El CGPJ propone la suspensión cautelar del juez imputado en el 'caso Coslada'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado pedir a la Fiscalía que opine si procede la suspensión cautelar del juez de Coslada (Madrid) Carlos Nogales, después de que el magistrado haya sido imputado por un presunto delito de coacciones por su supuesta relación con la trama de corrupción policial destapada en el municipio. Mientras tanto, este mediodía ha arrancado la comisión de investigación del Ayuntamiento encargada de depurar las responsabilidades políticas por la operación Bloque.

A la luz de la documentación remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el CGPJ ha decidido esta mañana dar traslado a la Fiscalía de los datos que sobre Nogales obran en la causa que investiga la presunta mafia policial dirigida por el responsable de la Policía local de Coslada, Ginés Jiménez, "por si resultase procedente adoptar la medida de suspensión cautelar". El 12 de junio, el magistrado del TSJM José Manuel Suárez decidió llamar a declarar como imputado al juez por un presunto delito de coacciones. El instructor solicitó, además, la grabación de las cintas telefónicas y diversa documentación relativa a actuaciones judiciales en las que aparecen el juez Nogales y el policía municipal Ginés Jiménez.

La llamada operación Bloque se destapó el 8 de mayo, fruto de la cual el jefe de la Policía Local y otros 12 agentes ingresaron en prisión provisional acusados de distintos delitos, entre ellos asociación ilícita para delinquir, extorsión y delitos contra la Administración pública y la libertad sexual. La comisión de investigación del Ayuntamiento de Coslada encargada de depurar las posibles responsabilidades políticas del caso ha arrancado este mediodía y concluirá el 15 de diciembre, aunque es posible que se postergue esta fecha.

Acceso al sumario

A pesar de que en principio los grupos políticos habían alcanzado un acuerdo para que sólo hubiese un representante por partido, finalmente serán siete los integrantes de la comisión: tres del PP, dos del PSOE, uno de IU y uno de la PIC. El voto será ponderado según el número de representantes en la corporación. Precisamente el miembro de este último partido, Antonio Murillo, es el concejal de Seguridad. En contra de lo previsto, la comisión no estará presidida por el alcalde de la localidad, el socialista Ángel Viveros, al considerar que no podrá asistir a todas las reuniones por problemas de agenda

Viveros ha delegado la Presidencia de la comisión a la edil de su partido Ana Ranera. El PP había pedido que no la presidiera porque está "inhabilitado" para esa responsabilidad por sus "implicaciones" en la operación Bloque. El primer encuentro ha servido únicamente para constituir la comisión y pactar encuentros futuros -que serán una vez por semana- y el procedimiento para conseguir la documentación necesaria. El PP de Coslada ha solicitado que todos los miembros de la comisión tengan acceso al sumario de la operación Bloque al considerar que "permitiría un análisis profundo de lo sucedido" en la ciudad" y es imprescindible para "ser lo más eficaz y transpaentes posibles".

Por su parte, el portavoz socialista en la comisión, Agustín Guisado, ha señalado que el objetivo no es analizar el sumario, sino la parte administrativa responsabilidad del Ayuntamiento como denuncias y quejas registradas sobre actuaciones policiales. El próximo viernes se celebrará la segunda sesión de la comisión, en la que ya se pedirá la documentación que cada partido considere útil para esclarecer las responsabilidades políticas.