La sombra de la corrupción planea en Bolivia

Parecía un asesinato más, el desenlace fatal del típico atraco. Pero la muerte del empresario Jorge O'Connor en una calle de La Paz, el pasado 27 de enero, destapó el peor escándalo que ha sacudido al Gobierno de Evo Morales. El crimen ha sacado a la luz una tupida red de corrupción en Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB), bandera del proyecto político del presidente indígena, que decretó su nacionalización nada más asumir el poder, en 2006. El episodio debilita aún más a la petrolera, que en estos tres años ha visto desfilar a seis presidentes y que hoy no es capaz de atender la demanda de gas, principal fuente de ingresos del país.

Jorge O'Connor era gerente de Catler Uniservice, consorcio que había logrado hace seis meses un contrato de YPFB para construir una planta separadora de gas licuado de petróleo (GLP) y gasolina. La petrolera estatal le acababa de adelantar un pago de 4,5 millones de dólares. Cuando fue asaltado, O'Connor llevaba encima 450.000 dólares. Justo el 10% de la cantidad recibida por su compañía. Y se disponía a entrar en la vivienda de un tal Javier Navía, que resultó ser cuñado del mismísimo presidente de YPFB, Santos Ramírez.

Los cabos se fueron atando con la detención de los asaltantes, unos ladrones de poca monta. Confesaron que el autor intelectual del atraco era el abogado de Catler Uniservice. El dinero, en efecto, era una coima (soborno) al jefe de la petrolera estatal, de modo que podrían robarlo sin temer que nadie denunciara el asalto. Pero un balazo imprevisto, producto del forcejeo, lo había echado todo a perder.

Amigo del presidente

Hasta ahora, el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) se había visto salpicado por corruptelas de diputados, alcaldes y funcionarios diversos. Pero esta vez el escándalo toca muy de cerca a Evo Morales. Santos Ramírez, indígena quechua, era mano derecha e íntimo amigo del presidente, que le apadrinó en su boda hace un mes. Juntos fundaron el MAS y juntos encabezaron las movilizaciones que derrocaron en 2003 al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, calificado de "traidor" por abrir el sector de los hidrocarburos a la inversión extranjera.

La prensa independiente se lanzó a investigar, mientras los medios oficiales ignoraban el suceso. Catler Uniservice no tenía domicilio fiscal ni respaldo financiero: todo apunta a una empresa fraudulenta que se constituyó para firmar un contrato que se iba modificando según sus necesidades. Y Ramírez, autor del decreto de nacionalización de YPFB, el mismo que juraba que sería inflexible con quienes "quisieran dañar el interés de la patria", había recibido otros dos diezmos a cambio de sendos desembolsos previos de la petrolera estatal a Catler. La investigación está proporcionando episodios como el hallazgo de documentos de YPFB en un prostíbulo capitalino.

Sin asidero posible, Evo Morales destituyó a Ramírez el pasado 1 de febrero. "La reacción del presidente ha atenuado parcialmente el impacto, pero se trata de un golpe durísimo a su planteamiento ideológico: que la privatización neoliberal y vendepatrias es causa de la corrupción, que el Estado es sinónimo de rectitud y preocupación por el interés colectivo, y que los indígenas son la reserva moral de la humanidad", sostiene Fernando Molina, director del semanario económico Pulso.

Reforma sospechosa

El escándalo ha agudizado el debate sobre las nacionalizaciones. El problema de fondo, sostienen analistas y oposición, es que, para "agilizar el cambio", el Gobierno ha ido desmantelando los mecanismos de control del gasto público.

Evo Morales ha suprimido todas las normas de contratación y procedimientos de adquisiciones que tenía el Estado, y ahora todas las empresas estatales o nacionalizadas ?hidrocarburos, telecomunicaciones, alimentos? funcionan como fideicomisos manejados de forma discrecional por cada gerente. De hecho, Santos Ramírez tenía carta blanca merced al decreto 29506, emitido en abril del año pasado, que permite a YPFB hacer contrataciones directas para reducir el tiempo que toman las licitaciones. "En teoría se trata de evitar retrasos burocráticos", dice el director de Pulso. "Si fuéramos malpensados, la estructura parece construida a propósito para robar. Lo de YPFB no es un hecho puntual".

La oposición, desde luego, es muy malpensada. "Nos preguntamos si esas sumas desviadas iban exclusivamente a manos de Ramírez, o si se destinaban a la financiación del partido del Gobierno", comenta Óscar Ortiz, presidente del Senado y dirigente de Podemos (centro derecha, principal partido opositor). YPFB, sospechan los rivales de Morales, se ha convertido en la caja negra del MAS, algo muy conveniente en un año como éste, en el que, tras la reciente promulgación de la nueva Constitución, Bolivia celebrará elecciones presidenciales en diciembre. "Somos escépticos respecto a las investigaciones", dice Ortiz. "Hasta ahora, en escándalos previos, no se ha procesado a nadie seriamente".

Producción en crisis

En el caso de la petrolera, llueve sobre mojado. YPFB ha tenido seis presidentes en apenas tres años. Cuatro de ellos han dejado el cargo con acusaciones de corrupción, nepotismo y negligencia. Los constantes cambios de autoridades, la ausencia de inversiones y el uso político de la estatal han sumido a la compañía en una profunda crisis, que ha afectado a la producción de hidrocarburos y le ha impedido no sólo cumplir con los contratos de exportación de gas a Argentina y a Brasil, sino además abastecer el mercado interno.

"¿Éste era el cambio que proponía el MAS?", se preguntaba el diario La Razón en un reciente editorial. "Morales tendrá que encontrar una buena explicación para el pueblo boliviano acerca de su decisión de nacionalizar los hidrocarburos porque, hasta ahora, esa medida parece haber beneficiado más a los bolsillos de algunas de sus autoridades que a la población en general".

Recuperar "la credibilidad y la transparencia" de YPFB es el principal objetivo de su sexto presidente, Carlos Villegas, que hasta ahora ocupaba la cartera de Planificación de Desarrollo.

Mientras, Evo Morales viaja a Rusia el próximo martes para firmar acuerdos energéticos con la estatal rusa Gazprom, que planea invertir en Bolivia 3.000 millones de dólares, y ya prepara su nueva batalla: la nacionalización de las empresas de electricidad.