La OCDE insta a España a flexibilizar el despido y fomentar la productividad por la crisis

La OCDE se ha apuntado a las tesis más pesimistas sobre la economía española y ha pronosticado hoy una caída del 0,9% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2009 frente a sus anteriores cálculos de junio, que auguraban un crecimiento del 1,1%, con lo que da por terminado el período de "fuerte expansión" de los últimos 14 años, el más largo de la democracia. Aún así, calcula que España recuperará la senda del crecimiento levemente en 2010 con un alza del 0,8% en parte gracias al empuje de las exportaciones. Pero la reactivación no será gratuita. Por el camino, el paro aumentará del 10,9% registrado en 2008 al 14,2% en 2009 y al 14,8% al año siguiente.

Según el informe publicado hoy en París por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que advierte de que si no se toman medidas la "profunda ralentización" que atraviesa España se traducirá en "cambios económicos duraderos y profundos", el cuadro macroeconómico de la crisis la se completa con una moderación de la inflación hasta el 1,8%.

La organización advierte al Gobierno de que deberá "fijar prioridades mucho más estrictas en materia de gasto" por la previsible reducción de los ingresos

Eliminar las restricciones de las comunidades a las fusiones de cajas o reducir las ayudas a la vivienda en propiedad, algunas de las recomendaciones

España se enfrenta a tres desafíos: minimizar el coste económico de la ralentización, recolocar a los trabajadores afectados por la disminución de efectivos y reforzar la productividad

Las proyecciones de la OCDE adelantan a las del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya había pronosticado el 6 de noviembre una contracción del 0,7% para el próximo ejercicio tras crecer un 1,4% en 2008, y a las de la Comisión Europea, que espera una caída más modesta del 0,2%. Frente a estas tasas negativas, el Gobierno mantiene, por el momento, sus proyecciones que apuntan a un avance del 1% en 2009, aunque ha admitido que tendrá que revisar sus cálculos en diciembre.

Causas y desafíos

Entre las causas de la desaceleración coloca en un lugar destacado la contracción del consumo privado por las condiciones financieras "más restrictivas", la caída del empleo y la crisis del sector inmobiliario, aunque sugiere que la bajada de los tipos de interés y el abaratamiento del petróleo pueden proporcionar "cierto alivio".

En cuanto a las medidas expansionistas adoptadas por el Gobierno para compensar una menor actividad, como la reducción de los 400 euros o la extensión de las garantías públicas para la vivienda social, la OCDE cree que los recursos absorbidos por las nuevas deducciones fiscales serían más eficaces si se usaran para bajar la presión fiscal "relativamente alta" de los trabajadores con bajos ingresos e hijos mediante una prestación ligada al empleo. En cualquier caso, advierte a las autoridades españolas de que deberán "fijar prioridades mucho más estrictas en materia de gasto" dado que los ingresos públicos "se reducirán claramente más allá de la fase actual de ralentización".

La OCDE señala que en este contexto, y aunque España cuenta con "dos bazas notables" que son un sector financiero "bien armado" para resistir a la contracción de la actividad y la rápida expansión de la educación superior desde hace dos décadas, la prioridad debe ser llevar a cabo reformas estructurales que permitan movilizar el potencial existente y explotar nuevas fuentes de crecimiento. La primera de esas grandes reformas es la flexibilización del mercado laboral, del que se critica "el rigor de la legislación de protección" de los trabajadores con contratos fijos que "sigue favoreciendo el recurso generalizado a los contratos temporales".

Así pues, considera que la economía española se enfrenta a los desafíos siguientes: minimizar el coste económico de la actual ralentización, recolocar rápidamente a los trabajadores afectados por la disminución de efectivos y reforzar paulatinamente el crecimiento de la productividad, aprovechando el potencial de los jóvenes trabajadores altamente cualificados.

Abaratar el despido

Por este motivo, el conocido como el Club de los países desarrollados apuesta por reducir las indemnizaciones por despido para los trabajadores fijos para disminuir las diferencias con respecto a los temporales e incluso sugiere eliminarlas completamente con el establecimiento de un contrato único "universalmente aplicable". Además, se suma a las teorías que reclaman una supresión de las cláusulas de revisión salarial.

El segundo punto pendiente para que España pueda alcanzar el nivel de vida de los países más avanzados es la mejora de un sistema educativo que ahora presenta una tasa de abandono escolar "anormalmente elevada", unos resultados escolares en la enseñanza obligatoria sensiblemente inferiores a la media y pocas universidades entre las de renombre internacional.

Fomentar la competencia

La OCDE hace un llamamiento para promover la eliminación de obstáculos a la competencia, que "siguen siendo importantes" en sectores como los transportes, el correo y las telecomunicaciones, donde las mejoras en productividad han sido "mediocres" si se comparan con los países del entorno. En términos generales, la receta es que haya "organismos de regulación sectoriales independientes", que las decisiones sobre la regulación no estén sometidas al control del Gobierno y que los contratos de altos responsables de los organismos de tutela no sean renovables, para evitar influencias políticas.

Algunas de las ideas concretas de la OCDE es suprimir los precios reglamentados de la electricidad para los particulares, licitaciones para las licencias del transporte de viajeros por carretera sin privilegiar a los operadores existentes o acabar con las limitaciones para la implantación de hipermercados que imponen las comunidades autónomas. En este punto, Telefónica se lleva una crítica concreta por la "discriminación" que para los autores del estudio sufren sus competidores en el acceso a las redes para ofrecer servicios de banda ancha.

En cuanto al deterioro inmobiliario, la organización advierte de que el significativo número de viviendas sin vender afectará a los proyectos que serán iniciados y prolongará la crisis del sector, sobre todo en obra residencial, y el descenso de precios.

Así, recomienda redirigir los recursos usados para subvencionar la vivienda social hacia las prestaciones en función de los recursos, medidas que mejorarían más eficazmente las perspectivas de ingresos de las personas que realmente lo necesitan. Asimismo, propone frenar la construcción de viviendas de protección oficial destinadas a la venta y suprimir progresivamente la deducción de los pagos hipotecarios y de alquiler en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.