Grupos feministas piden en el Congreso que se despenalice el aborto

Los grupos de presión van tomando posiciones ante la futura reforma de la legislación sobre el aborto para influir en el anteproyecto de ley que el Gobierno quiere tener listo antes del verano. Varias asociaciones feministas y más de 200 mujeres se han reunido este jueves con los portavoces de Igualdad en el Congreso del PSOE, IU-ERC-ICV y BNG para exponer sus peticiones: que el aborto salga definitivamente del Código Penal, que las 14 semanas de plazo libre para abortar se amplíen a 22 o 24, que no haya periodo máximo cuando la causa del aborto sea el riesgo para la salud de la madre y que se regule la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

El aborto está en estos momentos contemplado como un delito castigado con prisión salvo en tres supuestos: violación (hasta las 12 semanas de gestación), malformaciones fetales (hasta las 22 semanas) y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada.

La normativa que prepara el Gobierno supondría permitir el aborto libre hasta la semana 14 y autorizarlo hasta la semana 22 cuando exista grave riesgo para la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto. Si el feto tuviera malformaciones incompatibles con la vida, el aborto podría producirse en cualquier momento. Fuera de estos supuestos, el aborto seguiría penalizado en el artículo 145 del Código Penal, aunque la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha asegurado que la intención del Gobierno es que en ningún caso haya pena de prisión para las mujeres que aborten, aunque sea fuera de los casos que prevea la ley.

Las asociaciones feministas que han acudido al Congreso (Asamblea Feminista, Amplia, Forum de Política Feminista o la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, entre otras) piden que se derogue el artículo 145 y que las sanciones para quien incumpla la nueva ley sean de tipo civil o administrativo, no penal.

También solicitan que se regule la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios para que los abortos puedan practicarse en hospitales públicos. Hoy en día, 24 años después de la aprobación de la ley del aborto, no llega al 3% el número de abortos practicados en la sanidad pública. La ministra Aído y el Grupo socialista han anunciado la intención de regular el aborto de forma que el hospital, como tal, no pueda objetar, pero las asociaciones de mujeres piden una normativa concreta que delimite en qué condiciones y de qué forma se puede objetar y qué profesionales pueden hacerlo. Durante los últimos años, en algunos hospitales ha llegado a objetar incluso algún celador y camillero ante un caso de aborto.

En cuanto a los plazos, estas asociaciones critican, por insuficiente, el plazo de 14 semanas de aborto libre, que aseguran no está en consonancia con las legislaciones europeas más progresistas y piden que se amplíe a 22 o 24 semanas. Holanda tiene una ley de plazos de 24 semanas. Portugal o Francia la tienen de 10 y 12 semanas, respectivamente. Las mujeres han pedido también que se elimine el plazo máximo de 22 semanas por causa de "grave riesgo para la salud de la embarazada" y que para este supuesto se mantengan las cosas como están en estos momentos. Es decir, que se pueda practicar el aborto en cualquier momento del embarazo.

Estos grupos se muestran contrarios a los tres días de reflexión obligatoria antes de abortar porque, aseguran, se trata a la mujer como si fuera menor de edad. Asimismo, insisten en la necesidad de que, en línea con lo que sostiene el Gobierno, se permita a las mayores de 16 años que aborten sin necesidad de contar con la autorización de sus padres y que se imparta educación afectivo-sexual en las escuelas como asignatura obligatoria.