El gerente del Canal de Isabel II denunciará los seguimientos

El gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, ha anunciado esta mañana que denunciará ante los tribunales los seguimientos a los que, presuntamente, ha sido sometido y que fueron adelantados ayer por la cadena SER, que reveló el contenido de un dossier sobre el patrimonio privado de De Miguel, hombre de confianza del vicepresidente regional, Ignacio González, en la compañía pública que ahora quiere privatizar el Gobierno de Esperanza Aguirre. En un comunicado del Canal, De Miguel manifiesta su "más profundo rechazo e indignación" ante unos hechos que, de haberse producido, suponen una vulneración de su intimidad y la de su familia.

"Estas actuaciones sólo tienen, al parecer, la pretensión de dañar mi imagen y honorabilidad, por lo que he decidido poner en manos de la justicia este asunto para que se investigue quién o quiénes están detrás de dichos seguimientos", señala De Miguel. El gerente sostiene que todas las propiedades a las que se hace alusión en el supuesto informe fueron adquiridas con anterioridad a su designación para el cargo y que "así consta en la preceptiva acta notarial de la declaración de bienes, derechos y obligaciones registradas al momento de la toma de posesión que fue presentada en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales y de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid".

Por su parte, Esperanza Aguirre ha explicado sus sorprendentes declaraciones de ayer, en las que aseguró que el caso no nace en 2008 sino en 2006. Entrevistada esta mañana por Federico Jiménez Losantos en la Cope, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado que en mayo de 2008, tras las elecciones generales, "hubo una conversación" entre el vicepresidente regional, Ignacio González, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, en la que aquel "se quejaba de que se diera pábulo a algunos dossieres que se hacían contra él". Así, la presidenta une su destino al de Rajoy, haciéndole conocedor de la trama que, sin embargo, tanto esfuerzo hacen en negar. Aguirre ha reiterado, como ya hiciera ayer, que dos años antes, ella ya habló con Rajoy sobre los documentos que circulaban en la sede nacional y que hacían mención a González y el consejero de Presidencia, Francisco Granados. La jefa del Ejecutivo madrileño ha insistido en que su charla con el presidente del partido fue en 2006 y que el pasado año sólo asistió a la sede nacional de la calle Génova (Madrid) cuando fue informada junto al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón de que no iría en las listas electorales, y en otra ocasión a finales de año.

El municipal "tomaba fotos de la nevada"

"La verdad -ha añadido- es que todas las redacciones (de los medios) tienen miles de dossieres contra Ignacio González porque políticamente quieren atacarme a mí", ha dicho, volviéndose a presentar como víctima de una conjura. Preguntada esta vez por si su vicepresidente fue en esa reunión a quejarse a Mariano Rajoy porque entendía que era el PP el que estaba creando o difundiendo esos dosieres, Aguirre ha contestado: "Eso tendrá que preguntárselo a Ignacio González, yo creo que sí". En todo caso, Aguirre ha querido dejar claro que tanto Rajoy como la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han dicho que la creen cuando dice que no tiene "ninguna relación con este asunto".

Aguirre ha manifestado, no obstante, que "los informes de [Álvaro] Lapuerta", el que fuera tesorero del PP en la época de José María Aznar, no eran "comprometedores". La presidenta madrileña ha explicado que en 2006, tanto González como Granados fueron a hablar con Lapuerta sobre los dossiers en su contra y se resolvió el asunto. Aguirre ha puntualizado también que entonces no se acudió a la fiscalía de Madrid, como sí se ha hecho ahora para denunciar la trama de espionaje contra su mano derecha, porque "no había indicios de nada incorrecto". Un juez ha visto ahora, y tras poner en sus manos González la trama destapada por EL PAÍS, indicios de delito por el posible uso de información reservada.

Por otro lado, Aguirre ha subrayado que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "tendrá que aclarar", probablemente a instancias de la Asamblea de Madrid, si el Ayuntamiento tiene una unidad parapolicial, como ha publicado El Mundo. La postura de la presidenta frente al escándalo del espionaje destapado por EL PAÍS pasa así de descalificar a este periódico -¿"Y usted por qué cree a EL PAÍS?", se preguntó el día en que este diario publicó la primera de sus informaciones-, a negar los hechos tajantemente y amenazar con los tribunales a todo el que sostenga esta tesis y ahora, finalmente, dar credibilidad a las noticias que apuntan a su principal adversario político. "Quien sí ha creado una unidad parapolicial al margen de la Policía Municipal es el Ayuntamiento de Madrid y ya le ha preguntado la oposición y tendrá que contestar", ha sentenciado la presidenta madrileña. Preguntada si la Comunidad de Madrid se va a encargar de investigar qué es esa unidad y, si es ilegal, disolverla o pedir su disolución, Aguirre ha contestado: "Me está dando usted una idea, yo creo que será la Asamblea de Madrid, como Parlamento autonómico, la que haga las preguntas que corresponda. Habrá que aclararlo, yo creo que el alcalde tendrá que aclarar esa cuestión".

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, ha asegurado al respecto que "no hay ninguna oficina parapolicial" en la capital. Calvo sostiene que el Policía Municipal de la capital identificado por el servicio de seguridad de la Asamblea cuando hacía fotografías el 9 de enero no estaba tomando imágenes del Parlamento regional sino de la nevada de aquel día, como tantos otros madrileños. Por su parte, De Cospedal, discípula política de Aguirre y a la que Rajoy ha ordenado una investigación interna sobre el espionaje, ha sido preguntada si de las palabras de Aguirre ayer, cuando dijo sentirse "una víctima" de las informaciones, se puede pensar que "Génova va a por Esperanza Aguirre". "De ninguna manera, eso es un disparate", ha sentenciado la número dos del PP en Telemadrid. De Cospedal ha eludido explicar cómo está desarrollando la investigación interna que le ha encargado Rajoy, pero ha recalcado que debe defender "el buen nombre" de su partido. También ha hablado del asunto Ignacio González, que ha pedido a la Justicia que investigue urgentemente "quién tiene tanto interés en hacer dossieres" sobre su vida con el objetivo de hacerle "daño en lo personal y en lo político" y de "perjudicar al Gobierno regional y a su presidenta, Esperanza Aguirre", aunque la investigación judicial ya está en marcha.