan las diócesis.

Los obispos lamentan que entre los dineros que reciben cada año del Estado -que el Gobierno cifró hace dos semanas en más de 3.000 millones de euros-, "se incluya lo que se da a los padres para la educación de los hijos". "No es justo ni es correcto decir eso", declaró su portavoz.

Martínez Camino compareció ante los periodistas acompañado del nuevo responsable de economía en la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal. Sustituye a Bernardo Herráez Rubio. Este monseñor de 75 años ocupaba el cargo desde 1975, primero como "gerente", y dos años más tarde como "vicesecretario de asuntos económicos". Giménez Barriocanal (Madrid, 1967) está casado y es padre de cuatro hijos. Pertenece al movimiento Camino Neocatecumenal, popularmente los Kikos, y compatibilizará esa responsabilidad con el cargo de vicedecano de la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid. También es miembro del consejo de administración de las empresas propietarias de la Cope y Popular TV.

"El proyecto de Ley de Presupuestos para el año que viene establece una prórroga por un único año del actual sistema de financiación, que entró en vigor en la Ley de Presupuestos del año 2000, lo cual quiere decir que necesariamente tiene que haber un proceso de reforma del sistema o la prórroga automática. Yo me imagino que en breve se iniciará el proceso negociador", declaró el nuevo responsables económico de la CEE.

En la actualidad, el Gobierno permite a los contribuyentes asignar a la Iglesia católica el 0,5239% de la cuota en el IRPF. El dinero recaudado por esta vía, sin embargo, no alcanza para cubrir los sueldos de curas y obispos. Faltan anualmente unos 30 millones, que el Estado cubre con una aportación a fondo perdido.

El arzobispo de Barcelona y miembro del Comité Ejecutivo de la CEE, Lluís Martínez Sistach, se mostró partidario de aumentar ese porcentaje al 0,8%, en la idea de que sería suficiente para evitar que el Estado tuviera que aportar cada año ese complemento. "Puede haber otras fórmulas. De lo que se trata es de trabajar con datos, estudiarlos y encontrar las más adecuadas", matizó el nuevo vicesecretario económico, crítico con ese sistema. Los obispos se quejan de que, si no han logrado la autofinanciación comprometida en 1987, es porque el porcentaje del IRPF no se adapta "a las necesidades reales". Además, según sus cálculos, "reciben un 10% menos que hace 14 años, mientras que lo recaudado en el IRPF aumentó el 49%". Preguntado acerca de si existe un calendario de entrevistas con el Gobierno para negociar una nueva financiación, el portavoz de la CEE explicó que no. "Hay un compromiso, eso sí. Cuando se prorrogó por un año el actual sistema, se hizo con un compromiso mutuo de iniciar un proceso de negociación para establecer la fórmula que concrete el compromiso del Estado de este tipo de cooperación", remachó Martínez Camino.