Nunca tan poco perturbó tanto

Hay quien sostiene que las tortugas saben volar, pero que no lo hacen porque son tan lentas que no consiguen despegar. Esa misma convicción basada en idéntico principio científico ha debido de aplicar la juez María del Mar Lorenzo, que instruye el caso por el incendio de Guadalajara que se inició el 16 de julio de 2005 en una barbacoa y causó la muerte de 11 personas de un retén antiincendios y la destrucción de más de 12.000 hectáreas de pinares del Parque Regional del Alto Tajo. Porque de lo contrario no se entiende que, ignorando el informe pericial que ella misma solicitó y en el que se concluía que no había habido negligencia en la muerte de los integrantes del retén, se lanzase a imputar por graves delitos a 13 técnicos que participaron en las labores de control y extinción del incendio -alguno de los cuales ni siquiera trabajó el día de las muertes-, a cuatro cargos políticos del PSOE y a tres de los ocho excursionistas que encendieron la barbacoa.

La juez del incendio de Guadalajara ha pedido amparo al Poder Judicial

El fiscal solicita que se procese sólo al responsable de la barbacoa

La primera instructora del caso, la juez Concepción Azuara, estaba a punto de concluir el caso en 2007 cuando fue relevada. Había ascendido a magistrada -promoción reglada por antigüedad- lo que implicaba su traslado a otro destino. Azuara sólo imputaba a los autores de la barbacoa y descartaba cualquier responsabilidad de los técnicos o de los cargos de la Junta de Castilla-La Mancha.

Solicitó que se pospusiera su cambio de destino hasta concluir la investigación, como se ha hecho en otras ocasiones de tramitación de procesos complejos -el juez de la Operación Malaya, Miguel Ángel Torres, demoró su traslado de Marbella a Granada hasta que terminó la instrucción-, pero el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora en aquel momento, no lo permitió, con triquiñuelas jurídicas.

La nueva juez, María del Mar Lorenzo, se lanzó sobre el caso con el furor del converso y, lejos de proceder como su antecesora, ha imputado por incendio a 13 de los técnicos que se dedicaron a extinguirlo, a cuatro políticos y sólo a tres de los ocho excursionistas que encendieron la barbacoa. Lorenzo, como en el caso de las tortugas, ha realizado peregrinas argumentaciones para implicar a los técnicos y políticos e incluso a un secretario de Ayuntamiento que encargó unas obras en la zona tres años antes del fuego y que ni siquiera se adivina qué relación pueden tener con el mismo.

Y todo ello después de que un informe pericial que ella misma solicitó al Colegio de Ingenieros Forestales descartase la negligencia y dejase meridianamente claro que "el operativo de extinción sufrió una combinación de circunstancias que no se pudieron prever ni evitar en función del plazo de tiempo en que ocurrieron; que estas circunstancias fueron ajenas a las normas y planes de prevención de incendios y que crearon una situación de riesgo que supuso a los miembros del retén tener que tomar decisiones en segundos, entre ellas, tomar como ruta de escape la más peligrosa, sin saberlo".

El fiscal Francisco Javier Sanz, en un pormenorizado relato de lo ocurrido basado en las pruebas existentes, no sólo no ha pedido la imputación de los técnicos de extinción, sino que ha elogiado su comportamiento y su entrega más allá de lo exigible. El fiscal ha reclamado que se deje sin efecto el auto de la juez Lorenzo y que se procese únicamente al responsable de la barbacoa. Además ha solicitado que se tasen los daños, porque a pesar de los cuatro años de instrucción todavía no se han concretado todos los damnificados ni la cuantía de los perjuicios.

El fiscal destaca que "no puede achacarse a la intencionalidad o negligencia de ninguna persona algún tipo de responsabilidad en las muertes de los 11 componentes del operativo de extinción y de las lesiones que sufrió el superviviente, pues estas muertes deben considerarse fortuitas y nunca producto de la mala conservación de los montes o de la actuación de los responsables de la extinción del incendio".

Pero algunas almas son tan sensibles que el aleteo de una mariposa les puede provocar una grave perturbación en su espíritu. El caso es que la juez Lorenzo ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial porque entiende perturbada su independencia. Resulta que las Cortes de Castilla-La Mancha, a propuesta de la portavoz del Partido Popular, Ana Guarinos, que pretendía añadir más leña al fuego, debatieron en pleno el auto de imputación de la juez.

Sin embargo, la mayoría socialista impuso que el Parlamento castellano-manchego, en la resolución que finalmente adoptó, instara al Gobierno regional a que pidiera a los abogados de la defensa que reclamasen la imputación de los ocho excursionistas que encendieron la barbacoa y el archivo del caso para los técnicos y políticos imputados por Lorenzo. Aunque el debate entre los partidos fue áspero, el Parlamento no pidió nada a la juez.

No deja de ser curioso que alguien a quien no le tiembla el pulso para imputar por incendio a los responsables de apagar un fuego se sienta tan perturbada como para clamar al Consejo General del Poder Judicial por una resolución inocua de un órgano de expresión de la soberanía popular. Vamos, como usar un desfibrilador para la tos. Nunca tan poco ha perturbado tanto.

Habrá que esperar a ver si las tortugas cogen velocidad, pero volar, seguro que vuelan.